Equilibrio provisional

ABC 26/03/06

ÁLVARO DELGADO-GAL

Equilibrio provisional
El miércoles pasado ETA anunció un alto el fuego «permanente». El adjetivo «permanente», aplicado a «alto el fuego», suena raro, rarísimo. Los alto el fuego pertenecen a la especie o categoría de las treguas, y las treguas son pausas: empiezan con la cesación voluntaria de una actividad y concluyen con su reanudación, voluntaria también. Cuando no se sabe cuándo tendrá lugar lo segundo, o si tendrá lugar en absoluto, se habla de tregua «indefinida». Pero jamás de «tregua permanente», que vale por «perpetua». Las treguas perpetuas encierran un oxímoron, una paradoja, o por lo menos, una violencia a la gramática. Hago estas ponderaciones previas, porque la doblez a que acabo de referirme se repite a lo largo de todo el comunicado. La banda no renuncia, en sustancia, a sus reclamaciones clásicas: autodeterminación y territorio. Ahora bien, tampoco las llama por su nombre. Parece como si se hubiese estado indagando una fórmula orientada a conciliar la doctrina etarra tradicional, con la necesidad en que se halla el Gobierno de entablar conversaciones formales sin que cobre cuerpo la sensación de que se ha tirado en plancha a la piscina. Ello induce a pensar que nos enfrentamos a un texto consensuado. Si lo del consenso parece demasiado fuerte, dejémoslo en guiños de ojo y levantamientos de ceja, como en el mus. La confirmación de que los contactos con la banda vienen de lejos, avala la conjetura.Resulta conveniente, y muy revelador, comparar el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en diciembre del 2000, con la declaración congresual del 2005. El mensaje, en el primer caso, era inequívoco: se descartaban las concesiones políticas, a la vez que se proclamaba la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Guernica. En otras palabras: se decía, negro sobre blanco, de qué no se podía discutir con ETA. La moción del Congreso, sin embargo, defiende, y simultáneamente veda, la negociación política. En el apartado segundo, los congresistas aseveran que «la política puede y debe contribuir al fin de la violencia», al tiempo que se limitan a exigir a los terroristas, como premisa del diálogo, la «clara voluntad» de rendir las armas. Poco más abajo, cambian las tornas. Leemos que «la violencia no tiene precio político».Es obvio que hay aquí algo que no encaja. En el trato político, se dan y se reciben cosas. Las cosas que se dan constituyen, por definición, un precio político. Aceptar implícitamente un precio político, y negarlo a continuación, es hacer trampa. Surgen también dudas legítimas sobre qué demonios significa la «clara voluntad» de rendirse. Tener la clara voluntad de rendirse, no es rendirse. Equivale más bien a justificar la esperanza o expectativa de una rendición. Entre ambos hechos o actitudes se interpone una distancia... interesante.En mi opinión, la distancia que el Gobierno ha estado dispuesto a tolerar llegó a ser considerable en cierto momento. En una entrevista al director de ABC en el mes de febrero, Zapatero afirmó que el Gobierno no estimaba imprescindible una declaración de ETA para iniciar una negociación formal. Se daría por contento si existían indicios «suficientes» de que ETA preparaba su disolución. Estas vaguedades dejan, por decirlo suavemente, las manos muy sueltas a los malabaristas de la política.Por fortuna para Zapatero, ETA se ha determinado a ser locuaz. Por supuesto, no se ha rendido. Pero ha echado un cable precioso al Gobierno. El caso es que, salvo sorpresas, habrá negociación, una negociación a lo largo de la cual se intercambiarán bienes y servicios. ¿De qué genero?Según los maquiavélicos, existen protocolos secretos, escritos en una escritura invisible que los maquiavélicos leen e interpretan conforme a lo que les dicta su fantasía libérrima. Yo prefiero una interpretación distinta. Estimo que el Gobierno y ETA han llegado a un punto de equilibrio provisional. ETA quiere entrar en contacto con el dinero de las diputaciones, y necesita, en consecuencia, que HB haya sido legalizada antes de que se celebren las elecciones forales del 2007. Por eso ha movido ficha. El deseo de ETA es absolutamente comprensible. Pero ¿qué persigue el Gobierno?La respuesta no es simple. Casi con seguridad, Zapatero y un sector del PSOE siguen cultivando la teoría de que los terroristas terminarán encajándose en el entramado civil si se larga carrete y se les permite deambular un rato entre las bambalinas de la política respetable, o en todo caso, no criminal. Además, el Gobierno no quiere que su gran iniciativa se estanque indefinidamente. El estancamiento conduce a la parálisis, y al cabo, a la pudrición.Gobierno y ETA, en una palabra, alojan intereses complementarios a corto plazo. Cada uno intenta subirse sobre el otro para ganar altura. ¿Y el largo plazo?Presumo que ETA procurará calentar el ambiente y crear una crecida oceánica a favor de la autodeterminación. O intentará debilitar aún más al Estado por el procedimiento de que se asigne a un organismo internacional la supervisión de un proceso que derivaría rápidamente en bilateral. Expresado alternativamente: que desmentiría, por su propia naturaleza, el derecho del Congreso a decidir qué forma parte de España, y qué no. Sobre los proyectos futuros del Gobierno, carezco de hipótesis coherentes.