ABC 2007/06/16
"...ser hoy de izquierdas en España es quejarse de todo y culpar de todo a una derecha previamente criminalizada."
Por MIQUEL PORTA PERALES, Crítico y escritor
La cara dura de la izquierda
DESDE hace meses, tenía curiosidad por saber qué significa ser hoy de izquierdas en España. Después de leer algunos libros, después de analizar una gran cantidad de artículos y opiniones de gente de izquierdas, después de conversar con algún amigo, conocido o saludado que pertenece al gremio de la izquierda española, he llegado a la siguiente conclusión: ser hoy de izquierdas en España es quejarse de todo y culpar de todo a una derecha previamente criminalizada. Al respecto, la izquierda española padece un par de síndromes: el de Jeremías y el de Jezabel. Dos patologías que se complementan.
La patológica del síndrome de Jeremías -en recuerdo de aquel personaje bíblico que nunca se cansaba de anunciar las desgracias que amenazaban al género humano- que padece la izquierda española se caracteriza por su maniqueísmo: el bien contra el mal. El bien es la izquierda. El mal es la derecha. Veamos. ¿Por qué la izquierda es el bien y la derecha es el mal? Por definición. La izquierda monopoliza el conocimiento de la realidad. La izquierda se erige en la administradora única de la verdad única. El discurso de la izquierda se autolegitima y autolegaliza: dentro del mismo todo vale, fuera del mismo nada vale. Un discurso que, como señalábamos antes, asegura que el mal está en la derecha.
Y para muestra, una breve antología de textos recientes -escritos por insignes intelectuales de izquierdas convertidos en la voz de su amo- en donde se percibe la maldad de la derecha según la izquierda. Parafraseando un conocido western de los años setenta, nos encontramos con el bueno, el farsante, el demagogo y el necio. El bueno: «La derecha utiliza políticamente a las víctimas del terrorismo confirmando la sospecha de que en la política no hay sitio para la piedad». El embaucador: «La agresiva beligerancia de una ola reaccionaria de la derecha extrema para la descalificación y desmontaje de lo que los seres humanos tenemos en común». El demagogo: «Un golpe de Estado necesita, o bien unos generales con galones, o bien una vanguardia dispuesta a todo para conseguir su fin último: la toma del poder al precio que sea. Pues bien, parece que en esto estamos. Los dirigentes del Partido Popular han instalado en España un eficiente bolchevismo neoconservador que está librando una descomunal batalla contra la democracia y el espíritu de la Transición». El necio: «Es preciso que el integrismo retire sus manos arteras del cuello de esa ciudad -Madrid- y la deje respirar, la deje ser. Nos deje ser. El cuerpo español necesita que la derecha no reviente el corazón del Estado». ¿Quizá este ramillete de intelectuales de cuyo nombre no quiero acordarme se muestra igualmente duro con la izquierda? Pues, no. A ninguno de ellos se le conoce crítica alguna sobre la falta de piedad de la izquierda con las víctimas del terrorismo, o sobre la agresiva beligerancia de un retroprogresismo de la izquierda extrema que está desmontando lo que los españoles tenemos en común, o sobre el vanguardismo neobolchevique de una izquierda que está dispuesta a todo -desvertebración del Estado de las autonomías o negociación con una banda terrorista que no ha depuesto las armas- con el fin de mantenerse en el poder, o sobre el integrismo y la fatal arrogancia de una izquierda intervencionista que condiciona incluso la autonomía de los ciudadanos. Estos intelectuales de izquierda -buenismo, engaño, demagogia y necedad- son el reflejo de una izquierda política gobernante que, desvergonzadamente e impunemente -arteramente, como decía el necio-, practica el arte de la doble medida a mayor gloria de sus particulares e intransferibles intereses.
¿Por qué la izquierda intelectual y política dice lo que dice? Aquí aparece -en recuerdo de aquel personaje del Antiguo Testamento, paradigma del cinismo, la ambición y la seducción con fines perversos- el síndrome de Jezabel al que nos referíamos al inicio de estas líneas. La patológica de dicho síndrome, que sufre la izquierda española, se manifiesta cuando se inventa un presunto enemigo -no un adversario- al cual se le atribuyen todos los vicios e iniquidades propios de la maligna Jezabel. ¿Cuál es el objetivo que se persigue? La obtención de legitimación política y social. ¿Cómo se consigue esa doble legitimación? Criminalizando y demonizando una supuesta amenaza -«un imaginario absoluto», que diría Jean Baudrillard- que, al ser denunciada y combatida, provoca -debe provocar- la cohesión de la sociedad alrededor de quien se erige en su único protector. Se trata, por decirlo coloquialmente, de buscar la cabeza de turco o chivo expiatorio -la derecha, en nuestro caso- en quien descargar los propios fracasos y la propia impotencia. Pero, todavía hay algo más importante: la criminalización de la derecha con la consiguiente victimización de la izquierda -la izquierda se considera a sí misma inocente por definición y víctima por vocación- responde al intento de conquistar o conservar el poder. Y para satisfacer la codicia del poder, todo vale. Por ejemplo, la apelación a la ética. Sacando a colación una expresión del escritor checo nacionalizado francés Milan Kundera, la izquierda practica el «yudo moral». En pocas palabras, la izquierda lanza su desafío, lanza su órdago contra la derecha, esgrimiendo la ética contra el adversario transformado en enemigo. Y, ¿cómo competir con quien se presenta avalado por la ética? ¿Cómo competir con quien se autoadjudica el monopolio de la ética? ¿Cómo competir -en palabras de Kundera- con «quien quiere emocionar y deslumbrar a la gente con la belleza de su vida»? ¿Cómo competir -concluye Kundera- con «quien es capaz de mostrarse más moral, más valiente, más honesto, más sincero, más dispuesto al sacrificio, más verídico que nadie»? Así las cosas, quienes piensan de otra manera son tildados de amorales, cínicos, deshonestos y embusteros. En definitiva, el triunfo de la impostura.
Puestos a identificar la figura de la izquierda española de hoy con un prototipo, podríamos hablar del predicador medieval que, desde el púlpito, censuraba y exorcizaba todo aquello que no entendía ni controlaba, ponía en cuestión su crédito e ideología, y hasta se jugaba la vida en el intento. Sin embargo -quede dicho-, entre el predicador medieval y el izquierdista español de hoy existe una notable diferencia que conviene remarcar: mientras al primero le movía el sincero afán de conducir a los fieles al cielo librándoles de las tentaciones terrenales; al segundo, que siempre juega sobre seguro, le mueve el torticero deseo de perpetuarse en el poder librándose de un adversario político al que considera un enemigo que acorralar, derrotar y marginar. La buena fe religiosa del primero, frente a la cara dura ideológica del segundo.
sábado, 16 de junio de 2007
jueves, 14 de junio de 2007
ETA y la democracia española
ABC 2007/06/14
"No es ningún secreto que muchas personas han acabado preguntándose si, en vez de confiar en la justicia, sus derechos no estarían mejor protegidos por una banda de pistoleros, lo que les permitiría negociar con el gobierno y recibir un trato privilegiado."
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, Profesor de la UPV y portavoz de Basta Ya
ETA y la democracia española
CREO que una conclusión ineludible del fracaso del siempre mal llamado «proceso de paz» es que nuestra democracia ha demostrado graves deficiencias a la hora de garantizar la solidez de la clave de bóveda de cualquier democracia: el cumplimiento de las leyes. Más allá de los pésimos cálculos estratégicos de Zapatero y sus asesores, con la deleznable concepción de la política y la ética pública que esos malos cálculos revelan, el hecho es que para sostener la negociación política con ETA el gobierno ha podido burlar el sentido de las leyes o eludir su aplicación, y todo ello sin incurrir en una ilegalidad flagrante. Semejante facilidad abre la caja de Pandora en materias tan sensibles como la igualdad jurídica de los ciudadanos o las obligaciones de las instituciones del Estado de derecho, que deben asegurar por todos los medios a su alcance la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos amenazados por cualquier causa, sea un grupo terrorista o una catástrofe natural. ETA y la democracia española.
No soy jurista y sin duda ignoro cuestiones fundamentales de la especialidad, de manera que me limitaré a señalar el muy evidente fenómeno del vaciamiento de la Ley de Partidos, sin duda el mayor logro jurídico del Pacto Antiterrorista. ETA siempre lo ha entendido así, y por eso se ha volcado en conseguir la vuelta de su brazo político a las instituciones, por razones prácticas y políticas sobradamente conocidas. Incluso ha fingido que buscaba sinceramente un acuerdo de paz, engañando a muchos. Porque en cuanto ha conseguido su propósito -¡y a cambio de nada!- ha cancelado la farsa, volviendo a lo que es.
La opereta del caso De Juana, las idas y venidas de Otegi por los tribunales, la tolerancia de la kale borroka y de la extorsión, incluso del robo de armas y de movimientos de bandas armadas, palidecen frente al éxito de la vuelta a la legalidad de HB, ahora como el avatar ANV. Y la sentencia salomónica que legalizaba una parte del partido dejando fuera a la otra sólo ha empeorado las cosas: además de regalar a la banda una base territorial indispensable (bautizada ya como «territorio ANV»), le ha proporcionado gratuitamente la argumentación que buscaba -el «Guantánamo electoral»- para justificar su regreso al asesinato en respuesta a la discriminación de que es víctima, disparate llamado a tener un gran éxito en foros internacionales muy variados, para desgracia de todos.
Los etarras han explotado la capacidad de obstruir los procedimientos judiciales que el gobierno puede desplegar a través de la fiscalía general del Estado. Ha quedado demostrado, ante el pasmo general, que un gobierno decidido a negociar con ETA puede usar la fiscalía general para retirar cargos, paralizar procedimientos e impedir a un tribunal que dicte la sentencia que hubiera considerado más acorde al derecho, como le pasó al Tribunal Supremo en la demanda de ilegalización de las listas de ANV. Se ha observado, por otra parte, que las listas que la propia fiscalía postulaba como candidatas a la ilegalización eran en varios casos las más convenientes para las cábalas poselectorales del partido del gobierno en Navarra y País Vasco. Pero dejando ahora los aspectos más sórdidos e instrumentales del asunto, ¿estamos en condiciones de garantizar que las leyes aprobadas por el Parlamento sobrevivirán a la interpretación creativa de un gobierno que puede obstruir su aplicación en función de sus conveniencias? Parafraseando el famoso dicho cínico atribuido a Romanones -«ustedes hagan la ley y déjenme a mí el reglamento»-, el gobierno bien puede decir: «ustedes hagan la ley y déjenme a mí nombrar al fiscal general». El resultado: la Ley de Partidos ha sido vaciada como una bañera a la que se quita el tapón. La bañera sigue ahí, cierto, pero no sirve para bañarse en ella. Y es muy posible que acabe en la chatarra si el Tribunal de Estrasburgo hace suya la doctrina Conde Pumpido.
Si no estoy equivocado, es un problema constitucional. La Constitución concede demasiado poder al gobierno a través de la prerrogativa de nombrar al fiscal general (art. 124.4), lo que le permite llegar a burlarla, como ha ocurrido con la Ley de Partidos, simplemente con inhibirse y tolerar la actuación de Batasuna, que ha disfrutado de más libertad, y atención mediática, que los partidos democráticos vascos. La conexión jerárquica gobierno-fiscalía debilita la separación de poderes y limita la capacidad de actuación de los jueces. Ha quedado a la vista justamente cuando la negociación política con ETA emprendida por el gobierno reclamaba una actuación eficaz de la justicia para evitar la relegalización de hecho de Batasuna, primero, y luego la salomónica de media ANV.
Hay quien piensa que todo depende en última instancia de quién esté al frente del gobierno. Si se trata de alguien completamente contrario a la negociación con ETA, se alega, no habrá ningún problema en este sentido. Pero es un argumento débil. Para empezar, ese partido -de momento, sólo el PP entre los grandes- necesita una mayoría absoluta que le permita no sólo aplicar las leyes, sino exigir que hagan lo mismo las instituciones vascas, pongamos por caso, por lo que no debe depender de pactos con nacionalistas. Pero la debilidad argumental radica en que una democracia no puede depender, para algo tan serio como la aplicación de las leyes y la igualdad jurídica, de la personalidad de quien ocupe en un momento dado las instituciones fundamentales.
Siguiendo la saludable máxima liberal, la Constitución es el contrato que protege a los ciudadanos del excesivo poderío del Estado, de manera que lo necesario es reformar nuestro contrato constitucional para obtener garantías razonables de que la próxima vez que un gobierno o un parlamento procedan a ilegalizar a la rama política de ETA, o cualquier cosa semejante, no vendrá después otro gobierno con distinta visión de la jugada, capaz de deshacerlo todo para volver al punto anterior... como ha pasado esta legislatura.
En el PP algunas voces cualificadas abogan por la reforma de la Constitución, sobre todo en materia territorial, para hacer frente al vaciamiento constitucional de competencias estatales e igualdad territorial que ha impulsado el zapaterismo en otra de sus inspiraciones visionarias. En la izquierda renovadora hay gente que comparte esa idea, que probablemente prosperaría también en el PSOE de no ser por el zapaterismo. Pero es importante que nos percatemos de que el regreso del terrorismo total no es sólo la consecuencia de una mala política de gobierno, que lo es, sino de que esa mala política ha aprovechado ciertas insuficiencias constitucionales. Hay que abrir un debate de reforma constitucional que también aborde los profundos desafíos del terrorismo, de manera que no dependamos de líderes visionarios o fiscales guantanameros, pero tampoco de contrarios más lúcidos que no siempre estarán disponibles en el momento y lugar oportunos. La democracia es así. Y por eso, en este nuevo asalto contra ETA que deberá ser el definitivo, hay que hablarde la reforma de la Constitución.
"No es ningún secreto que muchas personas han acabado preguntándose si, en vez de confiar en la justicia, sus derechos no estarían mejor protegidos por una banda de pistoleros, lo que les permitiría negociar con el gobierno y recibir un trato privilegiado."
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, Profesor de la UPV y portavoz de Basta Ya
ETA y la democracia española
CREO que una conclusión ineludible del fracaso del siempre mal llamado «proceso de paz» es que nuestra democracia ha demostrado graves deficiencias a la hora de garantizar la solidez de la clave de bóveda de cualquier democracia: el cumplimiento de las leyes. Más allá de los pésimos cálculos estratégicos de Zapatero y sus asesores, con la deleznable concepción de la política y la ética pública que esos malos cálculos revelan, el hecho es que para sostener la negociación política con ETA el gobierno ha podido burlar el sentido de las leyes o eludir su aplicación, y todo ello sin incurrir en una ilegalidad flagrante. Semejante facilidad abre la caja de Pandora en materias tan sensibles como la igualdad jurídica de los ciudadanos o las obligaciones de las instituciones del Estado de derecho, que deben asegurar por todos los medios a su alcance la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos amenazados por cualquier causa, sea un grupo terrorista o una catástrofe natural. ETA y la democracia española.
No soy jurista y sin duda ignoro cuestiones fundamentales de la especialidad, de manera que me limitaré a señalar el muy evidente fenómeno del vaciamiento de la Ley de Partidos, sin duda el mayor logro jurídico del Pacto Antiterrorista. ETA siempre lo ha entendido así, y por eso se ha volcado en conseguir la vuelta de su brazo político a las instituciones, por razones prácticas y políticas sobradamente conocidas. Incluso ha fingido que buscaba sinceramente un acuerdo de paz, engañando a muchos. Porque en cuanto ha conseguido su propósito -¡y a cambio de nada!- ha cancelado la farsa, volviendo a lo que es.
La opereta del caso De Juana, las idas y venidas de Otegi por los tribunales, la tolerancia de la kale borroka y de la extorsión, incluso del robo de armas y de movimientos de bandas armadas, palidecen frente al éxito de la vuelta a la legalidad de HB, ahora como el avatar ANV. Y la sentencia salomónica que legalizaba una parte del partido dejando fuera a la otra sólo ha empeorado las cosas: además de regalar a la banda una base territorial indispensable (bautizada ya como «territorio ANV»), le ha proporcionado gratuitamente la argumentación que buscaba -el «Guantánamo electoral»- para justificar su regreso al asesinato en respuesta a la discriminación de que es víctima, disparate llamado a tener un gran éxito en foros internacionales muy variados, para desgracia de todos.
Los etarras han explotado la capacidad de obstruir los procedimientos judiciales que el gobierno puede desplegar a través de la fiscalía general del Estado. Ha quedado demostrado, ante el pasmo general, que un gobierno decidido a negociar con ETA puede usar la fiscalía general para retirar cargos, paralizar procedimientos e impedir a un tribunal que dicte la sentencia que hubiera considerado más acorde al derecho, como le pasó al Tribunal Supremo en la demanda de ilegalización de las listas de ANV. Se ha observado, por otra parte, que las listas que la propia fiscalía postulaba como candidatas a la ilegalización eran en varios casos las más convenientes para las cábalas poselectorales del partido del gobierno en Navarra y País Vasco. Pero dejando ahora los aspectos más sórdidos e instrumentales del asunto, ¿estamos en condiciones de garantizar que las leyes aprobadas por el Parlamento sobrevivirán a la interpretación creativa de un gobierno que puede obstruir su aplicación en función de sus conveniencias? Parafraseando el famoso dicho cínico atribuido a Romanones -«ustedes hagan la ley y déjenme a mí el reglamento»-, el gobierno bien puede decir: «ustedes hagan la ley y déjenme a mí nombrar al fiscal general». El resultado: la Ley de Partidos ha sido vaciada como una bañera a la que se quita el tapón. La bañera sigue ahí, cierto, pero no sirve para bañarse en ella. Y es muy posible que acabe en la chatarra si el Tribunal de Estrasburgo hace suya la doctrina Conde Pumpido.
Si no estoy equivocado, es un problema constitucional. La Constitución concede demasiado poder al gobierno a través de la prerrogativa de nombrar al fiscal general (art. 124.4), lo que le permite llegar a burlarla, como ha ocurrido con la Ley de Partidos, simplemente con inhibirse y tolerar la actuación de Batasuna, que ha disfrutado de más libertad, y atención mediática, que los partidos democráticos vascos. La conexión jerárquica gobierno-fiscalía debilita la separación de poderes y limita la capacidad de actuación de los jueces. Ha quedado a la vista justamente cuando la negociación política con ETA emprendida por el gobierno reclamaba una actuación eficaz de la justicia para evitar la relegalización de hecho de Batasuna, primero, y luego la salomónica de media ANV.
Hay quien piensa que todo depende en última instancia de quién esté al frente del gobierno. Si se trata de alguien completamente contrario a la negociación con ETA, se alega, no habrá ningún problema en este sentido. Pero es un argumento débil. Para empezar, ese partido -de momento, sólo el PP entre los grandes- necesita una mayoría absoluta que le permita no sólo aplicar las leyes, sino exigir que hagan lo mismo las instituciones vascas, pongamos por caso, por lo que no debe depender de pactos con nacionalistas. Pero la debilidad argumental radica en que una democracia no puede depender, para algo tan serio como la aplicación de las leyes y la igualdad jurídica, de la personalidad de quien ocupe en un momento dado las instituciones fundamentales.
Siguiendo la saludable máxima liberal, la Constitución es el contrato que protege a los ciudadanos del excesivo poderío del Estado, de manera que lo necesario es reformar nuestro contrato constitucional para obtener garantías razonables de que la próxima vez que un gobierno o un parlamento procedan a ilegalizar a la rama política de ETA, o cualquier cosa semejante, no vendrá después otro gobierno con distinta visión de la jugada, capaz de deshacerlo todo para volver al punto anterior... como ha pasado esta legislatura.
En el PP algunas voces cualificadas abogan por la reforma de la Constitución, sobre todo en materia territorial, para hacer frente al vaciamiento constitucional de competencias estatales e igualdad territorial que ha impulsado el zapaterismo en otra de sus inspiraciones visionarias. En la izquierda renovadora hay gente que comparte esa idea, que probablemente prosperaría también en el PSOE de no ser por el zapaterismo. Pero es importante que nos percatemos de que el regreso del terrorismo total no es sólo la consecuencia de una mala política de gobierno, que lo es, sino de que esa mala política ha aprovechado ciertas insuficiencias constitucionales. Hay que abrir un debate de reforma constitucional que también aborde los profundos desafíos del terrorismo, de manera que no dependamos de líderes visionarios o fiscales guantanameros, pero tampoco de contrarios más lúcidos que no siempre estarán disponibles en el momento y lugar oportunos. La democracia es así. Y por eso, en este nuevo asalto contra ETA que deberá ser el definitivo, hay que hablarde la reforma de la Constitución.
domingo, 10 de junio de 2007
Personaje en busca de autor
ABC 2007/06/10
"La tregua que ETA acaba de romper difiere radicalmente de la del 98. Entonces, los conspiradores de Estella sorprendieron al Gobierno con un alto el fuego que aquél no quiso desatender sin palpar antes el terreno. En este caso el alto el fuego, y hasta los términos en que se formuló, fueron negociados entre los terroristas y La Moncloa."
Álvaro Delgado Gal
Personaje en busca de autor
Existen distintas teorías sobre Zapatero, inspiradas, en grado cambiante, por el fervor, la animadversión, la suspicacia, o la indiferencia. El jueves pasado, en su entrevista con Gabilondo, el presidente suministró munición abundante a los inclinados a la misantropía. El inquilino de La Moncloa estuvo, lo digo con pesar, lamentable. Gabilondo no apuró las preguntas al límite, pero tocó los aspectos que había que tocar y dejó en buen lugar a la profesión periodística. Sucedió, además, un hecho que no entraba en las previsiones de muchos: Gabilondo, de forma en mi opinión indeliberada, pareció decepcionado, incluso violentado, por la persona que tenía en frente. Zapatero percibió la falta de química, y se sintió descolocado. De resultas, se produjo una suerte de difracción, o de doblez óptica. Habitualmente, el presidente logra imponer en este tipo de comparecencias un tono cómplice, caliente: afelpa la voz y habla para uno y a la vez para todos. No dice nada memorable y, con frecuencia, dice cosas que no son verdad, pero el ambiente íntimo, confesional, anula milagrosamente la incoherencia del mensaje. El jueves no se verificó la transubstanciación portentosa, y vimos a un hombre violento y enconado contra la oposición que asumía al tiempo los denuedos gestuales y los barroquismos de un suplicante antiguo. El efecto fue raro. Fue como estar delante de un actor que no ha conseguido todavía identificarse con su papel. Ahora, vayamos a los contenidos.
La tesis de Zapatero es que no está obligado a asumir responsabilidades políticas porque la única culpable es ETA, y en medida apreciable, el PP. El presidente instó a los populares a conducirse como él lo hizo cuando estaba en la oposición, y a mantener la lucha antiterrorista fuera del debate público. Anticipó, asimismo, que su apelación caería en saco roto, y dando por descontado el desencuentro, se dedicó, casi monográficamente, a hacer lo preciso para que el asunto acabe como el rosario de la aurora.
Es obvio por qué desea el presidente ocultar bajo el manto de la circunspección patriótica su terrible manejo del proceso. Si usted ha metido la pata hasta la ingle a propósito de esto o lo de más allá, se comprende que sugiera otros temas de conversación, desde el tiempo -el cambio climático centrará, a lo que parece, lo que resta de legislatura-, hasta el sexo de los ángeles. Pero usted, señor presidente, no es un hombre cualquiera. Usted es eso, el presidente del Gobierno, y está en la obligación de dar las explicaciones que de momento no ha querido dar. Los hechos dibujan, con independencia de que se haya desfallecido más allá de lo prudente en el acoso policial a ETA, un garabato de mal augurio:
1. La tregua que ETA acaba de romper difiere radicalmente de la del 98. Entonces, los conspiradores de Estella sorprendieron al Gobierno con un alto el fuego que aquél no quiso desatender sin palpar antes el terreno. En este caso el alto el fuego, y hasta los términos en que se formuló, fueron negociados entre los terroristas y La Moncloa. Abundan los indicios de que los tanteos se remontan a años atrás. Según algunas fuentes, hasta el momento mismo en que se firmó el Pacto por las Libertades.
2. El Pacto fue desplazado, que no enriquecido, por la resolución congresual del 2005. Los textos discrepan en aspectos no baladíes, pero más importante que el texto, es el contexto. La diferencia esencial, es que la resolución fue suscrita por partidos que auspiciaban la negociación política y que en un caso al menos llegaron a entrar en tratos secretos con los terroristas. La soledad del PP, por tanto, no fue voluntaria. El PP se quedó solo, porque la idea era apartarlo de un proyecto que no era el mismo que el convenido en el 2000 y con el que se sabía que no podía estar de acuerdo.
3.El acercamiento de presos, y otras cosas que se hicieron durante el mandato de Aznar, forman parte de las prerrogativas que una Administración se concede en el trance de lidiar con un grupo terrorista que amaga la rendición. Ahora, sin embargo, se ha hablado, expresamente, de política. No es una conjetura sino una evidencia. Los puntos principales de la negociación han sido Navarra y la mesa de partidos, de la que se discute por lo largo en documentos oficiales del PSE. La mesa de partidos, o no significa nada, o es un eufemismo para designar un proceso constituyente alumbrado fuera de la Constitución. Habría sido estupendo que Zapatero deshiciera el equívoco inaudito con la rotundidad que exige el caso. Por desgracia, no lo ha hecho.
4.Según manifestó el Tribunal Supremo, el Gobierno no ha aplicado la Ley de Partidos como debía aplicarla ni se ha empleado con la contundencia que aquélla permitía. El resultado, es que ANV, nueva fachada de ETA, ha podido eludir en grandes proporciones lo que el Fiscal General tuvo la ocurrencia de denominar «un Guantánamo electoral».
En vista de ello, esperamos una explicación. Del encuentro de mañana entre usted y Rajoy, no podemos esperar nada. Usted se encargó, el jueves, de hacer inútil toda esperanza.
"La tregua que ETA acaba de romper difiere radicalmente de la del 98. Entonces, los conspiradores de Estella sorprendieron al Gobierno con un alto el fuego que aquél no quiso desatender sin palpar antes el terreno. En este caso el alto el fuego, y hasta los términos en que se formuló, fueron negociados entre los terroristas y La Moncloa."
Álvaro Delgado Gal
Personaje en busca de autor
Existen distintas teorías sobre Zapatero, inspiradas, en grado cambiante, por el fervor, la animadversión, la suspicacia, o la indiferencia. El jueves pasado, en su entrevista con Gabilondo, el presidente suministró munición abundante a los inclinados a la misantropía. El inquilino de La Moncloa estuvo, lo digo con pesar, lamentable. Gabilondo no apuró las preguntas al límite, pero tocó los aspectos que había que tocar y dejó en buen lugar a la profesión periodística. Sucedió, además, un hecho que no entraba en las previsiones de muchos: Gabilondo, de forma en mi opinión indeliberada, pareció decepcionado, incluso violentado, por la persona que tenía en frente. Zapatero percibió la falta de química, y se sintió descolocado. De resultas, se produjo una suerte de difracción, o de doblez óptica. Habitualmente, el presidente logra imponer en este tipo de comparecencias un tono cómplice, caliente: afelpa la voz y habla para uno y a la vez para todos. No dice nada memorable y, con frecuencia, dice cosas que no son verdad, pero el ambiente íntimo, confesional, anula milagrosamente la incoherencia del mensaje. El jueves no se verificó la transubstanciación portentosa, y vimos a un hombre violento y enconado contra la oposición que asumía al tiempo los denuedos gestuales y los barroquismos de un suplicante antiguo. El efecto fue raro. Fue como estar delante de un actor que no ha conseguido todavía identificarse con su papel. Ahora, vayamos a los contenidos.
La tesis de Zapatero es que no está obligado a asumir responsabilidades políticas porque la única culpable es ETA, y en medida apreciable, el PP. El presidente instó a los populares a conducirse como él lo hizo cuando estaba en la oposición, y a mantener la lucha antiterrorista fuera del debate público. Anticipó, asimismo, que su apelación caería en saco roto, y dando por descontado el desencuentro, se dedicó, casi monográficamente, a hacer lo preciso para que el asunto acabe como el rosario de la aurora.
Es obvio por qué desea el presidente ocultar bajo el manto de la circunspección patriótica su terrible manejo del proceso. Si usted ha metido la pata hasta la ingle a propósito de esto o lo de más allá, se comprende que sugiera otros temas de conversación, desde el tiempo -el cambio climático centrará, a lo que parece, lo que resta de legislatura-, hasta el sexo de los ángeles. Pero usted, señor presidente, no es un hombre cualquiera. Usted es eso, el presidente del Gobierno, y está en la obligación de dar las explicaciones que de momento no ha querido dar. Los hechos dibujan, con independencia de que se haya desfallecido más allá de lo prudente en el acoso policial a ETA, un garabato de mal augurio:
1. La tregua que ETA acaba de romper difiere radicalmente de la del 98. Entonces, los conspiradores de Estella sorprendieron al Gobierno con un alto el fuego que aquél no quiso desatender sin palpar antes el terreno. En este caso el alto el fuego, y hasta los términos en que se formuló, fueron negociados entre los terroristas y La Moncloa. Abundan los indicios de que los tanteos se remontan a años atrás. Según algunas fuentes, hasta el momento mismo en que se firmó el Pacto por las Libertades.
2. El Pacto fue desplazado, que no enriquecido, por la resolución congresual del 2005. Los textos discrepan en aspectos no baladíes, pero más importante que el texto, es el contexto. La diferencia esencial, es que la resolución fue suscrita por partidos que auspiciaban la negociación política y que en un caso al menos llegaron a entrar en tratos secretos con los terroristas. La soledad del PP, por tanto, no fue voluntaria. El PP se quedó solo, porque la idea era apartarlo de un proyecto que no era el mismo que el convenido en el 2000 y con el que se sabía que no podía estar de acuerdo.
3.El acercamiento de presos, y otras cosas que se hicieron durante el mandato de Aznar, forman parte de las prerrogativas que una Administración se concede en el trance de lidiar con un grupo terrorista que amaga la rendición. Ahora, sin embargo, se ha hablado, expresamente, de política. No es una conjetura sino una evidencia. Los puntos principales de la negociación han sido Navarra y la mesa de partidos, de la que se discute por lo largo en documentos oficiales del PSE. La mesa de partidos, o no significa nada, o es un eufemismo para designar un proceso constituyente alumbrado fuera de la Constitución. Habría sido estupendo que Zapatero deshiciera el equívoco inaudito con la rotundidad que exige el caso. Por desgracia, no lo ha hecho.
4.Según manifestó el Tribunal Supremo, el Gobierno no ha aplicado la Ley de Partidos como debía aplicarla ni se ha empleado con la contundencia que aquélla permitía. El resultado, es que ANV, nueva fachada de ETA, ha podido eludir en grandes proporciones lo que el Fiscal General tuvo la ocurrencia de denominar «un Guantánamo electoral».
En vista de ello, esperamos una explicación. Del encuentro de mañana entre usted y Rajoy, no podemos esperar nada. Usted se encargó, el jueves, de hacer inútil toda esperanza.
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