El que regula y controla, responde

Expansión 15/05/06

Jesús Alfaro Águila-Real, Catedrático Derecho Mercantil

El que regula y controla, responde
¿Debería indemnizar el Estado -las comunidades autónomas- a los perjudicados por la aparente estafa perpetrada en Afinsa y Forum Filatélico? Si hay que dar valor a las encuestas de Internet, la respuesta es claramente no. Pero los que votan en Internet son pocos y distintos de los que han sufrido el daño. Y los que han sufrido el daño son muchos -350.000, al parecer- y, por tanto, muchos votos. Si paga el Estado, distribuye el daño entre 40 millones por lo que ninguno de los que pagan tendrá incentivos para protestar demasiado alto.

Pero la gente debería saber que si entrega su dinero a un tercero corre el riesgo de que no se lo devuelvan y que riesgo y rentabilidad son inseparables. Y, parece, muchas de las personas que entregaron su dinero a estas empresas, recibieron intereses mucho más elevados que los mojigatos que tenían su dinero en la caja de ahorros o en bonos del Tesoro. ¿Es razonable pensar que los estafados han entregado a esas empresas el dinero que necesitaban para vivir? Si así fuera, habrá que ayudarles a superar el bache, que para eso vivimos bajo un Estado social, pero no veo más justificado que se les indemnice a ellos a que se indemnice a cualquiera que sufra un daño causado por un sujeto insolvente.

Este escándalo debería ser ocasión para pensar en la voracidad reguladora de la actividad de los particulares que tiene el Estado español en todas las instancias nacional, autonómica y local. Estafas al margen, Afinsa y Forum Filatélico hacían publicidad engañosa: vendían sellos y otros bienes, pero parecía que estaban ofreciendo una oportunidad de inversión con rentabilidad garantizada que se "palpaba" en forma de pagos periódicos a los "inversores". Si no hubieran hecho publicidad engañosa, los compradores de los sellos habrían sabido que eran compradores de sellos y se habrían comportado como compradores de sellos (buscando, comparando y eligiendo el vendedor más barato). Pero como creían que estaban ahorrando e invirtiendo sus ahorros, dejaron de comportarse como compradores y se comportaron como inversores (¿cuánto me dan por mi dinero?)

Pues bien, todas las administraciones públicas tienen competencia para sancionar los actos de publicidad engañosa y todas, las autoridades autonómicas regulan la publicidad "para proteger a los consumidores" frente al engaño, de modo que las empresas honradas se ven obligadas a incurrir en costes para cumplir con las siempre más onerosas obligaciones que imponen estas regulaciones administrativas -17 normativas distintas, obligaciones de registro, solicitudes de autorización...- Y la pregunta es: ¿para qué tanta regulación nacional y autonómica, para qué tanta Administración pública con competencias en materia de represión de la publicidad engañosa incluyendo poderosas facultades de sanción si ninguna de esas administraciones está en condiciones -dispone de los medios- para atajar ni siquiera casos tan aparentes y de tal envergadura como han resultado ser los de Afinsa y Forum Filatélico? Creo que sería una buena idea hacer responsable al Estado (o a las comunidades Autónomas) de las resultas de éstas si la Administración impone obligaciones regulatorias a los particulares incluyendo un apartado de "infracciones y sanciones" y no pone los medios para asegurar el cumplimiento de la misma y, por tanto, para garantizar que los daños no se producirán. Y el estándar puede establecerse sin dificultad: la Administración deberá responder cuando un "vigilante diligente" habría descubierto el fraude y habría podido atajarlo antes de que se produjeran los daños cuya indemnización se solicita.

En otro caso -si no está dispuesta a pagar-, lo que tiene que hacer la Administración es dejar al mercado y al Derecho Penal que actúen porque, al margen de los costes que impone a ciudadanos honrados, lo único que logra es convertir a los ciudadanos en infantes que no investigan antes de entregar su dinero (¡caveat emptor!) a cualquier desalmado en la seguridad de que si pasa algo malo el Estado estará siempre para pagar los platos rotos.