Una buena noticia

EXPANSIÓN 23/03/06

Emilio Lamo de Espinosa

Una buena noticia
Todo Estado se basa en la fuerza, dijo Trotsky con motivo del Tratado de Brest-Litovsk. Y esto es efectivamente así, replicaba Max Weber poco después. Pues el Estado –continúa Weber– es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio... reclama para así, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. No hay, pues, Estado, democrático o no, si éste no es capaz de obtener el monopolio del uso legítimo de la violencia, de garantizar que él, y sólo él, está autorizado a utilizar métodos violentos. Es más, éste es propiamente el criterio o test de un verdadero Estado.En ese sentido literal y duro, al Estado democrático que emergió tras la muerte del General Franco, y se plasmó en la Constitución de 1978, le faltaba algo importante. Pues la organización terrorista ETA no sólo utilizaba sistemáticamente la violencia en el territorio de ese Estado, amenazando, coaccionando, robando y, por supuesto, asesinando. Lo que es peor: contaba con la legitimidad que le daban los votos reiterados de ciudadanos que apoyaban, y apoyan, a Herri Batasuna, apoyo a su vez de ETA. Y así, entre un mínimo de 100.000 y hasta casi 200.000 vascos (en 1986) han venido otorgando legitimidad a los asesinatos de ETA, en una elección tras otra, y haciendo gala de una terrible enfermedad moral. Hasta el 17% de los vascos consideraba, en los años 70, que los chicos de ETA eran “patriotas”. Incluso en los años 80, en plena democracia, sólo entre un 20% y un 30% de los vascos manifestaba su rechazo total a ETA, y hasta un 8% les daba “apoyo total”. ETA ha sido (y aún es) el principal problema de la España moderna. Y por ello, las noticias sobre ETA son las únicas noticias sobre España que se escuchan en el mundo entero.Pero no es lo mismo luchar contra el franquismo que contra modernas máquinas burocráticas apoyadas en alta tecnología. ETA era prácticamente imbatible mientras luchaba contra un Estado franquista, al tiempo, ineficiente e ilegítimo. Empezó a tener dificultades al enfrentarse contra fuerzas de policía y seguridad crecientemente legítimas y crecientemente apoyadas por la población. En los años 90, el rechazo total a ETA era ya superior al 50%. Los últimos años superaba el 60%, con menos de un 1% de apoyo total. A finales de los años 70, poco más del 10% de los vascos pensaba que los miembros de ETA eran locos o terroristas. Pero, para el año 2000, la cifra era superior al 40% , y otro 13% los consideraba asesinos. La crisis de legitimidad de ETA ha sido brutal. Bastó que Aznar se decidiera a utilizar todos los recursos del Estado de Derecho contra ETA (eso sí, todos, y no sólo los estrictamente policiales), para que ETA empezara a contar sus horas. El error del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco puso a la organización contra las cuerdas y el 11-M arrasó la posibilidad de violencia indiscriminada, al menos durante bastante tiempo.Lo que ha agotado a ETA ha sido la doble pinza de un Estado dispuesto a utilizar todos sus recursos y una población que, día a día, percibe la inanidad de sus demandas. Y no deja de ser una malvada ironía que los frutos de la política de firmeza de Aznar los vaya a recoger quien, sin piedad alguna, acabó con su legado.¿A qué precio? ¿Se ha pagado por ello? No lo sabemos, y, por lo tanto, toda especulación es ociosa. ¿Es pura casualidad que la tregua se anuncia sólo 24 horas después de la aprobación del Estatuto de Cataluña? Puede que, tras la buena noticia de hoy, vengan las malas informando que sí, que, como nos tememos, se ha pagado o se pretende pagar. Eso sería muy negativo. Pues lo que está claro es que España no está en guerra con ETA, y esto no es ningún proceso de “paz”; que los terroristas no deben obtener rentabilidad alguna de sus asesinatos; y que, por mucho que el bien común pueda aconsejar generosidad con los presos, tampoco tenemos derecho a pagar con justicia ajena, y menos a quien no sólo no se arrepiente, sino que alardea de ello.Por ello, hoy es más urgente que nunca revivir el pacto antiterrorista, y sería sumamente irresponsable avanzar ni un paso más en negociación alguna sin contar con la oposición. Y hoy, igual que ayer, la responsabilidad de que eso ocurra la tiene quien tiene la responsabilidad política en España: el presidente Zapatero.