¿Cuántos pisos tiene?

ABC 17/12/06

ÁLVARO DELGADO-GAL

¿Cuántos pisos tiene?
España es el país de la Unión Europea con más pisos por habitante, según cifras oficiales. Al tiempo, los pisos han venido experimentando durante los últimos años subidas muy superiores al IPC. De ahí resulta una especie de paradoja: en el paraíso del ladrillo, el sueldo de un joven no da para pagarse decentemente una vivienda. ¿Qué hacer? Caben tres actitudes. O uno se resigna, o uno intenta comprender la paradoja con ánimo de ponerle remedio, o uno agarra una mano de almirez y le rompe a la paradoja la crisma. El tripartito de Montilla parece haber optado por la última alternativa. De hecho, está preparando una ley que pretende resolver el problema en un santiamén. La idea consiste en expropiar temporalmente los pisos sin ocupar, y ponerlos en el mercado de alquiler. Y ya está ventilado el asunto. Se guarda uno la mano de almirez en el bolsillo, y le dice a la siguiente paradoja que abra la puerta y se siente a la mesa.

Antes de ir a los aspectos legales del arbitrio excogitado por Montilla y los suyos, conviene recordar que la paradoja no es tal paradoja. Existen razones para explicarse, al menos parcialmente, el precio desorbitado de los pisos. En esencia, operan tres factores. Uno es la especulación del suelo, impulsada por los propios ayuntamientos. De cada euro que se paga por vivir bajo techado, una fracción importante, en algunos casos asombrosa, se la lleva el terreno sobre el que se eleva el inmueble. El segundo factor, son los tipos de interés bajos. Los tipos bajos estimulan la demanda de pisos, y por tanto los precios, y paralelamente, empujan a muchos españoles a invertir sus ahorros comprando una casa. Si compraran deuda pública, o algo por el estilo, la inflación no sólo anularía el importe de los intereses, sino que se llevaría un pico añadido, provocando un saldo negativo. Queda, por supuesto, la posibilidad de especular en bolsa, y ponerse las botas. Pero estas audacias no seducen a un sector grande de las clases medias. Son las clases medias parsimoniosas, normalitas, y un punto valetudinarias, las que adquieren pisos con ánimo de que no se disuelvan en aire sus economías. Contra ellas dirige su batería ideológica y legislativa el gobierno progresista catalán. No contra las fortunas importantes, que cuentan con medios perfectamente conocidos para resistirse a la presión del fisco.

El tercer factor viene dado por la pobreza del mercado de alquileres. Se trata de un factor crucial. ¿Por qué el comprador de una segunda vivienda no maximiza su inversión dando el piso en arrendamiento? ¿Son, acaso, los españoles idiotas? No, no lo son. Lo que pasa, es que expulsar a un moroso u obtener una reparación económica por los desperfectos causados por un inquilino poco escrupuloso, continúa siendo una operación lenta y costosa. Y no le compensa al propietario. Por cierto, la ley milagro del tripartito contempla aplicar la figura del mobbing a los propietarios acosadores. Lo peculiar de esta figura, creada para vengar agravios no consignados explícitamente en los códigos -mirar a un empleado como si fuera transparente; usar un tono que pueda interpretarse como poco cordial, etc.-, es su elasticidad extrema. Si a los agobios presentes se añade el del mobbing, podemos tener la seguridad de que los arrendadores actuales, antes que seguir siéndolo, se partirán en dos mitades y ocuparán simultáneamente sus dos pisos. En fin, éramos muchos, y parió la abuela.

¿A qué criterio, dicho sea de paso, apelará el Gobierno autónomo para fijar los precios de alquiler? ¿Rebajará los ahora existentes, provocando un derrumbe artificial del mercado? ¿Irá modificándolos conforme varíe el punto en que se cortan las curvas de oferta y demanda? Todo esto es un lío. Lo mejor que puede ocurrir, es que el tripartito no dé pie con bola. Y no lo dará, porque el fraude sería masivo. Mi primo, mi hermana, mi suegra, un amigo íntimo, podrían constar como inquilinos de mi piso, aunque no lo sean. Sólo con un ejército de inspectores se podría llevar a cabo la política que las lumbreras del palau de Sant Jaume han diseñado en la cuartilla que gastan los hombres de café para demostrar, bolígrafo en mano, cómo habrían podido ganar los alemanes la batalla de Verdún.
Desde un ángulo jurídico, la iniciativa presenta una cara aún peor. La privación de un bien o un derecho está regulada en la Constitución -art. 33.3-, la cual remite, a pie de página, a la Ley de Expropiación Forzosa de 1957. La expropiación con carácter temporal anularía garantías básicas, y casi con seguridad, es inconstitucional. Será divertido observar, en el supuesto de que el asunto vaya adelante e intervenga el Tribunal Constitucional, en qué ayes y fulminaciones incurre Esquerra, y si se termina asociando todo esto con las insuficiencias que los nacionalistas imputan al Estatut.

Detalles aparte, la ocurrencia del tripartito se inscribe en el terreno del primitivismo político. Éste consiste en pensar que las cuestiones se pueden liquidar a golpe de BOE. El primitivismo, por supuesto, es autoritario. Pero, además, es ineficaz. También en política, la técnica ahorra esfuerzo.