EXPANSION 06/04/06
Florentino Portero
Más a más
Hace un par de años, el presidente Zapatero hizo su primer viaje oficial a América Latina y allí dejó bien claro que la diplomacia española no estaba para defender los intereses de nuestras empresas.De lo que se trataba era de afianzar vínculos entre formaciones políticas afines, comprometidas en la lucha contra el liberalismo y la globalización. A nadie le puede extrañar lo que ha ocurrido desde entonces, incluidas las desinversiones de aquellos que han podido retirarse. España ha dado alas a determinados gobiernos, no se ha inmutado ante la violación de las reglas del juego y ha confiado en exceso en la posibilidad de llegar a acuerdos entre amigos. Ni tienen el valor de defender nuestros intereses frente a las corrientes mayoritarias de la izquierda en la región, ni ganas de aparecer como amparadores del capital internacional.No quieren entender que las naciones tienen intereses que están por encima de los gustos o pareceres del partido en el Gobierno.Nuestras grandes empresas son mucho más que unas pocas y grandes familias que controlan paquetes accionariales de referencia.Son empresas que generan muchísimos puestos de trabajo y que cotizan en bolsa. Del rendimiento de sus acciones dependen tanto los fondos de pensiones como una buena parte del ahorro nacional.No se es más socialista por reír las gracias a un déspota americano, se puede ser más baboso o irresponsable, pero los intereses de los votantes socialistas están en la defensa de nuestras empresas.El nuevo socialismo representado por Zapatero va mucho más allá del doble rasero que practicaba González: se fumaba un puro con Castro y luego justificaba la disuasión nuclear en Washington o en Bonn. Ahora han decidido dar un paso adelante en su radicalismo provinciano y están dispuestos a jugar más a fondo la carta del antiliberalismo. Tanto Expansión como ABC, recogían ayer informaciones desalentadoras sobre el comportamiento de la economía española.A lo ya descrito se suma el caso Endesa y el trato general dado a las grandes empresas que se afincan entre nosotros. Dan lecciones de europeísmo mientras violan la normativa interna. Hablan de excelentes relaciones bilaterales cuando abandonan las estrategias de atracción de las empresas americanas. No sólo la inversión extranjera continúa disminuyendo. Ya los propios embajadores advierten sin tapujos de serios riesgos de retirada si continuamos por los mismos derroteros. Tanto Estados Unidos como Alemania se encuentran a disgusto y no lo ocultan. Es ingenuo pensar que se pueden hacer determinadas cosas sin pagar un alto precio por ello. Necesitamos una vuelta urgente a la profesionalidad en la conducción de nuestra política exterior, respetando y haciendo respetar las reglas del juego.
viernes, 7 de abril de 2006
domingo, 2 de abril de 2006
CADÁVERES EXQUISITOS
ABC 02/004/06
ÁLVARO DELGADO-GAL
CADÁVERES EXQUISITOS
Los surrealistas inventaron un método de escritura aleatoria que se conoce como «cadáver exquisito». Breton y sus amigos se juntaban en grupos, e iban ensartando palabras en un jirón de papel hasta completar una frase. Nadie sabía lo que habían puesto los otros, y salía al cabo cualquier disparate, tal vez poético. El primer experimento remató en: «El cadáver- exquisito- beberá- el vino- nuevo». De ahí el nombre con que se ha perpetuado en los anales la remota travesura surrealista.Los cadáveres exquisitos son mercancía frecuente en el mundo de la política. Los pactos cambiantes, las conjeturas, y las ganas de madrugar al rival, dan lugar a acuerdos que nadie había previsto, o que entran en colisión con lo que se pretendía hacer al principio. Esto, bien mirado, es inevitable. Pero también peligroso, cuando se lleva la broma demasiado lejos. Zapatero ha subido dos o tres octavas el grado de azar que habitualmente afecta a la vida pública. En ocasiones, parece empeñado incluso en jugar a los cadáveres exquisitos consigo mismo. Acabamos de comprobarlo a propósito del Estatuto catalán. Primero lo propulsó con imprudencia notoria; luego lo sacó de la tumba; y por fin apuró el zigzagueo fabuloso con una permutación de alianzas improvisada sobre la marcha. El resultado ha sido un documento que altera la estructura de la Constitución, complica enormemente la gestión de los intereses generales, y sólo cuenta con el respaldo del 53 por ciento de los diputados en el Congreso. Como exquisitez cadavérica, no está mal. ¿Se repetirá el caso en el cuadrante vasco?
Temo que sí. El domingo pasado, en una entrevista concedida a «El País», el Presidente afirmó una serie de cosas bastante raras. Dijo que la idea de las dos mesas de diálogo, acuñada por el PNV y recogida por sectores del PSE, obedecía en su opinión a una «metodología» superada. Pero no la excluyó. Y tampoco excluyó la legalización de HB. Se restringió a manifestar su preferencia por la creación de un partido de nueva planta. Estas especulaciones sólo tienen sentido en el supuesto de que exista una voluntad de negociación política. Uno no se mete a hacer distingos y casuística fina, si no abriga el propósito de ponerse a hablar sobre determinados asuntos. Al tiempo, Zapatero reivindicó reiteradamente el Pacto Antiterrorista. Creo que se nos ha olvidado lo que significó ese pacto, de modo que quizá sea bueno recordar sus aspectos más destacados.
Son, en esencia, dos. En primer lugar, se trata de un acomodo entre el PP y el PSOE, no entre todos los partidos. En segundo lugar, el Pacto Antiterrorista enuncia explícitamente qué materias no son negociables con ETA. No es negociable el Estatuto de Guernica, y no es negociable la Constitución. La naturaleza bilateral del Pacto, y su precisión censoria, son complementarias entre sí, e incompatibles con la moción congresual del 2005. La última, en efecto, se pronunciaba de manera equívoca sobre la intervención de la política en un presunto proceso de paz. Además, llevaba la firma, entre otros, de ERC, CiU, BNG y PNV, favorables todos ellos a la reforma estatutaria o constitucional. Ni que decir tiene, la moción no iba acompañada de las bendiciones del PP. Asumir el Pacto Antiterrorista implica en consecuencia, no sólo la renuncia taxativa a intercambiar con ETA los cromos que ésta ha desplegado en abanico, sino una rectificación radical de los equilibrios y compadrazgos que todavía mantiene al Gobierno en el poder.
Son demasiadas novedades en un tiempo excesivamente corto. Demasiadas, para tomárselas en serio. El miércoles, Zapatero recibió a Rajoy. Pegaron la hebra sobre esto y lo de más allá, pero el jefe de la oposición no pudo decir, concluido el encuentro, que se había rehabilitado la alianza del 2000. Triste, sí, aunque perfectamente comprensible. ¿Fin de la historia? No. El jueves, en Telecinco, el Presidente anunció de nuevo una muy probable convocatoria del Pacto, si las cosas no se torcían. Y en contradicción manifiesta con lo que había declarado el domingo, aseveró que sería estupendo que HB volviera al Parlamento de Vitoria.
¿Conclusión? Quizá Zapatero tenga un plan guardado en el bolsillo. Pero no nos lo cuenta. O nos cuenta planes inconsistentes entre sí, lo que no nos deja mucho mejor que antes. También es posible, y menos complicado como hipótesis, que el Presidente no se esté moviendo a impulsos de un plan sino de un instinto, o si se quiere, de un tropismo político. Si la hipótesis es correcta, cabe aventurar dos cosas. La primera, es que el avenimiento con el PP durará poco. La oposición ha dicho con claridad que no quiere salirse de la fórmula convenida en el 2000. Sería contrario a la estadística que el Presidente no diera pronto un bandazo y añadiera guarismos inesperados a esa fórmula. A partir de ese momento, adiós muy buenas.
En segundo lugar, ETA no se irá con las manos vacías. Persigue fines, mientras que Zapatero busca éxitos Nadie está en grado de anticipar qué cadáver exquisito saldrá a flote tras el pulso que se ha iniciado entre la banda y el inquilino voluble de La Moncloa.
ÁLVARO DELGADO-GAL
CADÁVERES EXQUISITOS
Los surrealistas inventaron un método de escritura aleatoria que se conoce como «cadáver exquisito». Breton y sus amigos se juntaban en grupos, e iban ensartando palabras en un jirón de papel hasta completar una frase. Nadie sabía lo que habían puesto los otros, y salía al cabo cualquier disparate, tal vez poético. El primer experimento remató en: «El cadáver- exquisito- beberá- el vino- nuevo». De ahí el nombre con que se ha perpetuado en los anales la remota travesura surrealista.Los cadáveres exquisitos son mercancía frecuente en el mundo de la política. Los pactos cambiantes, las conjeturas, y las ganas de madrugar al rival, dan lugar a acuerdos que nadie había previsto, o que entran en colisión con lo que se pretendía hacer al principio. Esto, bien mirado, es inevitable. Pero también peligroso, cuando se lleva la broma demasiado lejos. Zapatero ha subido dos o tres octavas el grado de azar que habitualmente afecta a la vida pública. En ocasiones, parece empeñado incluso en jugar a los cadáveres exquisitos consigo mismo. Acabamos de comprobarlo a propósito del Estatuto catalán. Primero lo propulsó con imprudencia notoria; luego lo sacó de la tumba; y por fin apuró el zigzagueo fabuloso con una permutación de alianzas improvisada sobre la marcha. El resultado ha sido un documento que altera la estructura de la Constitución, complica enormemente la gestión de los intereses generales, y sólo cuenta con el respaldo del 53 por ciento de los diputados en el Congreso. Como exquisitez cadavérica, no está mal. ¿Se repetirá el caso en el cuadrante vasco?
Temo que sí. El domingo pasado, en una entrevista concedida a «El País», el Presidente afirmó una serie de cosas bastante raras. Dijo que la idea de las dos mesas de diálogo, acuñada por el PNV y recogida por sectores del PSE, obedecía en su opinión a una «metodología» superada. Pero no la excluyó. Y tampoco excluyó la legalización de HB. Se restringió a manifestar su preferencia por la creación de un partido de nueva planta. Estas especulaciones sólo tienen sentido en el supuesto de que exista una voluntad de negociación política. Uno no se mete a hacer distingos y casuística fina, si no abriga el propósito de ponerse a hablar sobre determinados asuntos. Al tiempo, Zapatero reivindicó reiteradamente el Pacto Antiterrorista. Creo que se nos ha olvidado lo que significó ese pacto, de modo que quizá sea bueno recordar sus aspectos más destacados.
Son, en esencia, dos. En primer lugar, se trata de un acomodo entre el PP y el PSOE, no entre todos los partidos. En segundo lugar, el Pacto Antiterrorista enuncia explícitamente qué materias no son negociables con ETA. No es negociable el Estatuto de Guernica, y no es negociable la Constitución. La naturaleza bilateral del Pacto, y su precisión censoria, son complementarias entre sí, e incompatibles con la moción congresual del 2005. La última, en efecto, se pronunciaba de manera equívoca sobre la intervención de la política en un presunto proceso de paz. Además, llevaba la firma, entre otros, de ERC, CiU, BNG y PNV, favorables todos ellos a la reforma estatutaria o constitucional. Ni que decir tiene, la moción no iba acompañada de las bendiciones del PP. Asumir el Pacto Antiterrorista implica en consecuencia, no sólo la renuncia taxativa a intercambiar con ETA los cromos que ésta ha desplegado en abanico, sino una rectificación radical de los equilibrios y compadrazgos que todavía mantiene al Gobierno en el poder.
Son demasiadas novedades en un tiempo excesivamente corto. Demasiadas, para tomárselas en serio. El miércoles, Zapatero recibió a Rajoy. Pegaron la hebra sobre esto y lo de más allá, pero el jefe de la oposición no pudo decir, concluido el encuentro, que se había rehabilitado la alianza del 2000. Triste, sí, aunque perfectamente comprensible. ¿Fin de la historia? No. El jueves, en Telecinco, el Presidente anunció de nuevo una muy probable convocatoria del Pacto, si las cosas no se torcían. Y en contradicción manifiesta con lo que había declarado el domingo, aseveró que sería estupendo que HB volviera al Parlamento de Vitoria.
¿Conclusión? Quizá Zapatero tenga un plan guardado en el bolsillo. Pero no nos lo cuenta. O nos cuenta planes inconsistentes entre sí, lo que no nos deja mucho mejor que antes. También es posible, y menos complicado como hipótesis, que el Presidente no se esté moviendo a impulsos de un plan sino de un instinto, o si se quiere, de un tropismo político. Si la hipótesis es correcta, cabe aventurar dos cosas. La primera, es que el avenimiento con el PP durará poco. La oposición ha dicho con claridad que no quiere salirse de la fórmula convenida en el 2000. Sería contrario a la estadística que el Presidente no diera pronto un bandazo y añadiera guarismos inesperados a esa fórmula. A partir de ese momento, adiós muy buenas.
En segundo lugar, ETA no se irá con las manos vacías. Persigue fines, mientras que Zapatero busca éxitos Nadie está en grado de anticipar qué cadáver exquisito saldrá a flote tras el pulso que se ha iniciado entre la banda y el inquilino voluble de La Moncloa.
Feminismo y prostitución
EL PAÍS 01/04/06
MARÍA LUISA MAQUEDA ABREU
Feminismo y prostitución
En estos últimos meses se ha abierto en nuestro país un intenso debate acerca de la regulación de la prostitución. Parlamentarias/os, expertas/os y asociaciones de mujeres pugnan por imponer sus puntos de vista acerca de la oportunidad de que el Estado reconozca derechos laborales y sociales a las trabajadoras del sexo. Es lo que ellas reivindican desde hace décadas. "No hacemos daño a nadie, queremos ser legales", era el grito unánime que presidió una manifestación masiva de prostitutas en la Barcelona de los años ochenta, cuando todavía su entorno estaba prohibido y se castigaba a proxenetas, rufianes y empleadores del mercado del sexo.
La ocasión parecía llegada cuando el Código Penal de 1995 despenalizó todas las actividades que favorecían el ejercicio de la prostitución libremente acordada entre adultos, haciendo desaparecer del texto legal cualquier vestigio de abolicionismo. Una reforma que sus promotores, los gobernantes del PSOE de entonces, justificaban con sobradas razones de defensa de la libertad sexual y de superación de la hipocresía social acerca de una práctica que se ejercía y se anunciaba a la luz del día. Pero se perdió esa oportunidad y, durante estos años, los únicos que se han acordado de salvaguardar los derechos de las prostitutas han sido los tribunales penales cuando han detectado abusos en sus relaciones laborales. Muchos empresarios de la industria del sexo han sido condenados por la explotación de sus empleadas al exigirles condiciones de ejercicio de la prestación sexual incompatibles con la dignidad de cualquier trabajador, tales como la imposición de servicios sexuales no deseados o la ausencia de una remuneración suficiente o de una jornada laboral adecuada con los permisos y descansos correspondientes. Se trata de evitar, según la lógica argumentativa que ha acompañado a esas sentencias, que "los más desprotegidos deban cargar con las consecuencias de su desprotección".
Un pragmatismo del que debiera contagiarse el actual debate. En cambio, una de las tesis preferentes es que la prostitución libre no existe. ¿Cómo explicar entonces esos movimientos sociales de apoyo a las prostitutas, las propias declaraciones de éstas, aquí y en otros países, abiertamente favorables a la regulación de sus derechos y obligaciones, las crecientes manifestaciones de su ejercicio autónomo sin que nadie les imponga régimen coactivo alguno? Siempre queda el hábil recurso de atribuirles abusos sexuales en la infancia, trastornos cognitivos, déficit de socialización o situaciones de angustiosa necesidad o dependencia para negarles su capacidad para decidir por sí mismas, relegándolas a la condición de infrasujetos. Es una vía perversa de condenarlas a la invisibilidad social.
Y si la realidad se impone y llega a demostrar que la ausencia de libertad en la prostitución no es más que un dogma, un presupuesto ideológico que los escasos datos con que se cuenta desmienten, entonces queda el recurso a la dignidad del género. La prostitución aun libre es degradante para la mujer porque la convierte en instrumento de uso del hombre, rebajándola a la categoría de objeto y consolidando la inferioridad de la condición femenina en todo el mundo. El viejo discurso de la inmoralidad deja paso al de la violencia de género. La Mujer (en mayúscula) sustituye a las mujeres reales en este imaginario feminista. El Estado, en consecuencia, no puede regular algo que es intrínsecamente degradante para la Mujer (otra vez en mayúscula).
No hay más que adentrarse en la literatura feminista de los últimos años para comprobar que ésta no es la voz unánime de las mujeres. Hay todo un sector del feminismo contemporáneo que apuesta por la construcción de una identidad de la mujer como sujeto -no deficitario, no sometido- en busca del reconocimiento y del respeto de su alteridad y de la conquista de espacios que garanticen su libertad y autonomía personales. Que piensa que la insistencia en victimizar a la mujer en sus relaciones con los hombres traduciendo cualquiera de sus diferencias en pura dominación es una simplificación de las relaciones de género. Que entiende que hay otras construcciones sociales, entre las que se cuenta la sexualidad, que merecen ser repensadas en clave distinta al reduccionismo propio del todo-poder de los hombres sobre las mujeres. Que rehúye asumir el estatus de empresarias de la moral colectiva estableciendo lo que está mal o bien en las complejas relaciones entre los sexos. O que renuncia a confiar al Estado y al derecho la solución de todos sus problemas.
Traduciendo ese ideario feminista al actual debate acerca del futuro de la prostitución libremente acordada entre adultos, la perspectiva es otra bien distinta. Lo que está en juego, en un momento tan decisivo como éste en que se discute su regulación legal, no es esa dignidad abstracta que confiere y supuestamente impone el género, sino la dignidad concreta de las mujeres -y hombres y travestis, por cierto- que libremente deciden ganarse la vida con el trabajo del sexo y reivindican el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. Criminalizando su entorno y sus relaciones no se les protege, sino que se les oculta en la subcultura de lo desviado, garantizando su victimización. La prohibición crea estigma, aislamiento y mayores dosis de vulnerabilidad e indefensión para sus supuestos beneficiarios. Pero, además, ¿cuál es la prostitución que se quiere abolir desde el Estado? ¿La callejera, la de los burdeles y los clubes, que son sus formas más visibles? ¿O se busca desmontar el mercado de la pornografía, las cabinas, las líneas eróticas, los anuncios y reclamos de servicios relacionados con el sexo? ¿Dónde fijar la línea de lo indigno y lo degradante? Seguramente sería preferible reservar las fuerzas para intentar erradicar la prostitución forzada, que es hoy una de las formas más graves y persistentes de violencia de género. Para ello no se precisan nuevas leyes, que ya hay bastantes; es suficiente con un buen uso judicial y político de las que tenemos. Favorecer la transparencia en el mercado de la prostitución y garantizar condiciones de legalidad para quienes denuncien prácticas de explotación sexual puede ser un buen comienzo.
MARÍA LUISA MAQUEDA ABREU
Feminismo y prostitución
En estos últimos meses se ha abierto en nuestro país un intenso debate acerca de la regulación de la prostitución. Parlamentarias/os, expertas/os y asociaciones de mujeres pugnan por imponer sus puntos de vista acerca de la oportunidad de que el Estado reconozca derechos laborales y sociales a las trabajadoras del sexo. Es lo que ellas reivindican desde hace décadas. "No hacemos daño a nadie, queremos ser legales", era el grito unánime que presidió una manifestación masiva de prostitutas en la Barcelona de los años ochenta, cuando todavía su entorno estaba prohibido y se castigaba a proxenetas, rufianes y empleadores del mercado del sexo.
La ocasión parecía llegada cuando el Código Penal de 1995 despenalizó todas las actividades que favorecían el ejercicio de la prostitución libremente acordada entre adultos, haciendo desaparecer del texto legal cualquier vestigio de abolicionismo. Una reforma que sus promotores, los gobernantes del PSOE de entonces, justificaban con sobradas razones de defensa de la libertad sexual y de superación de la hipocresía social acerca de una práctica que se ejercía y se anunciaba a la luz del día. Pero se perdió esa oportunidad y, durante estos años, los únicos que se han acordado de salvaguardar los derechos de las prostitutas han sido los tribunales penales cuando han detectado abusos en sus relaciones laborales. Muchos empresarios de la industria del sexo han sido condenados por la explotación de sus empleadas al exigirles condiciones de ejercicio de la prestación sexual incompatibles con la dignidad de cualquier trabajador, tales como la imposición de servicios sexuales no deseados o la ausencia de una remuneración suficiente o de una jornada laboral adecuada con los permisos y descansos correspondientes. Se trata de evitar, según la lógica argumentativa que ha acompañado a esas sentencias, que "los más desprotegidos deban cargar con las consecuencias de su desprotección".
Un pragmatismo del que debiera contagiarse el actual debate. En cambio, una de las tesis preferentes es que la prostitución libre no existe. ¿Cómo explicar entonces esos movimientos sociales de apoyo a las prostitutas, las propias declaraciones de éstas, aquí y en otros países, abiertamente favorables a la regulación de sus derechos y obligaciones, las crecientes manifestaciones de su ejercicio autónomo sin que nadie les imponga régimen coactivo alguno? Siempre queda el hábil recurso de atribuirles abusos sexuales en la infancia, trastornos cognitivos, déficit de socialización o situaciones de angustiosa necesidad o dependencia para negarles su capacidad para decidir por sí mismas, relegándolas a la condición de infrasujetos. Es una vía perversa de condenarlas a la invisibilidad social.
Y si la realidad se impone y llega a demostrar que la ausencia de libertad en la prostitución no es más que un dogma, un presupuesto ideológico que los escasos datos con que se cuenta desmienten, entonces queda el recurso a la dignidad del género. La prostitución aun libre es degradante para la mujer porque la convierte en instrumento de uso del hombre, rebajándola a la categoría de objeto y consolidando la inferioridad de la condición femenina en todo el mundo. El viejo discurso de la inmoralidad deja paso al de la violencia de género. La Mujer (en mayúscula) sustituye a las mujeres reales en este imaginario feminista. El Estado, en consecuencia, no puede regular algo que es intrínsecamente degradante para la Mujer (otra vez en mayúscula).
No hay más que adentrarse en la literatura feminista de los últimos años para comprobar que ésta no es la voz unánime de las mujeres. Hay todo un sector del feminismo contemporáneo que apuesta por la construcción de una identidad de la mujer como sujeto -no deficitario, no sometido- en busca del reconocimiento y del respeto de su alteridad y de la conquista de espacios que garanticen su libertad y autonomía personales. Que piensa que la insistencia en victimizar a la mujer en sus relaciones con los hombres traduciendo cualquiera de sus diferencias en pura dominación es una simplificación de las relaciones de género. Que entiende que hay otras construcciones sociales, entre las que se cuenta la sexualidad, que merecen ser repensadas en clave distinta al reduccionismo propio del todo-poder de los hombres sobre las mujeres. Que rehúye asumir el estatus de empresarias de la moral colectiva estableciendo lo que está mal o bien en las complejas relaciones entre los sexos. O que renuncia a confiar al Estado y al derecho la solución de todos sus problemas.
Traduciendo ese ideario feminista al actual debate acerca del futuro de la prostitución libremente acordada entre adultos, la perspectiva es otra bien distinta. Lo que está en juego, en un momento tan decisivo como éste en que se discute su regulación legal, no es esa dignidad abstracta que confiere y supuestamente impone el género, sino la dignidad concreta de las mujeres -y hombres y travestis, por cierto- que libremente deciden ganarse la vida con el trabajo del sexo y reivindican el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. Criminalizando su entorno y sus relaciones no se les protege, sino que se les oculta en la subcultura de lo desviado, garantizando su victimización. La prohibición crea estigma, aislamiento y mayores dosis de vulnerabilidad e indefensión para sus supuestos beneficiarios. Pero, además, ¿cuál es la prostitución que se quiere abolir desde el Estado? ¿La callejera, la de los burdeles y los clubes, que son sus formas más visibles? ¿O se busca desmontar el mercado de la pornografía, las cabinas, las líneas eróticas, los anuncios y reclamos de servicios relacionados con el sexo? ¿Dónde fijar la línea de lo indigno y lo degradante? Seguramente sería preferible reservar las fuerzas para intentar erradicar la prostitución forzada, que es hoy una de las formas más graves y persistentes de violencia de género. Para ello no se precisan nuevas leyes, que ya hay bastantes; es suficiente con un buen uso judicial y político de las que tenemos. Favorecer la transparencia en el mercado de la prostitución y garantizar condiciones de legalidad para quienes denuncien prácticas de explotación sexual puede ser un buen comienzo.
jueves, 30 de marzo de 2006
Impunidad ruidosa
EL PAÍS 30/03/06
EDITORIAL
Impunidad ruidosa
España es uno de los países más ruidosos de Europa, y es exasperante la impunidad que sigue amparando determinados comportamientos, tanto públicos como privados, que contribuyen a una contaminación acústica intolerable. Pero hay que tener cuidado en no extremar o equivocar la respuesta recurriendo al Código Penal para resolver un problema que tiene una dimensión eminentemente administrativa y de orden público, en el que es esencial el papel vigilante y activo de las administraciones, y que sólo en caso de comprobados serios daños para la salud de las personas podría justificar la pena de cárcel para el infractor. El Código Penal exige proporcionalidad y congruencia pues, de lo contrario, su aplicación puede resultar como matar moscas a cañonazos. No es extraño que en alguna de las escasas condenas por ruidos habidas hasta la fecha el juez haya solicitado el indulto parcial para el condenado por estimar en exceso rigurosa la norma penal.El dueño del bar-restaurante al que la Audiencia de Barcelona ha impuesto cuatro años de cárcel por un delito de contaminación acústica se merece sin duda ser castigado con el cierre del local y con la imposición de las correspondientes multas, amén del pago de las indemnizaciones pertinentes a los dos matrimonios a los que hizo la vida imposible durante año y medio, pero parece excesivo condenarle a cuatro años de cárcel, el máximo previsto en el Código Penal para este delito. Da la impresión de que los jueces han querido compensar con dosis de rigor penal la manifiesta incuria administrativa demostrada en el caso por el Ayuntamiento de Barcelona, incapaz de hacer cumplir las ordenanzas al infractor y de amparar a los perjudicados, según señala expresamente la sentencia.
En todo caso, y sea cual sea la influencia que esa actuación municipal haya podido tener en el rigor de la condena, los jueces hacen bien en señalar la pasividad de las autoridades locales frente a un problema cuya solución depende, en gran medida, de su proceder vigilante. La ley del Ruido, aprobada en 2003 en aplicación de una directiva de la UE de 2002, proporciona por fin el marco legislativo del que deben nutrirse las normas y reglamentos de las administraciones municipales y autonómicas para combatir con eficacia una forma de contaminación, la acústica, que, según el Tribunal Constitucional, atenta contra derechos fundamentales como la salud y la intimidad personal. En esta tarea, el Código Penal sólo debe aparecer lo justo.
EDITORIAL
Impunidad ruidosa
España es uno de los países más ruidosos de Europa, y es exasperante la impunidad que sigue amparando determinados comportamientos, tanto públicos como privados, que contribuyen a una contaminación acústica intolerable. Pero hay que tener cuidado en no extremar o equivocar la respuesta recurriendo al Código Penal para resolver un problema que tiene una dimensión eminentemente administrativa y de orden público, en el que es esencial el papel vigilante y activo de las administraciones, y que sólo en caso de comprobados serios daños para la salud de las personas podría justificar la pena de cárcel para el infractor. El Código Penal exige proporcionalidad y congruencia pues, de lo contrario, su aplicación puede resultar como matar moscas a cañonazos. No es extraño que en alguna de las escasas condenas por ruidos habidas hasta la fecha el juez haya solicitado el indulto parcial para el condenado por estimar en exceso rigurosa la norma penal.El dueño del bar-restaurante al que la Audiencia de Barcelona ha impuesto cuatro años de cárcel por un delito de contaminación acústica se merece sin duda ser castigado con el cierre del local y con la imposición de las correspondientes multas, amén del pago de las indemnizaciones pertinentes a los dos matrimonios a los que hizo la vida imposible durante año y medio, pero parece excesivo condenarle a cuatro años de cárcel, el máximo previsto en el Código Penal para este delito. Da la impresión de que los jueces han querido compensar con dosis de rigor penal la manifiesta incuria administrativa demostrada en el caso por el Ayuntamiento de Barcelona, incapaz de hacer cumplir las ordenanzas al infractor y de amparar a los perjudicados, según señala expresamente la sentencia.
En todo caso, y sea cual sea la influencia que esa actuación municipal haya podido tener en el rigor de la condena, los jueces hacen bien en señalar la pasividad de las autoridades locales frente a un problema cuya solución depende, en gran medida, de su proceder vigilante. La ley del Ruido, aprobada en 2003 en aplicación de una directiva de la UE de 2002, proporciona por fin el marco legislativo del que deben nutrirse las normas y reglamentos de las administraciones municipales y autonómicas para combatir con eficacia una forma de contaminación, la acústica, que, según el Tribunal Constitucional, atenta contra derechos fundamentales como la salud y la intimidad personal. En esta tarea, el Código Penal sólo debe aparecer lo justo.
miércoles, 29 de marzo de 2006
La democracia en los partidos
ABC 29/03/06
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco
A Rosa Díez
La democracia en los partidos
... El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota...
LA democracia de los partidos políticos no es un asunto interno, sino un problema que afecta e interesa al conjunto de la sociedad. La reciente defenestración de Rosa Díez de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, perpetrada por la dirección de su partido con modos y argumentos incoherentes con los requisitos democráticos y el sentido común, acaba de actualizar ese problema, pero conviene aclarar que el PSOE no es, de ningún modo, el único partido sorprendido en semejantes tejemanejes autoritarios. Lo cierto es que son la norma, porque las deficiencias democráticas de los partidos no son de derechas ni de izquierdas: tienen poco que ver con la ideología fundadora y mucho con el modelo de organización y gestión del poder.
Los partidos están estructurados de modo que un pequeño aparato de dirección, organizado en círculos concéntricos de poderío decreciente y dependencia creciente del aparato central, gobierne sin oposición sobre un gran número de afiliados y administre, también sin oposición, un número todavía mayor de votos considerados como simples cheques en blanco extendidos a un portador al que no es posible pedirle cuentas hasta las siguientes elecciones. Por eso Popper definió la democracia como ese sistema donde todo se reduce a votar un cambio de gobierno cada cierto tiempo, y sin ninguna garantía de que el nuevo vaya a mejorar la trayectoria del precedente.
La gran paradoja es que el sistema constitucional que los partidos están llamados a legislar y gobernar tiene exigencias democráticas que aquéllos no admiten en su seno.
Las constituciones democráticas instituyen un sistema de contrapesos entre los distintos poderes que tiene la misión de frenar, compensar o corregir la tendencia a concentrar la decisión en un número muy reducido de personas, con el consiguiente incremento del abuso, la arbitrariedad y la corrupción. En realidad, un sistema democrático no es aquel donde la corrupción o los abusos sean imposibles, como piensan los afectados por el síndrome de Peter Pan, sino un sistema que permite perseguir y depurar esas conductas con garantías jurídicas. El mismo sentido tiene la limitación constitucional de competencias gubernamentales, y la preservación de los derechos inalienables -de las personas, no de los colectivos- para limitar la intromisión del legislativo y el poder judicial en las vidas privadas. Pues bien, nada de eso funciona o cuenta en los partidos políticos, donde los aparatos disfrutan de un poderío comparable al casi omnímodo de un concilio medieval: definen la doctrina y la herejía a erradicar, emiten anatemas e indulgencias y proclaman excomuniones irrevocables.
Es cierto que los estatutos de los partidos garantizan muchos derechos a los militantes e imponen numerosas limitaciones a los cargos, pero la inexistencia de competencia interna en forma de oposición reconocida, y la coincidencia de las funciones de juez y parte en los mismos círculos de poder, suelen dejarlas en nada. Todos los esfuerzos se dirigen a reforzar el monolitismo y a excluir a los disidentes, prioridad que a la larga redunda en el empobrecimiento intelectual de los cargos partidarios, cooptados entre la afiliación más sumisa y más ansiosa de disfrutar la carrera política que sólo el partido -el aparato- puede darle. Por eso la disparidad pública se entiende como una muestra dramática de división, nunca de un pluralismo no deseado, y por lo mismo se procura evitar que en los congresos del partido se presenten dos o más candidaturas a los órganos de gobierno. De ocurrir, la minoría derrotada sabe que tiene los días contados. Y es ese leviatán demoledor, irrespetuoso con las minorías, cerrado a la sociedad e impermeable a la argumentación de ideas, quien está llamado a gobernar una sociedad que pretendemos abierta, pluralista y basada en la rivalidad permanente entre ideas, grupos e intereses muy diversos, legítimos o no.
Sin embargo, no existen alternativas democráticas racionales al sistema de partidos políticos. Las opciones asamblearias, comunitaristas o corporativas acaban siendo ferozmente antidemocráticas. ¿Dónde está pues la solución? Quizás en que los partidos estén obligados a imitar el funcionamiento de la democracia, y no al contrario.
El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota. Sin embargo, la degeneración del funcionamiento interno de los partidos también acaba poniendo esto en peligro. El catalán se ha convertido en un caso paradigmático de esta deriva, y ya ha afectado a toda España.
Como es sabido, el 90 por ciento de los diputados del Parlamento catalán, con la solitaria excepción del PP, aprobaron un proyecto de Estatut inconstitucional que la mayoría de la sociedad catalana ni reclamaba ni entendía. Las encuestas más favorables coincidían en que apenas el 55 por ciento de los catalanes apoyaban el nuevo texto, y en que menos del 35 por ciento apoyan la idea de que Cataluña sea una nación. Por tanto, las razones que han movido a los partidos catalanes -y muy especialmente el PSC- a pretender lo contrario con insólita cuasiunanimidad hay que buscarlas en la lucha de los aparatos partidarios por blindar un conjunto de competencias exclusivas que nadie ajeno al establishment pueda disputarles ni revocar en el futuro: su propia carrera política. Naturalmente, este sórdido deseo de monopolio garantizado por ley -cuya muestra más elocuente es la obscena importancia política dada a la explotación del rentable aeropuerto de Barcelona- va convenientemente envuelto en la retórica emocional del nacionalismo más rancio y decimonónico. Pero con el nuevo Estatut, Cataluña no es siquiera una romántica nación cultural, es simplemente una carrera política reservada a los aparatos partidarios.
¿Podrían mejorar este panorama reformas como las listas abiertas, la tutela legal y judicial de la democracia en los partidos, considerada como asunto de interés público y no privado, o un funcionamiento de las instituciones parlamentarias menos sometidas a la disciplina del voto? Es posible, o quizá no. De cualquier manera, ya es hora de tomar conciencia de que algunos de los peores problemas políticos que padecemos -Estatut catalán y normalización vasca, por ejemplo- obedecen, en realidad, a problemas internos que los partidos exportan unilateralmente al conjunto de la sociedad.
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN. Profesor de Filosofía. Universidad del País Vasco
A Rosa Díez
La democracia en los partidos
... El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota...
LA democracia de los partidos políticos no es un asunto interno, sino un problema que afecta e interesa al conjunto de la sociedad. La reciente defenestración de Rosa Díez de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, perpetrada por la dirección de su partido con modos y argumentos incoherentes con los requisitos democráticos y el sentido común, acaba de actualizar ese problema, pero conviene aclarar que el PSOE no es, de ningún modo, el único partido sorprendido en semejantes tejemanejes autoritarios. Lo cierto es que son la norma, porque las deficiencias democráticas de los partidos no son de derechas ni de izquierdas: tienen poco que ver con la ideología fundadora y mucho con el modelo de organización y gestión del poder.
Los partidos están estructurados de modo que un pequeño aparato de dirección, organizado en círculos concéntricos de poderío decreciente y dependencia creciente del aparato central, gobierne sin oposición sobre un gran número de afiliados y administre, también sin oposición, un número todavía mayor de votos considerados como simples cheques en blanco extendidos a un portador al que no es posible pedirle cuentas hasta las siguientes elecciones. Por eso Popper definió la democracia como ese sistema donde todo se reduce a votar un cambio de gobierno cada cierto tiempo, y sin ninguna garantía de que el nuevo vaya a mejorar la trayectoria del precedente.
La gran paradoja es que el sistema constitucional que los partidos están llamados a legislar y gobernar tiene exigencias democráticas que aquéllos no admiten en su seno.
Las constituciones democráticas instituyen un sistema de contrapesos entre los distintos poderes que tiene la misión de frenar, compensar o corregir la tendencia a concentrar la decisión en un número muy reducido de personas, con el consiguiente incremento del abuso, la arbitrariedad y la corrupción. En realidad, un sistema democrático no es aquel donde la corrupción o los abusos sean imposibles, como piensan los afectados por el síndrome de Peter Pan, sino un sistema que permite perseguir y depurar esas conductas con garantías jurídicas. El mismo sentido tiene la limitación constitucional de competencias gubernamentales, y la preservación de los derechos inalienables -de las personas, no de los colectivos- para limitar la intromisión del legislativo y el poder judicial en las vidas privadas. Pues bien, nada de eso funciona o cuenta en los partidos políticos, donde los aparatos disfrutan de un poderío comparable al casi omnímodo de un concilio medieval: definen la doctrina y la herejía a erradicar, emiten anatemas e indulgencias y proclaman excomuniones irrevocables.
Es cierto que los estatutos de los partidos garantizan muchos derechos a los militantes e imponen numerosas limitaciones a los cargos, pero la inexistencia de competencia interna en forma de oposición reconocida, y la coincidencia de las funciones de juez y parte en los mismos círculos de poder, suelen dejarlas en nada. Todos los esfuerzos se dirigen a reforzar el monolitismo y a excluir a los disidentes, prioridad que a la larga redunda en el empobrecimiento intelectual de los cargos partidarios, cooptados entre la afiliación más sumisa y más ansiosa de disfrutar la carrera política que sólo el partido -el aparato- puede darle. Por eso la disparidad pública se entiende como una muestra dramática de división, nunca de un pluralismo no deseado, y por lo mismo se procura evitar que en los congresos del partido se presenten dos o más candidaturas a los órganos de gobierno. De ocurrir, la minoría derrotada sabe que tiene los días contados. Y es ese leviatán demoledor, irrespetuoso con las minorías, cerrado a la sociedad e impermeable a la argumentación de ideas, quien está llamado a gobernar una sociedad que pretendemos abierta, pluralista y basada en la rivalidad permanente entre ideas, grupos e intereses muy diversos, legítimos o no.
Sin embargo, no existen alternativas democráticas racionales al sistema de partidos políticos. Las opciones asamblearias, comunitaristas o corporativas acaban siendo ferozmente antidemocráticas. ¿Dónde está pues la solución? Quizás en que los partidos estén obligados a imitar el funcionamiento de la democracia, y no al contrario.
El sistema democrático funciona mejor o peor gracias al sistema constitucional de equilibrio de poderes y contrapoderes, y sobre todo por la concurrencia de partidos rivales que compiten entre sí, obligando al otro a moderarse y a tratar de sintonizar con la ciudadanía que le vota. Sin embargo, la degeneración del funcionamiento interno de los partidos también acaba poniendo esto en peligro. El catalán se ha convertido en un caso paradigmático de esta deriva, y ya ha afectado a toda España.
Como es sabido, el 90 por ciento de los diputados del Parlamento catalán, con la solitaria excepción del PP, aprobaron un proyecto de Estatut inconstitucional que la mayoría de la sociedad catalana ni reclamaba ni entendía. Las encuestas más favorables coincidían en que apenas el 55 por ciento de los catalanes apoyaban el nuevo texto, y en que menos del 35 por ciento apoyan la idea de que Cataluña sea una nación. Por tanto, las razones que han movido a los partidos catalanes -y muy especialmente el PSC- a pretender lo contrario con insólita cuasiunanimidad hay que buscarlas en la lucha de los aparatos partidarios por blindar un conjunto de competencias exclusivas que nadie ajeno al establishment pueda disputarles ni revocar en el futuro: su propia carrera política. Naturalmente, este sórdido deseo de monopolio garantizado por ley -cuya muestra más elocuente es la obscena importancia política dada a la explotación del rentable aeropuerto de Barcelona- va convenientemente envuelto en la retórica emocional del nacionalismo más rancio y decimonónico. Pero con el nuevo Estatut, Cataluña no es siquiera una romántica nación cultural, es simplemente una carrera política reservada a los aparatos partidarios.
¿Podrían mejorar este panorama reformas como las listas abiertas, la tutela legal y judicial de la democracia en los partidos, considerada como asunto de interés público y no privado, o un funcionamiento de las instituciones parlamentarias menos sometidas a la disciplina del voto? Es posible, o quizá no. De cualquier manera, ya es hora de tomar conciencia de que algunos de los peores problemas políticos que padecemos -Estatut catalán y normalización vasca, por ejemplo- obedecen, en realidad, a problemas internos que los partidos exportan unilateralmente al conjunto de la sociedad.
Objetivo, funcionario
EL PAÍS 29/03/06
J. M. M. F. - París
Objetivo, funcionario
Tres de cada cuatro jóvenes franceses quieren trabajar para el Estado y la mayoría trata de conservar la seguridad de un modelo en crisis
Un 75% de los jóvenes franceses quieren ser funcionarios, según un reciente informe del Senado. En Francia hay 3,5 millones de parados y 1,5 millones de erremistas (que reciben el ingreso mínimo de inserción, RMI en sus siglas en francés). Desde hace dos décadas el desempleo se mantiene en torno al 10% y entre los jóvenes alcanza cifras superiores al 23%, que en los barrios más desfavorecidos, aquellos que vieron arder cientos de coches el pasado otoño, sube hasta el 45%.
Tradición cultural aparte, el actual modelo social francés nace originalmente del programa de la Resistencia contra la ocupación nazi, de fuerte influencia comunista, y se desarrolla en el contexto de la gran industrialización de las décadas de 1950 y 1960 que generaron el consumo de masas. La generación de riqueza fue acompañada de grandes beneficios para los trabajadores. Todo fue bien hasta que se acabaron los "30 gloriosos", las tres décadas en las que Europa occidental desarrolló uno de los modelos sociales más prósperos de la historia. Cuando en la década de 1980 llegó el desempleo, el modelo empezó a hacer aguas.
Pero Francia ha seguido manteniéndolo contra viento y marea, pese a que las fisuras son cada vez más evidentes. La deuda pública ha pasado en 15 años del 20% del producto interior bruto (PIB) al 66% y ha alcanzado la cifra gigantesca de 1,1 billones de euros. La gran industria sigue siendo eficaz, aunque cada vez más a menudo deslocaliza sus fábricas. La mediana y pequeña industria, sin embargo, no puede competir dentro de un modelo laboral que sigue protegiendo el puesto de trabajo como algo indestructible, pero no protege al trabajador.
Pero la sociedad francesa se niega a introducir cambios y atribuye todos sus problemas a la globalización -pese a que es uno de los países que más se benefician de ella- por más que la precariedad laboral ya sea un hecho a través de los numerosos contratos temporales. Los franceses quieren conservar la ilusión de una seguridad absoluta. Una joven de 18 años explicaba ayer en la marcha las razones por las que había salido a la calle. "Quiero poder comprarme cosas a crédito; quiero poder alquilar una buena casa; quiero un contrato indefinido para poder llevar una vida tranquila y segura".
El igualitarismo, por otra parte, es una de las características de esta sociedad rica, cultivada y bien preparada, por más que tenga una importante tasa de fracaso escolar. Y casi ningún político se atreve con este tabú en una sociedad que reúne la paradoja de ser conservadora y totalmente escorada hacia la izquierda en lo ideológico. Una de las frases que más repite Sarkozy es que en Francia se castiga el éxito.
Los franceses están gobernados por un Ejecutivo de derechas; la derecha tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y la última elección enfrentó a un candidato conservador con otro de extrema derecha. Sin embargo, la sociedad considera que el líder laborista británico Tony Blair, cuyo partido forma parte de la Internacional Socialista, es el epítome del liberalismo neoconservador.
J. M. M. F. - París
Objetivo, funcionario
Tres de cada cuatro jóvenes franceses quieren trabajar para el Estado y la mayoría trata de conservar la seguridad de un modelo en crisis
Un 75% de los jóvenes franceses quieren ser funcionarios, según un reciente informe del Senado. En Francia hay 3,5 millones de parados y 1,5 millones de erremistas (que reciben el ingreso mínimo de inserción, RMI en sus siglas en francés). Desde hace dos décadas el desempleo se mantiene en torno al 10% y entre los jóvenes alcanza cifras superiores al 23%, que en los barrios más desfavorecidos, aquellos que vieron arder cientos de coches el pasado otoño, sube hasta el 45%.
Tradición cultural aparte, el actual modelo social francés nace originalmente del programa de la Resistencia contra la ocupación nazi, de fuerte influencia comunista, y se desarrolla en el contexto de la gran industrialización de las décadas de 1950 y 1960 que generaron el consumo de masas. La generación de riqueza fue acompañada de grandes beneficios para los trabajadores. Todo fue bien hasta que se acabaron los "30 gloriosos", las tres décadas en las que Europa occidental desarrolló uno de los modelos sociales más prósperos de la historia. Cuando en la década de 1980 llegó el desempleo, el modelo empezó a hacer aguas.
Pero Francia ha seguido manteniéndolo contra viento y marea, pese a que las fisuras son cada vez más evidentes. La deuda pública ha pasado en 15 años del 20% del producto interior bruto (PIB) al 66% y ha alcanzado la cifra gigantesca de 1,1 billones de euros. La gran industria sigue siendo eficaz, aunque cada vez más a menudo deslocaliza sus fábricas. La mediana y pequeña industria, sin embargo, no puede competir dentro de un modelo laboral que sigue protegiendo el puesto de trabajo como algo indestructible, pero no protege al trabajador.
Pero la sociedad francesa se niega a introducir cambios y atribuye todos sus problemas a la globalización -pese a que es uno de los países que más se benefician de ella- por más que la precariedad laboral ya sea un hecho a través de los numerosos contratos temporales. Los franceses quieren conservar la ilusión de una seguridad absoluta. Una joven de 18 años explicaba ayer en la marcha las razones por las que había salido a la calle. "Quiero poder comprarme cosas a crédito; quiero poder alquilar una buena casa; quiero un contrato indefinido para poder llevar una vida tranquila y segura".
El igualitarismo, por otra parte, es una de las características de esta sociedad rica, cultivada y bien preparada, por más que tenga una importante tasa de fracaso escolar. Y casi ningún político se atreve con este tabú en una sociedad que reúne la paradoja de ser conservadora y totalmente escorada hacia la izquierda en lo ideológico. Una de las frases que más repite Sarkozy es que en Francia se castiga el éxito.
Los franceses están gobernados por un Ejecutivo de derechas; la derecha tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y la última elección enfrentó a un candidato conservador con otro de extrema derecha. Sin embargo, la sociedad considera que el líder laborista británico Tony Blair, cuyo partido forma parte de la Internacional Socialista, es el epítome del liberalismo neoconservador.
martes, 28 de marzo de 2006
Ser liberal
ABC 28/03/06
JOSÉ MARÍA LASALLE
Ser liberal
EL siglo XXI exige de los liberales una actitud beligerante a favor de la libertad. Porque ser liberal significa admirarse, como decía Tocqueville, por los prodigios que provoca la libertad cuando actúa liberada de ataduras intervencionistas. En este sentido, el liberal es siempre crítico frente al intervencionismo, venga de donde venga. Las coordenadas liberales fueron trazadas con nitidez dentro de una secuencia histórica instalada en un racionalismo crítico, empirista y nominalista que hizo -y hace- de la libertad, entendida en su sentido más amplio, el único instrumento de legitimación moral de cualquier política que se reclame públicamente como liberal.
Bastaría leer el discurso fúnebre a los caídos atenienses atribuido por Tucídides a Pericles para comprender dónde están las claves originarias de un liberalismo que ha sido siempre respetuoso con las religiones y el Estado, pero siempre y cuando no coarten la libertad del individuo y la sociedad civil para decidir sobre su autonomía moral, política, social y económica. Quien quiera comprender la mente y la idiosincrasia de un liberal debe instalarse en una cadena reflexiva que lleva de los sofistas griegos descritos por Popper hasta autores del siglo XX que, como el propio Popper, Berlin, Aron, Revel o Dahrendorf, entre otros, han sido siempre celosos defensores de la libertad de la persona en todos los órdenes de la vida. Quizá sus precedentes teóricos más sólidos se encuentran, como vio Hayek (que era un conservador con vocación liberal), en el mundo anglosajón y en la corriente continental europea que es deudora de él. En este escenario geográfico y teórico se ubica una tradición intelectual que habitan nombres como Locke, Hutcheson, Ferguson, Smith, los fisiócratas, Jefferson, Franklin, los liberales gaditanos, Tocqueville, los doctrinarios franceses, Constant e, incluso, el católico Acton, que fue capaz de batallar desde sus convicciones por una autonomía conceptual liberal disociada del pensamiento escolástico y del esencialismo de los universales, y que, en realidad, no es más que una actualización del viejo discurso evangélico de dar «a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César».
Sería bueno comprender que el liberal es, por fundamento, un enemigo de la intransigencia religiosa y laicista. De hecho, la intransigencia y, asociado a ella, el radicalismo -moral o estatista-, le ponen los pelos de punta, tanto por razones éticas como estéticas. De ahí que Marañón insistiera en que ser liberal es antes que cualquier otra cosa una cuestión de carácter. Quizá por eso, el liberal ha sido siempre incómodo por su potencialidad respetuosamente heterodoxa, crítica y escéptica. Su disposición hacia el dominio de la inteligencia práctica y científica sobre las pasiones y el irracionalismo dogmático -entendido también en un sentido amplio- ha sido un rasgo distinto de la actitud liberal frente a la vida. Su defensa de una amplitud de miras no sectaria le ha llevado siempre a tratar de entender a quienes no piensan como él, lo cual no ha significado nunca -como señalaba Berlin- aprobar sus razonamientos. En este sentido, el liberal es siempre moderado, tolerante y respetuoso de las formas, pero sin renunciar a la batalla de las ideas y a la confrontación teórica con sus adversarios aunque, eso sí, dentro de unos límites morales explícitos: nunca se puede ser tolerante con los intolerantes y los violentos.
Receloso de cualquier fórmula patriarcal y estatista, el liberal ha puesto siempre la proa frente a cualquier ingeniería social llevada a cabo en nombre de la justicia colectiva, humana o divina. Para el liberal, la dignidad del hombre es sagrada. Ya sea a la hora de organizar su vida afectiva, moral, económica o social. No en balde los liberales llegan en el siglo XVIII a la defensa del mercado y su espontaneidad después de haber defendido con igual intensidad la autonomía moral de la sociedad y de la persona frente al patriarcalismo del Antiguo Régimen. Adam Smith nos depara La riqueza de las naciones después de recorrer el camino de La teoría de los sentimientos, siguiendo la estela de Locke, y no al revés. Aquí, precisamente, hay una diferencia notable con los conservadores y sustancial con los socialistas. En honor a la verdad, la diferencia con los primeros no ha sido nunca incompatible -siempre y cuando rebajen su compromiso con la Tradición y no crean que el liberalismo tan sólo es económico-, mientras que con los segundos la aproximación ha sido imposible. El dirigismo planificador y la moralización estatista de éstos ha sido extraordinariamente destructivo para la capacidad autorreguladora de la sociedad civil y el mercado.
Así las cosas, entrado el siglo XXI se hace más necesario que nunca una revitalización vigorosa del liberalismo. Las llamadas Revoluciones Atlánticas son el producto histórico del liberalismo y, hoy, el soporte de la gran revolución silenciosa que subyace implícitamente en el discurso posmoderno de la globalización. La amenaza totalitaria surgida con el islamismo integrista, la deriva radical de la izquierda posmarxista y la emergencia de nuevas formas de populismo nacionalista que recuperan en Europa la efervescencia sentimental de aquella «Konservative Revolution» alemana del periodo de entreguerras exigen de los liberales centrarse con mayor intensidad en la defensa sin complejos de la libertad. El ejemplo orgulloso de la Constitución de 1812 es el camino.
JOSÉ MARÍA LASALLE
Ser liberal
EL siglo XXI exige de los liberales una actitud beligerante a favor de la libertad. Porque ser liberal significa admirarse, como decía Tocqueville, por los prodigios que provoca la libertad cuando actúa liberada de ataduras intervencionistas. En este sentido, el liberal es siempre crítico frente al intervencionismo, venga de donde venga. Las coordenadas liberales fueron trazadas con nitidez dentro de una secuencia histórica instalada en un racionalismo crítico, empirista y nominalista que hizo -y hace- de la libertad, entendida en su sentido más amplio, el único instrumento de legitimación moral de cualquier política que se reclame públicamente como liberal.
Bastaría leer el discurso fúnebre a los caídos atenienses atribuido por Tucídides a Pericles para comprender dónde están las claves originarias de un liberalismo que ha sido siempre respetuoso con las religiones y el Estado, pero siempre y cuando no coarten la libertad del individuo y la sociedad civil para decidir sobre su autonomía moral, política, social y económica. Quien quiera comprender la mente y la idiosincrasia de un liberal debe instalarse en una cadena reflexiva que lleva de los sofistas griegos descritos por Popper hasta autores del siglo XX que, como el propio Popper, Berlin, Aron, Revel o Dahrendorf, entre otros, han sido siempre celosos defensores de la libertad de la persona en todos los órdenes de la vida. Quizá sus precedentes teóricos más sólidos se encuentran, como vio Hayek (que era un conservador con vocación liberal), en el mundo anglosajón y en la corriente continental europea que es deudora de él. En este escenario geográfico y teórico se ubica una tradición intelectual que habitan nombres como Locke, Hutcheson, Ferguson, Smith, los fisiócratas, Jefferson, Franklin, los liberales gaditanos, Tocqueville, los doctrinarios franceses, Constant e, incluso, el católico Acton, que fue capaz de batallar desde sus convicciones por una autonomía conceptual liberal disociada del pensamiento escolástico y del esencialismo de los universales, y que, en realidad, no es más que una actualización del viejo discurso evangélico de dar «a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César».
Sería bueno comprender que el liberal es, por fundamento, un enemigo de la intransigencia religiosa y laicista. De hecho, la intransigencia y, asociado a ella, el radicalismo -moral o estatista-, le ponen los pelos de punta, tanto por razones éticas como estéticas. De ahí que Marañón insistiera en que ser liberal es antes que cualquier otra cosa una cuestión de carácter. Quizá por eso, el liberal ha sido siempre incómodo por su potencialidad respetuosamente heterodoxa, crítica y escéptica. Su disposición hacia el dominio de la inteligencia práctica y científica sobre las pasiones y el irracionalismo dogmático -entendido también en un sentido amplio- ha sido un rasgo distinto de la actitud liberal frente a la vida. Su defensa de una amplitud de miras no sectaria le ha llevado siempre a tratar de entender a quienes no piensan como él, lo cual no ha significado nunca -como señalaba Berlin- aprobar sus razonamientos. En este sentido, el liberal es siempre moderado, tolerante y respetuoso de las formas, pero sin renunciar a la batalla de las ideas y a la confrontación teórica con sus adversarios aunque, eso sí, dentro de unos límites morales explícitos: nunca se puede ser tolerante con los intolerantes y los violentos.
Receloso de cualquier fórmula patriarcal y estatista, el liberal ha puesto siempre la proa frente a cualquier ingeniería social llevada a cabo en nombre de la justicia colectiva, humana o divina. Para el liberal, la dignidad del hombre es sagrada. Ya sea a la hora de organizar su vida afectiva, moral, económica o social. No en balde los liberales llegan en el siglo XVIII a la defensa del mercado y su espontaneidad después de haber defendido con igual intensidad la autonomía moral de la sociedad y de la persona frente al patriarcalismo del Antiguo Régimen. Adam Smith nos depara La riqueza de las naciones después de recorrer el camino de La teoría de los sentimientos, siguiendo la estela de Locke, y no al revés. Aquí, precisamente, hay una diferencia notable con los conservadores y sustancial con los socialistas. En honor a la verdad, la diferencia con los primeros no ha sido nunca incompatible -siempre y cuando rebajen su compromiso con la Tradición y no crean que el liberalismo tan sólo es económico-, mientras que con los segundos la aproximación ha sido imposible. El dirigismo planificador y la moralización estatista de éstos ha sido extraordinariamente destructivo para la capacidad autorreguladora de la sociedad civil y el mercado.
Así las cosas, entrado el siglo XXI se hace más necesario que nunca una revitalización vigorosa del liberalismo. Las llamadas Revoluciones Atlánticas son el producto histórico del liberalismo y, hoy, el soporte de la gran revolución silenciosa que subyace implícitamente en el discurso posmoderno de la globalización. La amenaza totalitaria surgida con el islamismo integrista, la deriva radical de la izquierda posmarxista y la emergencia de nuevas formas de populismo nacionalista que recuperan en Europa la efervescencia sentimental de aquella «Konservative Revolution» alemana del periodo de entreguerras exigen de los liberales centrarse con mayor intensidad en la defensa sin complejos de la libertad. El ejemplo orgulloso de la Constitución de 1812 es el camino.
Antiguallas
EL PAÍS 28/03/06
ROSA MONTERO
Antiguallas
Ya lo escribió el otro día la estupenda Sol Gallego, quitándome las palabras de la boca: éstos de ETA son una antigualla. Yo no sé si desaparecerán en esta ocasión, pero lo que es seguro es que terminarán por autodestruirse, porque no se puede ser tan absurdo y tan paleto. Esa foto de la lectura del comunicado, en la que se les ve a todos vestidos de negro, con capuchas blancas como del Ku-Klux-Klan y unas chapelas oscuras inenarrablemente caladas sobre las caperuzas, parece el cartel de una película bufa de terror, algo así como Los colegas de Freddy, entrega II (puede que en el próximo retrato oficial se pongan cuchillas en las uñas). Qué diferencia de aquella otra foto tomada cuando los poli-milis de ETA declararon que abandonaban la lucha. Estaban todos tan normales, a cara descubierta, sin escenografías truculentas de hachas con serpientes enroscadas. Han pasado veintitantos años de aquel día, pero los polimilis del retrato parecen mucho más fiables, más atractivos y más modernos que estos tipos estrafalariamente vestidos de Halloween.
No alcanzo a entender cómo hay gente que sigue apoyando los nacionalismos exasperados, cuando son unos movimientos tan rematadamente antiguos y demodés. Tomemos, por ejemplo, a los de ERC, que han llegado a los departamentos que controlan de la Generalitat como si se trataran de una huerta propia. Y así, han establecido que dirigentes y empleados deben dar un porcentaje de su sueldo para el partido, y además invitan a inscribirse como simpatizantes a todos los currantes no afiliados. Esta bonita maniobra, este modelo de gestión política y administrativa, en fin, se parece demasiado al caciquismo más arcaico, una lacra vetusta que yo creía que la democracia estaba eliminando. Pero no, quedan estas islas de primitivismo ultranacionalista, de añoranza retrógrada. ¿Qué mérito tiene el haber nacido en un lugar u otro por pura chiripa? Yo misma preferiría ser canadiense, por ejemplo, si no fuera por esas miserables matanzas de focas que organizan. En el mundo cada vez más pequeño del siglo XXI, ser nacionalista furibundo es una cosa tan rancia y tan ridícula como llevar peluca empolvada y miriñaque.
ROSA MONTERO
Antiguallas
Ya lo escribió el otro día la estupenda Sol Gallego, quitándome las palabras de la boca: éstos de ETA son una antigualla. Yo no sé si desaparecerán en esta ocasión, pero lo que es seguro es que terminarán por autodestruirse, porque no se puede ser tan absurdo y tan paleto. Esa foto de la lectura del comunicado, en la que se les ve a todos vestidos de negro, con capuchas blancas como del Ku-Klux-Klan y unas chapelas oscuras inenarrablemente caladas sobre las caperuzas, parece el cartel de una película bufa de terror, algo así como Los colegas de Freddy, entrega II (puede que en el próximo retrato oficial se pongan cuchillas en las uñas). Qué diferencia de aquella otra foto tomada cuando los poli-milis de ETA declararon que abandonaban la lucha. Estaban todos tan normales, a cara descubierta, sin escenografías truculentas de hachas con serpientes enroscadas. Han pasado veintitantos años de aquel día, pero los polimilis del retrato parecen mucho más fiables, más atractivos y más modernos que estos tipos estrafalariamente vestidos de Halloween.
No alcanzo a entender cómo hay gente que sigue apoyando los nacionalismos exasperados, cuando son unos movimientos tan rematadamente antiguos y demodés. Tomemos, por ejemplo, a los de ERC, que han llegado a los departamentos que controlan de la Generalitat como si se trataran de una huerta propia. Y así, han establecido que dirigentes y empleados deben dar un porcentaje de su sueldo para el partido, y además invitan a inscribirse como simpatizantes a todos los currantes no afiliados. Esta bonita maniobra, este modelo de gestión política y administrativa, en fin, se parece demasiado al caciquismo más arcaico, una lacra vetusta que yo creía que la democracia estaba eliminando. Pero no, quedan estas islas de primitivismo ultranacionalista, de añoranza retrógrada. ¿Qué mérito tiene el haber nacido en un lugar u otro por pura chiripa? Yo misma preferiría ser canadiense, por ejemplo, si no fuera por esas miserables matanzas de focas que organizan. En el mundo cada vez más pequeño del siglo XXI, ser nacionalista furibundo es una cosa tan rancia y tan ridícula como llevar peluca empolvada y miriñaque.
Un Gobierno
EL MUNDO, 28 de marzo de 2006
ARCADI ESPADA
Un Gobierno
El PSC, ERC e IC suscriben el Pacto del Tinell para formar gobierno: se comprometen a no establecer «ningún acuerdo» con el PP y a impedir su presencia en el Gobierno del Estado. El consejero jefe, Carod-Rovira, se reúne con dirigentes de ETA: después cesa en el Gobierno. Destituido el secretario de Comunicación por un informe donde se clasifica a los medios según su hostilidad o afinidad con el poder político. La Federación Internacional de Patinaje no admite el ingreso de la selección catalana: Carod llama al boicot contra Madrid, ciudad olímpica: se desencadena en España un boicot al cava. Hundimientos en el Carmelo barcelonés: el nuevo secretario de Comunicación prohíbe el acceso a los medios a determinadas áreas del barrio. Maragall acusa a CiU de tener un problema llamado 3%: Mas entiende la cifra y el problema, y amenaza con frustrar la redacción del Estatut si Maragall no retira la acusación: es retirada. Respecto de la actitud de la oposición política y mediática, el presidente afirma que se siente como una mujer maltratada. Durante un viaje a Israel, Maragall y Carod bromean con una corona de espinas. El Fórum de las Culturas acaba con fracaso económico y de audiencia. En plena negociación sobre la financiación autonómica, el consejero de Iniciativa, Joan Saura, afirma que es preciso poner límites a la solidaridad entre españoles. Se extiende el boicot a todo tipo de productos catalanes. Maragall declara en México: «La lengua catalana era como nuestro ADN, el material genético que nos definía. Con él, éramos quienes éramos en cualquier parte. Sin él, no seríamos quienes éramos». El presidente propone el ingreso de Cataluña en el espacio francófono. Huguet, consejero de Comercio, advierte de que si «falla» el Estatut, se generará una «crisis social» y «guerra civil», entre comillas, en Cataluña que ERC girará en contra de España «como si fuera Els Segadors». El Parlamento aprueba una propuesta de Estatuto en cuyo Preámbulo se asegura que «Cataluña ha modelado un paisaje». Se abren oficinas donde los ciudadanos pueden denunciar a ciudadanos que infrinjan la Ley de Política Lingüística. El presidente anuncia una remodelación de su Gobierno, y ERC se la prohíbe. Una ley detalla las funciones del Consejo Audiovisual de Cataluña: entre ellas el establecimiento de la veracidad informativa. Se divulga que el Gobierno ha gastado 56 millones en informes de asesoría de gestión, fundamentalmente propagandísticos. ERC vota no al Estatuto en el Congreso. El consejero Carretero califica a Zapatero de «demagogo españolista» y le achaca que el Estatut haya sido un desastre: el consejero sigue en su puesto. ERC exige a empleados de la Generalitat el pago de cuotas al partido si quieren mantener su trabajo.
-
(Coda: «Sólo pido paciencia, infinita paciencia y determinación a capazos para aquellos que quieran no la espuma del cambio sino el cambio de veras». Pasqual Maragall, discurso de toma de posesión, 20 de diciembre de 2003).
ARCADI ESPADA
Un Gobierno
El PSC, ERC e IC suscriben el Pacto del Tinell para formar gobierno: se comprometen a no establecer «ningún acuerdo» con el PP y a impedir su presencia en el Gobierno del Estado. El consejero jefe, Carod-Rovira, se reúne con dirigentes de ETA: después cesa en el Gobierno. Destituido el secretario de Comunicación por un informe donde se clasifica a los medios según su hostilidad o afinidad con el poder político. La Federación Internacional de Patinaje no admite el ingreso de la selección catalana: Carod llama al boicot contra Madrid, ciudad olímpica: se desencadena en España un boicot al cava. Hundimientos en el Carmelo barcelonés: el nuevo secretario de Comunicación prohíbe el acceso a los medios a determinadas áreas del barrio. Maragall acusa a CiU de tener un problema llamado 3%: Mas entiende la cifra y el problema, y amenaza con frustrar la redacción del Estatut si Maragall no retira la acusación: es retirada. Respecto de la actitud de la oposición política y mediática, el presidente afirma que se siente como una mujer maltratada. Durante un viaje a Israel, Maragall y Carod bromean con una corona de espinas. El Fórum de las Culturas acaba con fracaso económico y de audiencia. En plena negociación sobre la financiación autonómica, el consejero de Iniciativa, Joan Saura, afirma que es preciso poner límites a la solidaridad entre españoles. Se extiende el boicot a todo tipo de productos catalanes. Maragall declara en México: «La lengua catalana era como nuestro ADN, el material genético que nos definía. Con él, éramos quienes éramos en cualquier parte. Sin él, no seríamos quienes éramos». El presidente propone el ingreso de Cataluña en el espacio francófono. Huguet, consejero de Comercio, advierte de que si «falla» el Estatut, se generará una «crisis social» y «guerra civil», entre comillas, en Cataluña que ERC girará en contra de España «como si fuera Els Segadors». El Parlamento aprueba una propuesta de Estatuto en cuyo Preámbulo se asegura que «Cataluña ha modelado un paisaje». Se abren oficinas donde los ciudadanos pueden denunciar a ciudadanos que infrinjan la Ley de Política Lingüística. El presidente anuncia una remodelación de su Gobierno, y ERC se la prohíbe. Una ley detalla las funciones del Consejo Audiovisual de Cataluña: entre ellas el establecimiento de la veracidad informativa. Se divulga que el Gobierno ha gastado 56 millones en informes de asesoría de gestión, fundamentalmente propagandísticos. ERC vota no al Estatuto en el Congreso. El consejero Carretero califica a Zapatero de «demagogo españolista» y le achaca que el Estatut haya sido un desastre: el consejero sigue en su puesto. ERC exige a empleados de la Generalitat el pago de cuotas al partido si quieren mantener su trabajo.
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(Coda: «Sólo pido paciencia, infinita paciencia y determinación a capazos para aquellos que quieran no la espuma del cambio sino el cambio de veras». Pasqual Maragall, discurso de toma de posesión, 20 de diciembre de 2003).
lunes, 27 de marzo de 2006
Lo que Rajoy debería decir mañana en La Moncloa
Expansión 27/03/06
Tom Burns
Lo que Rajoy debería decir mañana en La Moncloa
Después de digerir lo mucho que se ha dicho y escrito desde que ETA anunció un “alto el fuego permanente”, el miércoles pasado, ensayemos lo que debería decir Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero cuando mañana acuda al Palacio de la Moncloa. Hagamos un guión que revise la oportunidad política que se presenta, el marco democrático y los derechos inalienables a la libertad y la vida. Por mi parte, ofrezco el siguente.
Como hombre con una larga carrera ministerial a sus espaldas y líder de una leal oposición que constituye la garantía, fundamental en toda democracia, de una alternancia de poder, Rajoy debería comenzar con el ofrecimiento de su total apoyo a las negociaciones que en su día iniciará el Gobierno legítimo de la nación con la banda terrorista. Esta mesa negociadora, por utilizar el léxico actual, tiene como función la de resolver el problema personal, por llamarlo de alguna manera, de los miembros de ETA y de su entorno, y el de las víctimas de sus acciones. Habrá que discutir sobre amnistías, entrega de armas y compensaciones, y también asumir calendarios, compromisos y garantías, y mecanismos que velen por su cumplimiento. Serán negociaciones muy complejas pero, al menos, existen precedentes de procesos más o menos comparables. A continuación, Rajoy debería dejar asentado el juicio que le merece ETA a él y a todo el que crea en los inalienables derechos aludidos, y en el generoso ejercicio de la tolerancia, la transacción y la convivencia. Debería empezar diciendo que la ejemplar transición política que protagonizó la ciudadanía española desveló la verdadera condición de la banda terrorista. ETA detesta la democracia, y la odia con mucha mayor intensidad de la que puso en el odio al franquismo. Es útil hablar al presidente del Gobierno sobre el franquismo porque parece darle muchas vueltas a la dictadura, y esto de los odios no lo digo yo sino Jon Juaristi, que conoce a fondo tanto a la banda como a la melancólica tribu nacionalista que la engendró. “Ningún franquista llegó al grado de aversión a las libertades cívicas propio de los etarras, porque ETA no es solamente un producto del franquismo, sino su degeneración más extrema”, escribió Juaristi en el prólogo de un penetrante ensayo que el profesor José Varela Ortega publicó en 2001 bajo el título Contra la violencia. “[ETA] representa una forma acabada de totalitarismo nacida de la simbiosis del franquismo de la posguerra con la más antidemocrática de las tendencias no erradicables del nacionalismo vasco: la del integrismo aranista”.Es necesario expresar este juicio, absolutamente certero, de ETA porque es imprescindible oponerse con total firmeza a la pretensión de crear, al margen del Parlamento vasco, una segunda mesa para negociar una normalización política cuyo punto de partida sería lo que la familia nacionalista llama los “derechos de Euskal Herría”. Esta mesa tiene como único asunto en su orden del día el de paz por soberanía, y es la reedición del Pacto de Estella, en el cual el PNV pretendía recoger las nueces del árbol que ETA agitó. Y esto, que hablando en plata es premiar la violencia, es una línea roja infranqueable. Populismo nacionalistaEn su ensayo, subtitulado A propósito del nacional-socialismo alemán y del vasco, Varela Ortega analiza la fascinación por el populismo nacionalista violento que, a partir de 1930, infectó a parte de la derecha católica alemana, y el optimismo voluntarista que estos padecieron con su ambición de hurtar y manipular el capital político y social de los nazis. Se montaron a lomos de la fiera totalitaria con el fin de adiestrarla, y acabaron, como suele ocurrir en estos ejercicios de doma, devorados. Y con ellos, los derechos inalienables de millones de sus semejantes. ¿Los imita ahora el PNV? La película del apaciguamiento ya se rodó entre las dos guerras mundiales y sabemos cómo terminó el guión.Rajoy, por último, debería decir a Zapatero que, si de lo que se trata es de abrir un nuevo proceso constituyente, pues que muy bien, que esto se puede discutir, como se puede discutir todo. El presidente del Gobierno tiene derecho a pensar que toca abrir tal proceso a más de un cuarto de siglo del último, y de articularlo. Ahora bien, esto ha de hacerse con la condición de que se discuta sobre ello abiertamente, con franqueza y lealtad, con el principal partido de la oposición; con el partido que ha gobernado legítimamente y cuya vuelta al Gobierno es no sólo legítima, sino deseable, en función de esa alternancia en el poder que distingue la democracia del totalitarismo. El “alto el fuego permanente”, anunciado por ETA el día siguiente del acuerdo sobre el Estatut, sin duda abre la posibilidad de un antes y un después. Pero el camino que se abre ha de ser recorrido por los dos grandes partido juntos. Rajoy debería decir a Zapatero que un proceso constituyente no se negocia exclusivamente con partidos periféricos, nacionalistas, cuando no extremistas. Eso, como nos recuerda Varela Ortega, es volver a Azaña y a aquello de “la República, para los republicanos”, que tan mal acabó.
Tom Burns
Lo que Rajoy debería decir mañana en La Moncloa
Después de digerir lo mucho que se ha dicho y escrito desde que ETA anunció un “alto el fuego permanente”, el miércoles pasado, ensayemos lo que debería decir Mariano Rajoy a José Luis Rodríguez Zapatero cuando mañana acuda al Palacio de la Moncloa. Hagamos un guión que revise la oportunidad política que se presenta, el marco democrático y los derechos inalienables a la libertad y la vida. Por mi parte, ofrezco el siguente.
Como hombre con una larga carrera ministerial a sus espaldas y líder de una leal oposición que constituye la garantía, fundamental en toda democracia, de una alternancia de poder, Rajoy debería comenzar con el ofrecimiento de su total apoyo a las negociaciones que en su día iniciará el Gobierno legítimo de la nación con la banda terrorista. Esta mesa negociadora, por utilizar el léxico actual, tiene como función la de resolver el problema personal, por llamarlo de alguna manera, de los miembros de ETA y de su entorno, y el de las víctimas de sus acciones. Habrá que discutir sobre amnistías, entrega de armas y compensaciones, y también asumir calendarios, compromisos y garantías, y mecanismos que velen por su cumplimiento. Serán negociaciones muy complejas pero, al menos, existen precedentes de procesos más o menos comparables. A continuación, Rajoy debería dejar asentado el juicio que le merece ETA a él y a todo el que crea en los inalienables derechos aludidos, y en el generoso ejercicio de la tolerancia, la transacción y la convivencia. Debería empezar diciendo que la ejemplar transición política que protagonizó la ciudadanía española desveló la verdadera condición de la banda terrorista. ETA detesta la democracia, y la odia con mucha mayor intensidad de la que puso en el odio al franquismo. Es útil hablar al presidente del Gobierno sobre el franquismo porque parece darle muchas vueltas a la dictadura, y esto de los odios no lo digo yo sino Jon Juaristi, que conoce a fondo tanto a la banda como a la melancólica tribu nacionalista que la engendró. “Ningún franquista llegó al grado de aversión a las libertades cívicas propio de los etarras, porque ETA no es solamente un producto del franquismo, sino su degeneración más extrema”, escribió Juaristi en el prólogo de un penetrante ensayo que el profesor José Varela Ortega publicó en 2001 bajo el título Contra la violencia. “[ETA] representa una forma acabada de totalitarismo nacida de la simbiosis del franquismo de la posguerra con la más antidemocrática de las tendencias no erradicables del nacionalismo vasco: la del integrismo aranista”.Es necesario expresar este juicio, absolutamente certero, de ETA porque es imprescindible oponerse con total firmeza a la pretensión de crear, al margen del Parlamento vasco, una segunda mesa para negociar una normalización política cuyo punto de partida sería lo que la familia nacionalista llama los “derechos de Euskal Herría”. Esta mesa tiene como único asunto en su orden del día el de paz por soberanía, y es la reedición del Pacto de Estella, en el cual el PNV pretendía recoger las nueces del árbol que ETA agitó. Y esto, que hablando en plata es premiar la violencia, es una línea roja infranqueable. Populismo nacionalistaEn su ensayo, subtitulado A propósito del nacional-socialismo alemán y del vasco, Varela Ortega analiza la fascinación por el populismo nacionalista violento que, a partir de 1930, infectó a parte de la derecha católica alemana, y el optimismo voluntarista que estos padecieron con su ambición de hurtar y manipular el capital político y social de los nazis. Se montaron a lomos de la fiera totalitaria con el fin de adiestrarla, y acabaron, como suele ocurrir en estos ejercicios de doma, devorados. Y con ellos, los derechos inalienables de millones de sus semejantes. ¿Los imita ahora el PNV? La película del apaciguamiento ya se rodó entre las dos guerras mundiales y sabemos cómo terminó el guión.Rajoy, por último, debería decir a Zapatero que, si de lo que se trata es de abrir un nuevo proceso constituyente, pues que muy bien, que esto se puede discutir, como se puede discutir todo. El presidente del Gobierno tiene derecho a pensar que toca abrir tal proceso a más de un cuarto de siglo del último, y de articularlo. Ahora bien, esto ha de hacerse con la condición de que se discuta sobre ello abiertamente, con franqueza y lealtad, con el principal partido de la oposición; con el partido que ha gobernado legítimamente y cuya vuelta al Gobierno es no sólo legítima, sino deseable, en función de esa alternancia en el poder que distingue la democracia del totalitarismo. El “alto el fuego permanente”, anunciado por ETA el día siguiente del acuerdo sobre el Estatut, sin duda abre la posibilidad de un antes y un después. Pero el camino que se abre ha de ser recorrido por los dos grandes partido juntos. Rajoy debería decir a Zapatero que un proceso constituyente no se negocia exclusivamente con partidos periféricos, nacionalistas, cuando no extremistas. Eso, como nos recuerda Varela Ortega, es volver a Azaña y a aquello de “la República, para los republicanos”, que tan mal acabó.
domingo, 26 de marzo de 2006
Equilibrio provisional
ABC 26/03/06
ÁLVARO DELGADO-GAL
Equilibrio provisional
El miércoles pasado ETA anunció un alto el fuego «permanente». El adjetivo «permanente», aplicado a «alto el fuego», suena raro, rarísimo. Los alto el fuego pertenecen a la especie o categoría de las treguas, y las treguas son pausas: empiezan con la cesación voluntaria de una actividad y concluyen con su reanudación, voluntaria también. Cuando no se sabe cuándo tendrá lugar lo segundo, o si tendrá lugar en absoluto, se habla de tregua «indefinida». Pero jamás de «tregua permanente», que vale por «perpetua». Las treguas perpetuas encierran un oxímoron, una paradoja, o por lo menos, una violencia a la gramática. Hago estas ponderaciones previas, porque la doblez a que acabo de referirme se repite a lo largo de todo el comunicado. La banda no renuncia, en sustancia, a sus reclamaciones clásicas: autodeterminación y territorio. Ahora bien, tampoco las llama por su nombre. Parece como si se hubiese estado indagando una fórmula orientada a conciliar la doctrina etarra tradicional, con la necesidad en que se halla el Gobierno de entablar conversaciones formales sin que cobre cuerpo la sensación de que se ha tirado en plancha a la piscina. Ello induce a pensar que nos enfrentamos a un texto consensuado. Si lo del consenso parece demasiado fuerte, dejémoslo en guiños de ojo y levantamientos de ceja, como en el mus. La confirmación de que los contactos con la banda vienen de lejos, avala la conjetura.Resulta conveniente, y muy revelador, comparar el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en diciembre del 2000, con la declaración congresual del 2005. El mensaje, en el primer caso, era inequívoco: se descartaban las concesiones políticas, a la vez que se proclamaba la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Guernica. En otras palabras: se decía, negro sobre blanco, de qué no se podía discutir con ETA. La moción del Congreso, sin embargo, defiende, y simultáneamente veda, la negociación política. En el apartado segundo, los congresistas aseveran que «la política puede y debe contribuir al fin de la violencia», al tiempo que se limitan a exigir a los terroristas, como premisa del diálogo, la «clara voluntad» de rendir las armas. Poco más abajo, cambian las tornas. Leemos que «la violencia no tiene precio político».Es obvio que hay aquí algo que no encaja. En el trato político, se dan y se reciben cosas. Las cosas que se dan constituyen, por definición, un precio político. Aceptar implícitamente un precio político, y negarlo a continuación, es hacer trampa. Surgen también dudas legítimas sobre qué demonios significa la «clara voluntad» de rendirse. Tener la clara voluntad de rendirse, no es rendirse. Equivale más bien a justificar la esperanza o expectativa de una rendición. Entre ambos hechos o actitudes se interpone una distancia... interesante.En mi opinión, la distancia que el Gobierno ha estado dispuesto a tolerar llegó a ser considerable en cierto momento. En una entrevista al director de ABC en el mes de febrero, Zapatero afirmó que el Gobierno no estimaba imprescindible una declaración de ETA para iniciar una negociación formal. Se daría por contento si existían indicios «suficientes» de que ETA preparaba su disolución. Estas vaguedades dejan, por decirlo suavemente, las manos muy sueltas a los malabaristas de la política.Por fortuna para Zapatero, ETA se ha determinado a ser locuaz. Por supuesto, no se ha rendido. Pero ha echado un cable precioso al Gobierno. El caso es que, salvo sorpresas, habrá negociación, una negociación a lo largo de la cual se intercambiarán bienes y servicios. ¿De qué genero?Según los maquiavélicos, existen protocolos secretos, escritos en una escritura invisible que los maquiavélicos leen e interpretan conforme a lo que les dicta su fantasía libérrima. Yo prefiero una interpretación distinta. Estimo que el Gobierno y ETA han llegado a un punto de equilibrio provisional. ETA quiere entrar en contacto con el dinero de las diputaciones, y necesita, en consecuencia, que HB haya sido legalizada antes de que se celebren las elecciones forales del 2007. Por eso ha movido ficha. El deseo de ETA es absolutamente comprensible. Pero ¿qué persigue el Gobierno?La respuesta no es simple. Casi con seguridad, Zapatero y un sector del PSOE siguen cultivando la teoría de que los terroristas terminarán encajándose en el entramado civil si se larga carrete y se les permite deambular un rato entre las bambalinas de la política respetable, o en todo caso, no criminal. Además, el Gobierno no quiere que su gran iniciativa se estanque indefinidamente. El estancamiento conduce a la parálisis, y al cabo, a la pudrición.Gobierno y ETA, en una palabra, alojan intereses complementarios a corto plazo. Cada uno intenta subirse sobre el otro para ganar altura. ¿Y el largo plazo?Presumo que ETA procurará calentar el ambiente y crear una crecida oceánica a favor de la autodeterminación. O intentará debilitar aún más al Estado por el procedimiento de que se asigne a un organismo internacional la supervisión de un proceso que derivaría rápidamente en bilateral. Expresado alternativamente: que desmentiría, por su propia naturaleza, el derecho del Congreso a decidir qué forma parte de España, y qué no. Sobre los proyectos futuros del Gobierno, carezco de hipótesis coherentes.
ÁLVARO DELGADO-GAL
Equilibrio provisional
El miércoles pasado ETA anunció un alto el fuego «permanente». El adjetivo «permanente», aplicado a «alto el fuego», suena raro, rarísimo. Los alto el fuego pertenecen a la especie o categoría de las treguas, y las treguas son pausas: empiezan con la cesación voluntaria de una actividad y concluyen con su reanudación, voluntaria también. Cuando no se sabe cuándo tendrá lugar lo segundo, o si tendrá lugar en absoluto, se habla de tregua «indefinida». Pero jamás de «tregua permanente», que vale por «perpetua». Las treguas perpetuas encierran un oxímoron, una paradoja, o por lo menos, una violencia a la gramática. Hago estas ponderaciones previas, porque la doblez a que acabo de referirme se repite a lo largo de todo el comunicado. La banda no renuncia, en sustancia, a sus reclamaciones clásicas: autodeterminación y territorio. Ahora bien, tampoco las llama por su nombre. Parece como si se hubiese estado indagando una fórmula orientada a conciliar la doctrina etarra tradicional, con la necesidad en que se halla el Gobierno de entablar conversaciones formales sin que cobre cuerpo la sensación de que se ha tirado en plancha a la piscina. Ello induce a pensar que nos enfrentamos a un texto consensuado. Si lo del consenso parece demasiado fuerte, dejémoslo en guiños de ojo y levantamientos de ceja, como en el mus. La confirmación de que los contactos con la banda vienen de lejos, avala la conjetura.Resulta conveniente, y muy revelador, comparar el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en diciembre del 2000, con la declaración congresual del 2005. El mensaje, en el primer caso, era inequívoco: se descartaban las concesiones políticas, a la vez que se proclamaba la vigencia de la Constitución y el Estatuto de Guernica. En otras palabras: se decía, negro sobre blanco, de qué no se podía discutir con ETA. La moción del Congreso, sin embargo, defiende, y simultáneamente veda, la negociación política. En el apartado segundo, los congresistas aseveran que «la política puede y debe contribuir al fin de la violencia», al tiempo que se limitan a exigir a los terroristas, como premisa del diálogo, la «clara voluntad» de rendir las armas. Poco más abajo, cambian las tornas. Leemos que «la violencia no tiene precio político».Es obvio que hay aquí algo que no encaja. En el trato político, se dan y se reciben cosas. Las cosas que se dan constituyen, por definición, un precio político. Aceptar implícitamente un precio político, y negarlo a continuación, es hacer trampa. Surgen también dudas legítimas sobre qué demonios significa la «clara voluntad» de rendirse. Tener la clara voluntad de rendirse, no es rendirse. Equivale más bien a justificar la esperanza o expectativa de una rendición. Entre ambos hechos o actitudes se interpone una distancia... interesante.En mi opinión, la distancia que el Gobierno ha estado dispuesto a tolerar llegó a ser considerable en cierto momento. En una entrevista al director de ABC en el mes de febrero, Zapatero afirmó que el Gobierno no estimaba imprescindible una declaración de ETA para iniciar una negociación formal. Se daría por contento si existían indicios «suficientes» de que ETA preparaba su disolución. Estas vaguedades dejan, por decirlo suavemente, las manos muy sueltas a los malabaristas de la política.Por fortuna para Zapatero, ETA se ha determinado a ser locuaz. Por supuesto, no se ha rendido. Pero ha echado un cable precioso al Gobierno. El caso es que, salvo sorpresas, habrá negociación, una negociación a lo largo de la cual se intercambiarán bienes y servicios. ¿De qué genero?Según los maquiavélicos, existen protocolos secretos, escritos en una escritura invisible que los maquiavélicos leen e interpretan conforme a lo que les dicta su fantasía libérrima. Yo prefiero una interpretación distinta. Estimo que el Gobierno y ETA han llegado a un punto de equilibrio provisional. ETA quiere entrar en contacto con el dinero de las diputaciones, y necesita, en consecuencia, que HB haya sido legalizada antes de que se celebren las elecciones forales del 2007. Por eso ha movido ficha. El deseo de ETA es absolutamente comprensible. Pero ¿qué persigue el Gobierno?La respuesta no es simple. Casi con seguridad, Zapatero y un sector del PSOE siguen cultivando la teoría de que los terroristas terminarán encajándose en el entramado civil si se larga carrete y se les permite deambular un rato entre las bambalinas de la política respetable, o en todo caso, no criminal. Además, el Gobierno no quiere que su gran iniciativa se estanque indefinidamente. El estancamiento conduce a la parálisis, y al cabo, a la pudrición.Gobierno y ETA, en una palabra, alojan intereses complementarios a corto plazo. Cada uno intenta subirse sobre el otro para ganar altura. ¿Y el largo plazo?Presumo que ETA procurará calentar el ambiente y crear una crecida oceánica a favor de la autodeterminación. O intentará debilitar aún más al Estado por el procedimiento de que se asigne a un organismo internacional la supervisión de un proceso que derivaría rápidamente en bilateral. Expresado alternativamente: que desmentiría, por su propia naturaleza, el derecho del Congreso a decidir qué forma parte de España, y qué no. Sobre los proyectos futuros del Gobierno, carezco de hipótesis coherentes.
sábado, 25 de marzo de 2006
El derecho a la burla
EL PAÍS 25/03/06
RONALD DWORKIN
ocupa la cátedra Frank Henry Sommer de Derecho y Filosofía en la New York University y la cátedra Jeremy Bentham de Derecho y Filosofía en el University College de Londres.
El derecho a la burla
Mirándolo bien, la prensa británica y buena parte de la estadounidense han acertado al no reproducir las caricaturas danesas por las que protestaron millones de musulmanes airados sembrando una destrucción violenta y terrible en todo el mundo. El hacerlo probablemente hubiera significado -y todavía podría significar- que muriera más gente y se destruyeran más propiedades. Habría causado un gran dolor entre muchos musulmanes británicos y estadounidenses, ya que otros musulmanes les habrían dicho que la publicación pretendía ser una muestra de desprecio hacia su religión, y aunque en la mayoría de los casos esa percepción habría sido inexacta e injustificada, el dolor habría sido auténtico de todos modos. Es verdad que a los lectores y espectadores que han estado siguiendo la historia a lo mejor les hubiera gustado juzgar por sí mismos el impacto, el humor y la naturaleza ofensiva de las caricaturas y, por tanto, la prensa podría haber pensado que en parte era responsabilidad suya el ofrecer esa oportunidad. Pero los ciudadanos no tienen derecho a leer o ver lo que quieran a cualquier precio y, de todas formas, las caricaturas son fáciles de conseguir en Internet.
En ocasiones, la autocensura de la prensa conlleva la pérdida de información, argumentos, literatura o arte importantes, pero no en este caso. Podría parecer que el no publicar las viñetas ha dado una victoria a los fanáticos y a las autoridades que instigaron las protestas violentas contra ellas y que, por tanto, se les ha incitado a emplear tácticas similares en el futuro. Pero existen pruebas sólidas de que la oleada de disturbios y destrucción -repentina, cuatro meses después de que se publicaran por primera vez las caricaturas- fue orquestada por líderes musulmanes de Dinamarca y Oriente Próximo por razones políticas de más peso. Si ese análisis es correcto, el hecho de mantener candente la cuestión mediante nuevas reproducciones beneficiaría en realidad a los responsables y recompensaría su estrategia de fomentar la violencia.
Sin embargo, existe un peligro real de que la decisión de la prensa británica y estadounidense de no publicarlas, aunque sea sabia, se interprete erróneamente como un respaldo a la extendida opinión de que la libertad de expresión tiene sus límites, que debe contraponerse a las virtudes del "multiculturalismo", y que, al fin y al cabo, el Gobierno de Blair acertó al proponer que sea considerado delito el publicar cualquier cosa "grosera o insultante" para un grupo religioso. La libertad de expresión no es sólo un emblema especial y distintivo de la cultura occidental que pueda limitarse o matizarse generosamente en señal de respeto hacia otras culturas que la rechazan, de la forma en que una media luna o una menorah podrían incluirse en una demostración religiosa cristiana. La libertad de expresión es una condición de Gobierno legítimo. Las leyes y las políticas no son legítimas a menos que hayan sido adoptadas mediante un proceso democrático, y un proceso no es democrático si el Gobierno ha impedido a alguien que exprese sus convicciones sobre cuáles deberían ser esas leyes y políticas.
La burla es una clase de expresión bien determinada; su esencia no puede redefinirse de una forma retórica menos ofensiva sin expresar algo muy distinto de lo que se pretendía. Ése es el motivo por el que, durante siglos, las tiras humorísticas y otras formas de sátira han estado, incluso cuando eran ilegales, entre las armas más importantes de nobles y de perversos movimientos políticos. Por ello, en una democracia, nadie, por poderoso o impotente que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido. Ese principio es de especial importancia en una nación que lucha por la justicia racial y étnica. Si unas minorías débiles o impopulares desean que el derecho las proteja de la discriminación económica o legal, si desean que se promulguen leyes que prohíban la discriminación contra ellas, por ejemplo, en el plano laboral, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a dicha legislación desee ofrecer a los demás votantes, ya que sólo una comunidad que permita esos insultos como parte del debate público puede adoptar legítimamente dichas leyes. Si esperamos que los fanáticos acepten el veredicto de la mayoría una vez que ésta haya hablado, debemos permitirles expresar su fanatismo en el proceso cuyo veredicto les pedimos que acepten. Signifique lo que signifique el multiculturalismo, signifique lo que signifique reclamar un mayor "respeto" para todos los ciudadanos y grupos, estas virtudes serían contraproducentes si se creyera que justifican la censura oficial.
Los musulmanes que se sienten escandalizados por las caricaturas danesas señalan que en diversos países europeos es un delito negar públicamente, como ha hecho el presidente de Irán, que el Holocausto haya existido alguna vez. Por tanto, dicen, la preocupación de Occidente por la libertad de expresión no es más que hipocresía interesada, y llevan razón. Pero, por supuesto, el remedio no es hacer que el compromiso de la legitimidad democrática sea todavía mayor de lo que ya es, sino trabajar por una nueva comprensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, que revocaría la ley de la negación del Holocausto y otras leyes similares en toda Europa por lo que son: violaciones de la libertad de expresión que exige esa convención. Con frecuencia se dice que la religión es especial, porque las convicciones religiosas de la gente son tan esenciales para su personalidad que no se le debería pedir que tolere que se burlen de sus creencias, y porque podría sentir un deber religioso de contraatacar lo que considera un sacrilegio. Según parece, Gran Bretaña ha adoptado esa visión, ya que conserva el delito de la blasfemia, aunque sólo para los insultos a la cristiandad. Pero no podemos hacer una excepción con el insulto religioso si queremos utilizar la ley para proteger el libre ejercicio de la religión de otras formas. Por ejemplo, si deseamos impedir que la policía investigue a personas con aspecto o vestimenta musulmanes para llevar a cabo redadas especiales, no podemos impedir también que la gente se oponga a esa política afirmando, en caricaturas o de otro modo, que el islam está a favor del terrorismo, por muy descaminada que nos parezca esa opinión. Sin duda, deberíamos criticar la opinión y el gusto de esa gente. Pero la religión debe acatar los principios de la democracia, y no al revés. No se puede permitir que ninguna religión legisle para todo el mundo lo que se puede o no se puede dibujar, del mismo modo en que no puede legislar lo que se puede o no se puede comer. Es inconcebible que las convicciones religiosas de nadie se impongan a la libertad que hace posible la democracia.
RONALD DWORKIN
ocupa la cátedra Frank Henry Sommer de Derecho y Filosofía en la New York University y la cátedra Jeremy Bentham de Derecho y Filosofía en el University College de Londres.
El derecho a la burla
Mirándolo bien, la prensa británica y buena parte de la estadounidense han acertado al no reproducir las caricaturas danesas por las que protestaron millones de musulmanes airados sembrando una destrucción violenta y terrible en todo el mundo. El hacerlo probablemente hubiera significado -y todavía podría significar- que muriera más gente y se destruyeran más propiedades. Habría causado un gran dolor entre muchos musulmanes británicos y estadounidenses, ya que otros musulmanes les habrían dicho que la publicación pretendía ser una muestra de desprecio hacia su religión, y aunque en la mayoría de los casos esa percepción habría sido inexacta e injustificada, el dolor habría sido auténtico de todos modos. Es verdad que a los lectores y espectadores que han estado siguiendo la historia a lo mejor les hubiera gustado juzgar por sí mismos el impacto, el humor y la naturaleza ofensiva de las caricaturas y, por tanto, la prensa podría haber pensado que en parte era responsabilidad suya el ofrecer esa oportunidad. Pero los ciudadanos no tienen derecho a leer o ver lo que quieran a cualquier precio y, de todas formas, las caricaturas son fáciles de conseguir en Internet.
En ocasiones, la autocensura de la prensa conlleva la pérdida de información, argumentos, literatura o arte importantes, pero no en este caso. Podría parecer que el no publicar las viñetas ha dado una victoria a los fanáticos y a las autoridades que instigaron las protestas violentas contra ellas y que, por tanto, se les ha incitado a emplear tácticas similares en el futuro. Pero existen pruebas sólidas de que la oleada de disturbios y destrucción -repentina, cuatro meses después de que se publicaran por primera vez las caricaturas- fue orquestada por líderes musulmanes de Dinamarca y Oriente Próximo por razones políticas de más peso. Si ese análisis es correcto, el hecho de mantener candente la cuestión mediante nuevas reproducciones beneficiaría en realidad a los responsables y recompensaría su estrategia de fomentar la violencia.
Sin embargo, existe un peligro real de que la decisión de la prensa británica y estadounidense de no publicarlas, aunque sea sabia, se interprete erróneamente como un respaldo a la extendida opinión de que la libertad de expresión tiene sus límites, que debe contraponerse a las virtudes del "multiculturalismo", y que, al fin y al cabo, el Gobierno de Blair acertó al proponer que sea considerado delito el publicar cualquier cosa "grosera o insultante" para un grupo religioso. La libertad de expresión no es sólo un emblema especial y distintivo de la cultura occidental que pueda limitarse o matizarse generosamente en señal de respeto hacia otras culturas que la rechazan, de la forma en que una media luna o una menorah podrían incluirse en una demostración religiosa cristiana. La libertad de expresión es una condición de Gobierno legítimo. Las leyes y las políticas no son legítimas a menos que hayan sido adoptadas mediante un proceso democrático, y un proceso no es democrático si el Gobierno ha impedido a alguien que exprese sus convicciones sobre cuáles deberían ser esas leyes y políticas.
La burla es una clase de expresión bien determinada; su esencia no puede redefinirse de una forma retórica menos ofensiva sin expresar algo muy distinto de lo que se pretendía. Ése es el motivo por el que, durante siglos, las tiras humorísticas y otras formas de sátira han estado, incluso cuando eran ilegales, entre las armas más importantes de nobles y de perversos movimientos políticos. Por ello, en una democracia, nadie, por poderoso o impotente que sea, puede tener derecho a no ser insultado u ofendido. Ese principio es de especial importancia en una nación que lucha por la justicia racial y étnica. Si unas minorías débiles o impopulares desean que el derecho las proteja de la discriminación económica o legal, si desean que se promulguen leyes que prohíban la discriminación contra ellas, por ejemplo, en el plano laboral, deben estar dispuestas a tolerar cualquier insulto o burla que la gente contraria a dicha legislación desee ofrecer a los demás votantes, ya que sólo una comunidad que permita esos insultos como parte del debate público puede adoptar legítimamente dichas leyes. Si esperamos que los fanáticos acepten el veredicto de la mayoría una vez que ésta haya hablado, debemos permitirles expresar su fanatismo en el proceso cuyo veredicto les pedimos que acepten. Signifique lo que signifique el multiculturalismo, signifique lo que signifique reclamar un mayor "respeto" para todos los ciudadanos y grupos, estas virtudes serían contraproducentes si se creyera que justifican la censura oficial.
Los musulmanes que se sienten escandalizados por las caricaturas danesas señalan que en diversos países europeos es un delito negar públicamente, como ha hecho el presidente de Irán, que el Holocausto haya existido alguna vez. Por tanto, dicen, la preocupación de Occidente por la libertad de expresión no es más que hipocresía interesada, y llevan razón. Pero, por supuesto, el remedio no es hacer que el compromiso de la legitimidad democrática sea todavía mayor de lo que ya es, sino trabajar por una nueva comprensión de la Convención Europea de Derechos Humanos, que revocaría la ley de la negación del Holocausto y otras leyes similares en toda Europa por lo que son: violaciones de la libertad de expresión que exige esa convención. Con frecuencia se dice que la religión es especial, porque las convicciones religiosas de la gente son tan esenciales para su personalidad que no se le debería pedir que tolere que se burlen de sus creencias, y porque podría sentir un deber religioso de contraatacar lo que considera un sacrilegio. Según parece, Gran Bretaña ha adoptado esa visión, ya que conserva el delito de la blasfemia, aunque sólo para los insultos a la cristiandad. Pero no podemos hacer una excepción con el insulto religioso si queremos utilizar la ley para proteger el libre ejercicio de la religión de otras formas. Por ejemplo, si deseamos impedir que la policía investigue a personas con aspecto o vestimenta musulmanes para llevar a cabo redadas especiales, no podemos impedir también que la gente se oponga a esa política afirmando, en caricaturas o de otro modo, que el islam está a favor del terrorismo, por muy descaminada que nos parezca esa opinión. Sin duda, deberíamos criticar la opinión y el gusto de esa gente. Pero la religión debe acatar los principios de la democracia, y no al revés. No se puede permitir que ninguna religión legisle para todo el mundo lo que se puede o no se puede dibujar, del mismo modo en que no puede legislar lo que se puede o no se puede comer. Es inconcebible que las convicciones religiosas de nadie se impongan a la libertad que hace posible la democracia.
Cuestión de confianza
ABC 25/03/06
C. MARTINEZ CASTRO
Cuestión de confianza
Nos cuentan que el alto el fuego etarra es un asunto de Estado y como tal debe ser tratado; con responsabilidad, prudencia y un apoyo leal al Gobierno encargado de gestionar esta nueva situación. Una magnífica clase teórica que no se compadece con los hechos porque si algo hemos visto en estos dos años de legislatura ha sido un derroche de irresponsabilidad, deslealtad, osadía y mentiras. Sí, sí. Mentiras al por mayor.Aún a riesgo de ser inmediatamente estabulada en el corralito infecto de los activistas contra la paz, no me resisto a denunciar el gran vicio de origen, la falta de confianza que genera este alto el fuego etarra, confuso en tres idiomas, que ya es confusión. Es inevitable recelar de ETA -una cautela elemental cuando se está ante una banda de criminales- pero resulta mucho más inquietante tener que dudar de la actitud del Gobierno y esa duda hoy es casi un imperativo lógico.Negaron una y mil veces que Eguiguren hablara con Otegi. Ahora sabemos que era verdad. Mientras estaba vigente el Pacto Antiterrorista el PSE hablaba con la ilegal Batasuna, mientras se mantenía el acoso a los constitucionalistas vascos seguían hablando y no dejaron de hacerlo mientras el entonces Ministro de Interior, Ángel Acebes, informaba a Rubalcaba, Caldera y López Aguilar de los pormenores de la estrategia antiterrorista. ¿Cabe mayor deslealtad? Sé que la pregunta produce vértigo, pero resulta inevitable: ¿Hasta dónde y en qué sentido circulaba la información ?También negaron los contactos del Gobierno con ETA. Ahora sabemos que eran tan prolijos como para definir hasta la terminología del dichoso comunicado. Repasar determinadas actuaciones del Gobierno, especialmente del Fiscal General del Estado, a la luz de este dato sencillamente produce escalofríos. Sabemos que han pactado el comunicado e intuimos que han «blindado el proceso de paz», pero es una mera cuestión de fe suponer que el pacto se limita sólo a ese aspecto formal sin haber avanzado ya en algunos contenidos.Hay demasiadas sombras a pesar de la pirotécnia mediática de este alto el fuego. El presidente del Gobierno ha dilapidado buena parte del caudal de confianza ciudadana preciso para salir con bien del envite: ha irritado a las víctimas, ha mentido a la sociedad y ha liderado una campaña de deslegitimación democrática del PP. Demasiados destrozos para repararlos con un súbito y estudiado gesto de estadista. El martes tendrá que explicar a Rajoy todo lo que se ha negado a contarle durante estos meses y deberá darle garantías de su sinceridad. El líder del PP y sus votantes, maltratados durante estos dos años, tienen que verificar -ahora que la palabra está de moda- que la paz que busca Zapatero no es contra ellos. Tal vez entonces se sumen a la fiesta.
C. MARTINEZ CASTRO
Cuestión de confianza
Nos cuentan que el alto el fuego etarra es un asunto de Estado y como tal debe ser tratado; con responsabilidad, prudencia y un apoyo leal al Gobierno encargado de gestionar esta nueva situación. Una magnífica clase teórica que no se compadece con los hechos porque si algo hemos visto en estos dos años de legislatura ha sido un derroche de irresponsabilidad, deslealtad, osadía y mentiras. Sí, sí. Mentiras al por mayor.Aún a riesgo de ser inmediatamente estabulada en el corralito infecto de los activistas contra la paz, no me resisto a denunciar el gran vicio de origen, la falta de confianza que genera este alto el fuego etarra, confuso en tres idiomas, que ya es confusión. Es inevitable recelar de ETA -una cautela elemental cuando se está ante una banda de criminales- pero resulta mucho más inquietante tener que dudar de la actitud del Gobierno y esa duda hoy es casi un imperativo lógico.Negaron una y mil veces que Eguiguren hablara con Otegi. Ahora sabemos que era verdad. Mientras estaba vigente el Pacto Antiterrorista el PSE hablaba con la ilegal Batasuna, mientras se mantenía el acoso a los constitucionalistas vascos seguían hablando y no dejaron de hacerlo mientras el entonces Ministro de Interior, Ángel Acebes, informaba a Rubalcaba, Caldera y López Aguilar de los pormenores de la estrategia antiterrorista. ¿Cabe mayor deslealtad? Sé que la pregunta produce vértigo, pero resulta inevitable: ¿Hasta dónde y en qué sentido circulaba la información ?También negaron los contactos del Gobierno con ETA. Ahora sabemos que eran tan prolijos como para definir hasta la terminología del dichoso comunicado. Repasar determinadas actuaciones del Gobierno, especialmente del Fiscal General del Estado, a la luz de este dato sencillamente produce escalofríos. Sabemos que han pactado el comunicado e intuimos que han «blindado el proceso de paz», pero es una mera cuestión de fe suponer que el pacto se limita sólo a ese aspecto formal sin haber avanzado ya en algunos contenidos.Hay demasiadas sombras a pesar de la pirotécnia mediática de este alto el fuego. El presidente del Gobierno ha dilapidado buena parte del caudal de confianza ciudadana preciso para salir con bien del envite: ha irritado a las víctimas, ha mentido a la sociedad y ha liderado una campaña de deslegitimación democrática del PP. Demasiados destrozos para repararlos con un súbito y estudiado gesto de estadista. El martes tendrá que explicar a Rajoy todo lo que se ha negado a contarle durante estos meses y deberá darle garantías de su sinceridad. El líder del PP y sus votantes, maltratados durante estos dos años, tienen que verificar -ahora que la palabra está de moda- que la paz que busca Zapatero no es contra ellos. Tal vez entonces se sumen a la fiesta.
viernes, 24 de marzo de 2006
Reactivación abertzale
EL CORREO 24/03/06
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
Reactivación abertzale
El alto el fuego de ETA no sólo es permanente, sino también definitivo. Escucharemos y leeremos análisis de muy diverso tono y sentido, que si cuestionando la sinceridad o disponibilidad de la banda terrorista para respaldar con hechos su decisión, que si apelando a previas ocasiones de 'treguas trampa' o altos el fuego quebrantados. Todos serán análisis plausibles, sensatos, pero se equivocarán en algo. No mirarán a ETA poniéndose en el lugar de ETA, intentando pensar íntimamente como si fueran ETA, sino reflexionando sobre la situación mediante la proyección de expectativas e intereses propios. A menudo, miramos a los otros sin dejar de mirarnos a nosotros mismos. Hagan un intento por despojarse de ellos, de sesgos y prejuicios (algunos muy marcados por nuestras experiencias pasadas, desde luego) y entenderán qué está rumiando ETA en este momento, qué están cavilando 'Josu Ternera' y Arnaldo Otegi. Ambos personajes son los ejes alrededor de los cuales bascula la oscilación de ETA hacia la desactivación. José Antonio Urrutikoetxea pasa a la clandestinidad desde su acta de diputado, huyendo de la Justicia, pero esencialmente para gestionar el cese del terrorismo desde el otro lado. Otegi es la conexión, el otro polo de la misma pinza, aquélla que lleva a ETA a la conversión en actor político despojándose de la piel de serpiente asesina. Busquen siempre la perspectiva longitudinal del proceso y encontrarán la respuesta. El proceso de Euskadi lleva años gestándose. El abandono del terrorismo, que todavía es sedimentación y no disolución, procede de un cálculo. El terrorismo de ETA ha dejado de ser útil en comparación con otras opciones de la izquierda abertzale en un futuro a medio plazo. Los asesinatos y el resto de expresiones de violencia han perdido utilidad en ETA por diversos factores. Ya son conocidas las causas que han devaluado la violencia terrorista, entre las cuales cabe mencionar el desencaje social, la estructuración mucho más funcional de los mecanismos legales y policiales del Estado de Derecho, la colaboración de Francia y el propio debilitamiento de las capacidades de ETA para captar nueva masa de terroristas dotados de conciencia ideológica y experiencia operativa. Tal amalgama de elementos ha condicionado un progresivo deterioro organizacional, e incluso filosófico, del terrorismo como instrumento de la izquierda abertzale. Todo esto ya lo sabíamos. La desactivación de ETA llega porque el terrorismo es menos útil que la política. A medio plazo, Batasuna formará parte de un gobierno tripartito, o tal vez bipartito, en Ajuria Enea. En más breve lapso, se presentará a las elecciones autonómicas de 2007, recuperando muchos ayuntamientos y descontando el terrorismo como instrumento de acción. Batasuna no condenará a ETA, que sería como desdecirse de sí misma. La declaración que llevará a Batasuna a volver a la legalidad se vestirá de renuncia a todo medio o vía de acción violenta para la consecución de sus objetivos políticos, la independencia de Euskadi. Con el cese permanente de la violencia, ETA facilita ese tránsito a Batasuna, puesto que si aquélla desactiva el terrorismo, la izquierda abertzale no tiene nada que condenar, sino simplemente expresarse en coherencia con el postulado de la banda de desistir de la violencia. Batasuna vislumbra un horizonte de autonomismo cuasi independentista. El terrorismo no sólo pierde sentido en ese escenario, sino que es perjudicial. El espejo que, en esa línea, ha representado Esquerra Republicana en Cataluña es mucho más que una casualidad y los, por otro lado impúdicos, escarceos de Carod Rovira con ETA algo más que una mera identificación entre actores independentistas y tal vez actos preparatorios para un camino de comienzos por sendas paralelas. El planteamiento estratégico es que en la próxima legislatura nacional, Zapatero y el PNV negociarán, con la sombra de Batasuna y tras la estela del Estatuto catalán, un nuevo Gernika para Euskadi. Porque Zapatero revalidará presidencia con el éxito de la pacificación, o como quiera que se denomine al proceso. Desde ahí, desde un Estatuto de Gernika renovado, Batasuna y el PNV se plantearán una senda pseudo-independentista en un rango de veinte años. Este proceso es necesario para mantener el pulso del nacionalismo y del abertzalismo, que son casi la misma cosa. El terrorismo, en ese escenario, es un lastre. Estamos ante la última tregua de ETA. La desactivación del terrorismo será larga hasta su definitivo desmantelamiento. Transcurrirán probablemente años de latencia hasta que veamos a ETA cancelada. Quedará, con siglas y estructuras, en estado vegetativo. Entre tanto, se constituirán las mesas técnicas y políticas, de contacto unas y tal vez de negociación otras. No se producirán amnistías, porque no son necesarias. Una administrada secuencia de reinserciones y terceros grados penitenciarios pondrá a los terroristas de ETA en libertad real en plazos de tres, cinco y diez años.
Acaba el terrorismo, sigue el Estado de derecho
LA VANGUARDIA 24/03/06
FRANCESC DE CARRERAS
Acaba el terrorismo, sigue el Estado de derecho
El anuncio de este enigmático "alto el fuego permanente" de ETA significa ante todo una gran esperanza. Se esperaba desde hace tiempo, se desconfiaba en que llegara. Compartíamos ambas sensaciones. Por fin ha llegado y las reacciones, en general, han sido positivas, porque han sido cautelosas. ETA debe saber que, a estas alturas de una larga historia, nadie se fía de ella, con toda la razón del mundo. Por tanto, la esperanza hoy se mezcla con el escepticismo. Pero, en todo caso, hay algo muy positivo: a partir de hoy, si todo es como parece, 40.000 amenazados podrán vivir sin el miedo permanente en el cuerpo, podrán pasear tranquilamente por la calle, no estarán siempre pendientes de lo que pueda sucederles a ellos y a sus familias. Desde fuera de Euskadi, muchas veces no éramos conscientes de esa situación. Tengo dos repetidas imágenes en la mente que no me han abandonado en los últimos años. Una primera es la triste despedida en Barajas de amigos que iban permanentemente escoltados y regresaban al País Vasco: "Bueno, retorno a la cárcel", te decían, mientras tú te dirigías a la puerta de embarque del avión que debía conducirte a Barcelona. La otra imagen: la media docena de escoltas de seguridad, acompañantes de profesores amenazados, guardando la puerta de la sala de la Universidad del País Vasco donde se iban a celebrar oposiciones o actos académicos. Nadie parecía inmutarse, todos lo tomaban con normalidad. Quizás esta sensación de normalidad era lo más sorprendente, porque la situación no era nada normal. Sin embargo, desde fuera de Euskadi lo vivíamos con normalidad, pocos sabían que estas cosas sucedían, el País Vasco, precisamente, se mostraba a los visitantes como un exuberante territorio que rebosaba sensación de buen vivir. Pero algunos sufrían, muchas veces en soledad, procurando que el vecino no se enterara, no fuera a ser que... ¿A partir de hoy será posible vivir sin miedo? Un alto el fuego permanente no se sabe con certeza qué cosa va a ser. Pero, en todo caso, para algunos va a ser un gran respiro. Pero el fin del terrorismo no debe ser el fin del Estado de derecho. Con excepciones conocidas, y ya muy pasadas, la lucha contra el terrorismo se ha desarrollado dentro del marco legal democrático. No ha habido aquí, con la excepción citada, guerra sucia. No debe haber ahora, en nombre de un pretendido diálogo, un alto en el Estado de derecho. Los jueces son independientes y cualquiera de sus decisiones sólo a ellos son imputables, y no a un Gobierno que no los tutela ni influye. Y las instituciones democráticas no deben ser sustituidas por mesas de partidos, porque son las instituciones en las que éstos ya están representados. ETA debe saber, por tanto, que acabado el terrorismo sigue el Estado de derecho.
FRANCESC DE CARRERAS
Acaba el terrorismo, sigue el Estado de derecho
El anuncio de este enigmático "alto el fuego permanente" de ETA significa ante todo una gran esperanza. Se esperaba desde hace tiempo, se desconfiaba en que llegara. Compartíamos ambas sensaciones. Por fin ha llegado y las reacciones, en general, han sido positivas, porque han sido cautelosas. ETA debe saber que, a estas alturas de una larga historia, nadie se fía de ella, con toda la razón del mundo. Por tanto, la esperanza hoy se mezcla con el escepticismo. Pero, en todo caso, hay algo muy positivo: a partir de hoy, si todo es como parece, 40.000 amenazados podrán vivir sin el miedo permanente en el cuerpo, podrán pasear tranquilamente por la calle, no estarán siempre pendientes de lo que pueda sucederles a ellos y a sus familias. Desde fuera de Euskadi, muchas veces no éramos conscientes de esa situación. Tengo dos repetidas imágenes en la mente que no me han abandonado en los últimos años. Una primera es la triste despedida en Barajas de amigos que iban permanentemente escoltados y regresaban al País Vasco: "Bueno, retorno a la cárcel", te decían, mientras tú te dirigías a la puerta de embarque del avión que debía conducirte a Barcelona. La otra imagen: la media docena de escoltas de seguridad, acompañantes de profesores amenazados, guardando la puerta de la sala de la Universidad del País Vasco donde se iban a celebrar oposiciones o actos académicos. Nadie parecía inmutarse, todos lo tomaban con normalidad. Quizás esta sensación de normalidad era lo más sorprendente, porque la situación no era nada normal. Sin embargo, desde fuera de Euskadi lo vivíamos con normalidad, pocos sabían que estas cosas sucedían, el País Vasco, precisamente, se mostraba a los visitantes como un exuberante territorio que rebosaba sensación de buen vivir. Pero algunos sufrían, muchas veces en soledad, procurando que el vecino no se enterara, no fuera a ser que... ¿A partir de hoy será posible vivir sin miedo? Un alto el fuego permanente no se sabe con certeza qué cosa va a ser. Pero, en todo caso, para algunos va a ser un gran respiro. Pero el fin del terrorismo no debe ser el fin del Estado de derecho. Con excepciones conocidas, y ya muy pasadas, la lucha contra el terrorismo se ha desarrollado dentro del marco legal democrático. No ha habido aquí, con la excepción citada, guerra sucia. No debe haber ahora, en nombre de un pretendido diálogo, un alto en el Estado de derecho. Los jueces son independientes y cualquiera de sus decisiones sólo a ellos son imputables, y no a un Gobierno que no los tutela ni influye. Y las instituciones democráticas no deben ser sustituidas por mesas de partidos, porque son las instituciones en las que éstos ya están representados. ETA debe saber, por tanto, que acabado el terrorismo sigue el Estado de derecho.
jueves, 23 de marzo de 2006
¿Qué se debe?
EL PAIS 23/03/06
"Sólo faltaría que lo que hemos defendido ante las armas, lo cediésemos ante la palabrería de quienes no tienen más remedio que renunciar a ellas."
FERNANDO SAVATER
¿Qué se debe?
De vez en cuando nos llaman por teléfono o nos llega una carta con el jubiloso anuncio de que acaba de tocarnos un apartamento con vistas al mar: ¡enhorabuena! Naturalmente, las personas con experiencia sabemos ya que el supuesto regalo no es tal y que aceptarlo nos saldrá a la postre más caro que comprarlo de nuestro bolsillo. Siento una sensación parecida al escuchar el comunicado de ETA (es un detalle tierno que por primera vez sea una paloma, digo una mujer, quien lo lee) en el que anuncia su alto el fuego permanente. Se le viene a uno a los labios la pregunta guasona y legendaria de Josep Pla tras recibir no sé qué condecoración: "¿Qué se debe?".
Primero, aclaremos las cosas. Este alto el fuego no es una concesión graciosa de ETA, que finalmente ha comprendido lo abominable de sus crímenes, sino una conquista de la democracia española, que tras una larga lucha policial, legal y cívica, ha logrado arrinconar y desactivar el terrorismo. Es una victoria de la sociedad, pero no de toda por igual: los que han luchado son quienes no se dejaron intimidar ni persuadir por los violentos ni sus portavoces, los que han mantenido la necesidad de cumplir las leyes y de aplicar estrictamente la constitución, los que no fueron engatusados por los embelecos de la "voz del pueblo" y han defendido los derechos de la ciudadanía; es decir, los políticos que firmaron el pacto antiterrorista así como la Ley de Partidos, y no los que se opusieron a ambas cosas, los jueces como Garzón o Grande-Marlaska, y no los que les acusan de intransigencia derechista, los periodistas que tuvieron que irse de Euskadi porque no les dejaban vivir, y no los que se quedaron haciéndose los valientes porque criticaban a la Guardia Civil, quienes salieron a la calle para defender el Estatuto vasco y la Constitución, pero no quienes los denunciaron por crispar a la sociedad, etc. A cada cual lo suyo. Que ahora no se pongan medallas quienes nada han hecho en serio contra ETA: si fuera por ellos, ETA hubiera dejado las armas mucho antes, desde luego, pero por haber ganado ya la partida y no por haberla perdido, como ahora.
En segundo lugar, ETA y los nacionalistas que la apoyan (y que se apoyan en ella, no lo olvidemos) pretenden que, ya que acaba la violencia, acabe o quede entre paréntesis también todo lo demás. Mañana en Euskadi no habrá terrorismo; por tanto, admitamos que no hay tampoco instituciones democráticas, leyes ni Constitución española. Hasta nueva orden, todo debe quedar entre paréntesis. Partamos de cero, olvidemos el pasado (sobre todo los crímenes, que suelen tener desagradables secuelas penales) y convoquemos mesas de partidos o de sectas, asambleas de barrio, lo que sea con tal de dar voz en pie de igualdad a quienes han asesinado y a quienes han resistido. Hagamos un referéndum preguntando a la gente con discreción si quieren que vuelvan los de la partida de la porra con la porra en alto o se resignarán mejor a verlos en las instituciones públicas tratados como a próceres. ¿Encarcelar a Otegi o a gente de su bando? ¡Por favor, las circunstancias han cambiado, que se lo piensen los fiscales! Si Al Capone jura que su banda no asaltará más bancos, sería de mal gusto pasarnos la vida recordándole los que ya asaltó. Estamos en la última fase de la imposición mafiosa: ETA extorsiona a empresarios y a eso se le llama "impuesto revolucionario"; ahora, en nombre de la ETA ya caduca, Batasuna y tantos otros nacionalistas tratan de extorsionar al Estado de Derecho, y para llamar a eso tienen otro eufemismo: "diálogo". No deja de asombrar la naturalidad con que hoy todos los medios de comunicación asumen tranquilamente que, claro, Batasuna es el brazo político de ETA. Ayer, decir eso mismo o defender la ilegalización de Batasuna era como ser compañero de armas del general Mola y de Tejero. ¿Cuánto tardaremos en asumir que los nacionalistas, con Ibarretxe a la cabeza, al exigir la supresión de la Ley de Partidos, la mesa petitoria al margen del Parlamento, el referéndum, etc., están solicitando para ETA las concesiones estrictamente políticas que el Gobierno se ha comprometido a No hacer y que la mínima decencia política prohíbe? O sea, que cierto nacionalismo ni sabe ni quiere desligarse de los fines de ETA, como tantas veces hemos dicho algunos despertando santas indignaciones..., y de sus métodos sólo se desligan ahora, cuando ya no dan los resultados apetecidos. Pues bien: no. Ahora es el momento de la firmeza y de la unidad constitucional. Sólo faltaría que lo que hemos defendido ante las armas, lo cediésemos ante la palabrería de quienes no tienen más remedio que renunciar a ellas. Para la pregunta "¿qué se debe?" no hay más que una respuesta: nada de nada de nada. Y el resto, que lo pidan por favor.
"Sólo faltaría que lo que hemos defendido ante las armas, lo cediésemos ante la palabrería de quienes no tienen más remedio que renunciar a ellas."
FERNANDO SAVATER
¿Qué se debe?
De vez en cuando nos llaman por teléfono o nos llega una carta con el jubiloso anuncio de que acaba de tocarnos un apartamento con vistas al mar: ¡enhorabuena! Naturalmente, las personas con experiencia sabemos ya que el supuesto regalo no es tal y que aceptarlo nos saldrá a la postre más caro que comprarlo de nuestro bolsillo. Siento una sensación parecida al escuchar el comunicado de ETA (es un detalle tierno que por primera vez sea una paloma, digo una mujer, quien lo lee) en el que anuncia su alto el fuego permanente. Se le viene a uno a los labios la pregunta guasona y legendaria de Josep Pla tras recibir no sé qué condecoración: "¿Qué se debe?".
Primero, aclaremos las cosas. Este alto el fuego no es una concesión graciosa de ETA, que finalmente ha comprendido lo abominable de sus crímenes, sino una conquista de la democracia española, que tras una larga lucha policial, legal y cívica, ha logrado arrinconar y desactivar el terrorismo. Es una victoria de la sociedad, pero no de toda por igual: los que han luchado son quienes no se dejaron intimidar ni persuadir por los violentos ni sus portavoces, los que han mantenido la necesidad de cumplir las leyes y de aplicar estrictamente la constitución, los que no fueron engatusados por los embelecos de la "voz del pueblo" y han defendido los derechos de la ciudadanía; es decir, los políticos que firmaron el pacto antiterrorista así como la Ley de Partidos, y no los que se opusieron a ambas cosas, los jueces como Garzón o Grande-Marlaska, y no los que les acusan de intransigencia derechista, los periodistas que tuvieron que irse de Euskadi porque no les dejaban vivir, y no los que se quedaron haciéndose los valientes porque criticaban a la Guardia Civil, quienes salieron a la calle para defender el Estatuto vasco y la Constitución, pero no quienes los denunciaron por crispar a la sociedad, etc. A cada cual lo suyo. Que ahora no se pongan medallas quienes nada han hecho en serio contra ETA: si fuera por ellos, ETA hubiera dejado las armas mucho antes, desde luego, pero por haber ganado ya la partida y no por haberla perdido, como ahora.
En segundo lugar, ETA y los nacionalistas que la apoyan (y que se apoyan en ella, no lo olvidemos) pretenden que, ya que acaba la violencia, acabe o quede entre paréntesis también todo lo demás. Mañana en Euskadi no habrá terrorismo; por tanto, admitamos que no hay tampoco instituciones democráticas, leyes ni Constitución española. Hasta nueva orden, todo debe quedar entre paréntesis. Partamos de cero, olvidemos el pasado (sobre todo los crímenes, que suelen tener desagradables secuelas penales) y convoquemos mesas de partidos o de sectas, asambleas de barrio, lo que sea con tal de dar voz en pie de igualdad a quienes han asesinado y a quienes han resistido. Hagamos un referéndum preguntando a la gente con discreción si quieren que vuelvan los de la partida de la porra con la porra en alto o se resignarán mejor a verlos en las instituciones públicas tratados como a próceres. ¿Encarcelar a Otegi o a gente de su bando? ¡Por favor, las circunstancias han cambiado, que se lo piensen los fiscales! Si Al Capone jura que su banda no asaltará más bancos, sería de mal gusto pasarnos la vida recordándole los que ya asaltó. Estamos en la última fase de la imposición mafiosa: ETA extorsiona a empresarios y a eso se le llama "impuesto revolucionario"; ahora, en nombre de la ETA ya caduca, Batasuna y tantos otros nacionalistas tratan de extorsionar al Estado de Derecho, y para llamar a eso tienen otro eufemismo: "diálogo". No deja de asombrar la naturalidad con que hoy todos los medios de comunicación asumen tranquilamente que, claro, Batasuna es el brazo político de ETA. Ayer, decir eso mismo o defender la ilegalización de Batasuna era como ser compañero de armas del general Mola y de Tejero. ¿Cuánto tardaremos en asumir que los nacionalistas, con Ibarretxe a la cabeza, al exigir la supresión de la Ley de Partidos, la mesa petitoria al margen del Parlamento, el referéndum, etc., están solicitando para ETA las concesiones estrictamente políticas que el Gobierno se ha comprometido a No hacer y que la mínima decencia política prohíbe? O sea, que cierto nacionalismo ni sabe ni quiere desligarse de los fines de ETA, como tantas veces hemos dicho algunos despertando santas indignaciones..., y de sus métodos sólo se desligan ahora, cuando ya no dan los resultados apetecidos. Pues bien: no. Ahora es el momento de la firmeza y de la unidad constitucional. Sólo faltaría que lo que hemos defendido ante las armas, lo cediésemos ante la palabrería de quienes no tienen más remedio que renunciar a ellas. Para la pregunta "¿qué se debe?" no hay más que una respuesta: nada de nada de nada. Y el resto, que lo pidan por favor.
LA BANDA NO ENTREGA LAS ARMAS
ABC, 23 de marzo de 2006
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN
LA BANDA NO ENTREGA LAS ARMAS
Como pasa siempre con lo comunicados de ETA, lo mejor es cogerlos con pinzas -y otra en la nariz- y leerlos con la firme intención de no dejarse secuestrar por el síndrome de Estocolmo. En este caso quizá sea más aconsejable todavía, porque al fin y al cabo la banda aprovecha su postración operativa y desgracia social para presentar como un regalo generoso lo que, desde hace ya mil días, es solamente una situación de hecho. Pretenden perdonarnos la vida cuando resulta que no están en condiciones de cobrarse una vida más... y sobrevivir al crimen. Tenemos una banda declinante, con todas las luces de alarma encendidas (políticas, sociales, policiales, internacionales) excepto, quizá, las del propio fanatismo e innegable habilidad para enredar a sus enemigos en estólidas especulaciones sobre la presumible traición del vecino. Una banda sumida en un proceso de reconversión por la fuerza que le resultaría mucho más difícil y costoso, quizás imposible, si no existiera el abismo que separa, tan irracionalmente en este asunto, a Gobierno de oposición, al PSOE del PP. Esto último es, me parece, lo primero que hay que recordar ahora para extraer el corolario inevitable: el presidente Rodríguez Zapatero debe convocar cuanto antes el Pacto Antiterrorista, y el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo de auténtica política de Estado. Nos jugamos dos finales muy distintos. En uno, con acuerdo constitucional, la democracia se impone al terrorismo y éste acaba desinflándose hasta extinguirse. Hay vencedores y vencidos, y son los que deben ser. Sin ensañamiento, pero sin injusticia. En el otro, sin acuerdo constitucional, ETA se transforma en un agente tutelar de lo que cínicamente llama «proceso democrático», consiguiendo consolidar su papel de mafia armada que quizá no mate directamente, pero que amenaza, extorsiona y distorsiona absolutamente todo. Al primer final de ETA podemos llamarlo -es idea de un amigo concejal socialista- «la paz de Marlaska», en homenaje a este juez que no ha cedido ante el intento de someter el poder judicial a las conveniencias de partido. El segundo final es, obviamente, «la paz de Azkoitia». De momento, es posible acabar con ETA sin pagar contrapartidas políticas -es contraproducente empeñarse en que el Gobierno ya ha pagado aduciendo el insustancial ejemplo de las nekanes seudocomunistas-, y mucho más gracias al juez Grande-Marlaska y otros como él que a ciertos altos funcionarios del Ministerio Público. Sin duda. Por fortuna, el Estado es mucho más que el Gobierno y su mayoría parlamentaria, aunque algunos lo olviden todos los días en su empeño por enterrar otra vez a Montesquieu. Lo que ETA pretende con su comunicado es bastante obvio: extender la paz de Azkoitia y convertirla en el sistema del futuro. Contra el empeño de los fetichistas, la banda no utiliza la palabra «tregua». Por una vez voy a citarme, porque he insistido mucho en que ETA no podía de ningún modo volver a declarar una tregua, temporal por definición y por tanto necesitada de vuelta al estado previo, sino en todo caso un abandono de la violencia o «alto el fuego», y así ha sido. Ahora bien, y el matiz es importante, es un alto el fuego permanente, no definitivo. Lo que significa que ETA se reserva un papel tutelar de matón armado a la expectativa, y sin intención de entregar las armas aunque tampoco de usarlas, un matón cuya sola presencia, y por el conocimiento público de que sigue acumulando explosivos y organizando comandos, baste para condicionar de modo preventivo lo que suceda en el escenario político. El resto del comunicado es menos relevante: contiene las condiciones políticas habituales, la autodeterminación camuflada bajo el eufemismo de «consulta popular» vinculante para España y Francia. El aire irlandés del texto, que evidentemente imita -¿la asesoría de Alec Reid?- la retórica del IRA, más bien parece un recurso destinado a sorprender y camelar a incautos y cómplices disimulados. Convendría, por tanto, no dejarse distraer de lo fundamental y empujar al PSOE y el PP a ponerse de acuerdo. Aunque no quieran.
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN
LA BANDA NO ENTREGA LAS ARMAS
Como pasa siempre con lo comunicados de ETA, lo mejor es cogerlos con pinzas -y otra en la nariz- y leerlos con la firme intención de no dejarse secuestrar por el síndrome de Estocolmo. En este caso quizá sea más aconsejable todavía, porque al fin y al cabo la banda aprovecha su postración operativa y desgracia social para presentar como un regalo generoso lo que, desde hace ya mil días, es solamente una situación de hecho. Pretenden perdonarnos la vida cuando resulta que no están en condiciones de cobrarse una vida más... y sobrevivir al crimen. Tenemos una banda declinante, con todas las luces de alarma encendidas (políticas, sociales, policiales, internacionales) excepto, quizá, las del propio fanatismo e innegable habilidad para enredar a sus enemigos en estólidas especulaciones sobre la presumible traición del vecino. Una banda sumida en un proceso de reconversión por la fuerza que le resultaría mucho más difícil y costoso, quizás imposible, si no existiera el abismo que separa, tan irracionalmente en este asunto, a Gobierno de oposición, al PSOE del PP. Esto último es, me parece, lo primero que hay que recordar ahora para extraer el corolario inevitable: el presidente Rodríguez Zapatero debe convocar cuanto antes el Pacto Antiterrorista, y el PSOE y el PP deben llegar a un acuerdo de auténtica política de Estado. Nos jugamos dos finales muy distintos. En uno, con acuerdo constitucional, la democracia se impone al terrorismo y éste acaba desinflándose hasta extinguirse. Hay vencedores y vencidos, y son los que deben ser. Sin ensañamiento, pero sin injusticia. En el otro, sin acuerdo constitucional, ETA se transforma en un agente tutelar de lo que cínicamente llama «proceso democrático», consiguiendo consolidar su papel de mafia armada que quizá no mate directamente, pero que amenaza, extorsiona y distorsiona absolutamente todo. Al primer final de ETA podemos llamarlo -es idea de un amigo concejal socialista- «la paz de Marlaska», en homenaje a este juez que no ha cedido ante el intento de someter el poder judicial a las conveniencias de partido. El segundo final es, obviamente, «la paz de Azkoitia». De momento, es posible acabar con ETA sin pagar contrapartidas políticas -es contraproducente empeñarse en que el Gobierno ya ha pagado aduciendo el insustancial ejemplo de las nekanes seudocomunistas-, y mucho más gracias al juez Grande-Marlaska y otros como él que a ciertos altos funcionarios del Ministerio Público. Sin duda. Por fortuna, el Estado es mucho más que el Gobierno y su mayoría parlamentaria, aunque algunos lo olviden todos los días en su empeño por enterrar otra vez a Montesquieu. Lo que ETA pretende con su comunicado es bastante obvio: extender la paz de Azkoitia y convertirla en el sistema del futuro. Contra el empeño de los fetichistas, la banda no utiliza la palabra «tregua». Por una vez voy a citarme, porque he insistido mucho en que ETA no podía de ningún modo volver a declarar una tregua, temporal por definición y por tanto necesitada de vuelta al estado previo, sino en todo caso un abandono de la violencia o «alto el fuego», y así ha sido. Ahora bien, y el matiz es importante, es un alto el fuego permanente, no definitivo. Lo que significa que ETA se reserva un papel tutelar de matón armado a la expectativa, y sin intención de entregar las armas aunque tampoco de usarlas, un matón cuya sola presencia, y por el conocimiento público de que sigue acumulando explosivos y organizando comandos, baste para condicionar de modo preventivo lo que suceda en el escenario político. El resto del comunicado es menos relevante: contiene las condiciones políticas habituales, la autodeterminación camuflada bajo el eufemismo de «consulta popular» vinculante para España y Francia. El aire irlandés del texto, que evidentemente imita -¿la asesoría de Alec Reid?- la retórica del IRA, más bien parece un recurso destinado a sorprender y camelar a incautos y cómplices disimulados. Convendría, por tanto, no dejarse distraer de lo fundamental y empujar al PSOE y el PP a ponerse de acuerdo. Aunque no quieran.
Una paz sin pelotazos políticos
EL PAIS 23/03/06
"A los agentes políticos les corresponde cerciorarse de que ETA pone en marcha un proceso de paz y no un proceso para conseguir sus objetivos políticos de otra manera. "
DANIEL INNERARITY
Una paz sin pelotazos políticos
Si es ilegítimo el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos, también lo debe ser pretenderlos a través de su cese. No tendría ningún sentido que la voluntad de la sociedad fuera forzada ahora de otra manera, por ejemplo, con la amenaza implícita de quienes sólo habrían abandonado el uso explícito de la violencia pero continuaran ejerciendo una tutela sobre la sociedad, o con el oportunismo de quien espera alguna ganancia que no podría conseguir mediante procedimientos estrictamente democráticos.
Me parece que es oportuno recordar estas cosas a las puertas de un proceso de paz, porque son tantas las ganas de acabar con la violencia que podríamos estar poco sensibilizados hacia otras formas de imposición más sutiles pero igualmente inaceptables. Las circunstancias que acompañan al abandono de la violencia, el conjunto de expectativas que suscita, las nuevas posibilidades que ofrece, hacen que el proceso que se abre tras el final de la violencia sea un momento especialmente abierto, delicado y confuso, que debe abordarse sin olvidar aquellos mismos principios que sostuvieron el combate de la sociedad contra el chantaje terrorista. Los cambios de función generan siempre un desconcierto que induce al ventajismo en todos los actores políticos. Son momentos propicios para el "pelotazo" político, que consistiría en obtener algún beneficio que sería impensable en otras circunstancias. El terrorismo lo emponzoña todo, hasta el punto de que incluso el momento de su desaparición ofrece posibilidades para alterar lo que sería una confrontación política normalizada. Si hay quien parasita del terrorismo y hasta del antiterrorismo, tampoco faltan quienes esperan de su desaparición lo que no podrían conseguir en un contexto de violencia expresa. Y ya se sabe que en materia de tentaciones los seres humanos, también incluso los políticos, suelen ser especialmente imaginativos.
Los primeros aspirantes a beneficiarios del cese de la violencia son quienes la han practicado pero no terminan de aceptar algo elemental: que el final de la violencia es también el final de la coacción que supondría la amenaza de volver si lo acordado por los agentes políticos no coincide con lo pretendido por la organización terrorista. Un proceso de paz que no hiciera valer desde el principio la libertad frente a dicha tutela arrojaría siempre una sospecha de ilegitimidad sobre sus resultados. A los agentes políticos les corresponde cerciorarse de que ETA pone en marcha un proceso de paz y no un proceso para conseguir sus objetivos políticos de otra manera.
Las posibilidades de alterar en beneficio propio el proceso de paz son también una tentación para el nacionalismo en su conjunto, aunque sólo sea por el simple hecho de que no es previsible que, en las actuales circunstancias, una revisión del autogobierno tuviera como resultado su detrimento. Por eso es necesario que las eventuales reformas del marco jurídico-político no sean condicionadas, ni puedan ser siquiera consideradas como consecuencia de la amenaza de ETA. Sería democráticamente inaceptable que algo tan deseable como el avance en el autogobierno pudiera atribuirse a la presión de una amenaza violenta o incluso al deseo de ponerle punto final. Una falta de legitimidad que abriría nueva herida donde quería cerrarse otra.
Pero no acaba aquí el repertorio de la oportunidad que puede transformarse en oportunismo. Otra ganancia inconfesable que cabe conseguir en medio de este delicado proceso atañe a las expectativas de la oposición, que podría ejercer sobre el Gobierno una presión incomparable a cualquier otra en condiciones de una confrontación democrática normal. Puede resultar una perspectiva irresistible pero tiene el inconveniente de que, si fracasa, se llevará consigo por mucho tiempo todas las posibilidades de conquistar el poder mediante los procedimientos habituales; pero si tiene éxito, sería aún peor a efectos de legitimidad democrática. Si es malo servirse de la paz, todavía es peor beneficiarse de lo contrario, de que la paz se haya truncado.
Una última manera de aprovecharse ilegítimamente del proceso de paz puede embaucar a quienes han de gestionarlo directamente. Es cierto que la sociedad reconocerá y premiará a quien lo conduzca con acierto, pero también lo es que se trata de asunto de tal complejidad que nadie puede dirigirlo en exclusiva. Quien pretenda el protagonismo absoluto ha de saber que se cierra el paso a compartir los riesgos y las responsabilidades. El liderazgo de un asunto tan complejo pone a prueba la capacidad para implicar a otros y movilizar a los diversos actores en favor del resultado final. Para dificultar el paso a los ventajismos que pondrían en peligro una paz verdaderamente democrática, no veo otra solución que distinguir bien las "dos mesas" e impedir que se mezcle la resolución del conflicto violento con la discusión acerca de las cuestiones políticas. Y probablemente forme parte de esa diferenciación una cierta separación también en el tiempo. Se trataría de que la primera cuestión estuviera encauzada para poder dar lugar a la segunda con todas las garantías de legitimidad democrática. Pero esa segunda discusión no debería ser dilatada excesivamente, lo que generaría una nueva sospecha de ilegitimidad: que la violencia (en este caso, la violencia "reciente") sirviera entonces de excusa para retrasar arbitrariamente una revisión del autogobierno a la que la sociedad vasca tiene también derecho frente a los monopolizadores de su voluntad.
"A los agentes políticos les corresponde cerciorarse de que ETA pone en marcha un proceso de paz y no un proceso para conseguir sus objetivos políticos de otra manera. "
DANIEL INNERARITY
Una paz sin pelotazos políticos
Si es ilegítimo el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos, también lo debe ser pretenderlos a través de su cese. No tendría ningún sentido que la voluntad de la sociedad fuera forzada ahora de otra manera, por ejemplo, con la amenaza implícita de quienes sólo habrían abandonado el uso explícito de la violencia pero continuaran ejerciendo una tutela sobre la sociedad, o con el oportunismo de quien espera alguna ganancia que no podría conseguir mediante procedimientos estrictamente democráticos.
Me parece que es oportuno recordar estas cosas a las puertas de un proceso de paz, porque son tantas las ganas de acabar con la violencia que podríamos estar poco sensibilizados hacia otras formas de imposición más sutiles pero igualmente inaceptables. Las circunstancias que acompañan al abandono de la violencia, el conjunto de expectativas que suscita, las nuevas posibilidades que ofrece, hacen que el proceso que se abre tras el final de la violencia sea un momento especialmente abierto, delicado y confuso, que debe abordarse sin olvidar aquellos mismos principios que sostuvieron el combate de la sociedad contra el chantaje terrorista. Los cambios de función generan siempre un desconcierto que induce al ventajismo en todos los actores políticos. Son momentos propicios para el "pelotazo" político, que consistiría en obtener algún beneficio que sería impensable en otras circunstancias. El terrorismo lo emponzoña todo, hasta el punto de que incluso el momento de su desaparición ofrece posibilidades para alterar lo que sería una confrontación política normalizada. Si hay quien parasita del terrorismo y hasta del antiterrorismo, tampoco faltan quienes esperan de su desaparición lo que no podrían conseguir en un contexto de violencia expresa. Y ya se sabe que en materia de tentaciones los seres humanos, también incluso los políticos, suelen ser especialmente imaginativos.
Los primeros aspirantes a beneficiarios del cese de la violencia son quienes la han practicado pero no terminan de aceptar algo elemental: que el final de la violencia es también el final de la coacción que supondría la amenaza de volver si lo acordado por los agentes políticos no coincide con lo pretendido por la organización terrorista. Un proceso de paz que no hiciera valer desde el principio la libertad frente a dicha tutela arrojaría siempre una sospecha de ilegitimidad sobre sus resultados. A los agentes políticos les corresponde cerciorarse de que ETA pone en marcha un proceso de paz y no un proceso para conseguir sus objetivos políticos de otra manera.
Las posibilidades de alterar en beneficio propio el proceso de paz son también una tentación para el nacionalismo en su conjunto, aunque sólo sea por el simple hecho de que no es previsible que, en las actuales circunstancias, una revisión del autogobierno tuviera como resultado su detrimento. Por eso es necesario que las eventuales reformas del marco jurídico-político no sean condicionadas, ni puedan ser siquiera consideradas como consecuencia de la amenaza de ETA. Sería democráticamente inaceptable que algo tan deseable como el avance en el autogobierno pudiera atribuirse a la presión de una amenaza violenta o incluso al deseo de ponerle punto final. Una falta de legitimidad que abriría nueva herida donde quería cerrarse otra.
Pero no acaba aquí el repertorio de la oportunidad que puede transformarse en oportunismo. Otra ganancia inconfesable que cabe conseguir en medio de este delicado proceso atañe a las expectativas de la oposición, que podría ejercer sobre el Gobierno una presión incomparable a cualquier otra en condiciones de una confrontación democrática normal. Puede resultar una perspectiva irresistible pero tiene el inconveniente de que, si fracasa, se llevará consigo por mucho tiempo todas las posibilidades de conquistar el poder mediante los procedimientos habituales; pero si tiene éxito, sería aún peor a efectos de legitimidad democrática. Si es malo servirse de la paz, todavía es peor beneficiarse de lo contrario, de que la paz se haya truncado.
Una última manera de aprovecharse ilegítimamente del proceso de paz puede embaucar a quienes han de gestionarlo directamente. Es cierto que la sociedad reconocerá y premiará a quien lo conduzca con acierto, pero también lo es que se trata de asunto de tal complejidad que nadie puede dirigirlo en exclusiva. Quien pretenda el protagonismo absoluto ha de saber que se cierra el paso a compartir los riesgos y las responsabilidades. El liderazgo de un asunto tan complejo pone a prueba la capacidad para implicar a otros y movilizar a los diversos actores en favor del resultado final. Para dificultar el paso a los ventajismos que pondrían en peligro una paz verdaderamente democrática, no veo otra solución que distinguir bien las "dos mesas" e impedir que se mezcle la resolución del conflicto violento con la discusión acerca de las cuestiones políticas. Y probablemente forme parte de esa diferenciación una cierta separación también en el tiempo. Se trataría de que la primera cuestión estuviera encauzada para poder dar lugar a la segunda con todas las garantías de legitimidad democrática. Pero esa segunda discusión no debería ser dilatada excesivamente, lo que generaría una nueva sospecha de ilegitimidad: que la violencia (en este caso, la violencia "reciente") sirviera entonces de excusa para retrasar arbitrariamente una revisión del autogobierno a la que la sociedad vasca tiene también derecho frente a los monopolizadores de su voluntad.
Una buena noticia
EXPANSIÓN 23/03/06
Emilio Lamo de Espinosa
Una buena noticia
Todo Estado se basa en la fuerza, dijo Trotsky con motivo del Tratado de Brest-Litovsk. Y esto es efectivamente así, replicaba Max Weber poco después. Pues el Estado –continúa Weber– es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio... reclama para así, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. No hay, pues, Estado, democrático o no, si éste no es capaz de obtener el monopolio del uso legítimo de la violencia, de garantizar que él, y sólo él, está autorizado a utilizar métodos violentos. Es más, éste es propiamente el criterio o test de un verdadero Estado.En ese sentido literal y duro, al Estado democrático que emergió tras la muerte del General Franco, y se plasmó en la Constitución de 1978, le faltaba algo importante. Pues la organización terrorista ETA no sólo utilizaba sistemáticamente la violencia en el territorio de ese Estado, amenazando, coaccionando, robando y, por supuesto, asesinando. Lo que es peor: contaba con la legitimidad que le daban los votos reiterados de ciudadanos que apoyaban, y apoyan, a Herri Batasuna, apoyo a su vez de ETA. Y así, entre un mínimo de 100.000 y hasta casi 200.000 vascos (en 1986) han venido otorgando legitimidad a los asesinatos de ETA, en una elección tras otra, y haciendo gala de una terrible enfermedad moral. Hasta el 17% de los vascos consideraba, en los años 70, que los chicos de ETA eran “patriotas”. Incluso en los años 80, en plena democracia, sólo entre un 20% y un 30% de los vascos manifestaba su rechazo total a ETA, y hasta un 8% les daba “apoyo total”. ETA ha sido (y aún es) el principal problema de la España moderna. Y por ello, las noticias sobre ETA son las únicas noticias sobre España que se escuchan en el mundo entero.Pero no es lo mismo luchar contra el franquismo que contra modernas máquinas burocráticas apoyadas en alta tecnología. ETA era prácticamente imbatible mientras luchaba contra un Estado franquista, al tiempo, ineficiente e ilegítimo. Empezó a tener dificultades al enfrentarse contra fuerzas de policía y seguridad crecientemente legítimas y crecientemente apoyadas por la población. En los años 90, el rechazo total a ETA era ya superior al 50%. Los últimos años superaba el 60%, con menos de un 1% de apoyo total. A finales de los años 70, poco más del 10% de los vascos pensaba que los miembros de ETA eran locos o terroristas. Pero, para el año 2000, la cifra era superior al 40% , y otro 13% los consideraba asesinos. La crisis de legitimidad de ETA ha sido brutal. Bastó que Aznar se decidiera a utilizar todos los recursos del Estado de Derecho contra ETA (eso sí, todos, y no sólo los estrictamente policiales), para que ETA empezara a contar sus horas. El error del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco puso a la organización contra las cuerdas y el 11-M arrasó la posibilidad de violencia indiscriminada, al menos durante bastante tiempo.Lo que ha agotado a ETA ha sido la doble pinza de un Estado dispuesto a utilizar todos sus recursos y una población que, día a día, percibe la inanidad de sus demandas. Y no deja de ser una malvada ironía que los frutos de la política de firmeza de Aznar los vaya a recoger quien, sin piedad alguna, acabó con su legado.¿A qué precio? ¿Se ha pagado por ello? No lo sabemos, y, por lo tanto, toda especulación es ociosa. ¿Es pura casualidad que la tregua se anuncia sólo 24 horas después de la aprobación del Estatuto de Cataluña? Puede que, tras la buena noticia de hoy, vengan las malas informando que sí, que, como nos tememos, se ha pagado o se pretende pagar. Eso sería muy negativo. Pues lo que está claro es que España no está en guerra con ETA, y esto no es ningún proceso de “paz”; que los terroristas no deben obtener rentabilidad alguna de sus asesinatos; y que, por mucho que el bien común pueda aconsejar generosidad con los presos, tampoco tenemos derecho a pagar con justicia ajena, y menos a quien no sólo no se arrepiente, sino que alardea de ello.Por ello, hoy es más urgente que nunca revivir el pacto antiterrorista, y sería sumamente irresponsable avanzar ni un paso más en negociación alguna sin contar con la oposición. Y hoy, igual que ayer, la responsabilidad de que eso ocurra la tiene quien tiene la responsabilidad política en España: el presidente Zapatero.
Emilio Lamo de Espinosa
Una buena noticia
Todo Estado se basa en la fuerza, dijo Trotsky con motivo del Tratado de Brest-Litovsk. Y esto es efectivamente así, replicaba Max Weber poco después. Pues el Estado –continúa Weber– es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio... reclama para así, con éxito, el monopolio de la coacción física legítima. No hay, pues, Estado, democrático o no, si éste no es capaz de obtener el monopolio del uso legítimo de la violencia, de garantizar que él, y sólo él, está autorizado a utilizar métodos violentos. Es más, éste es propiamente el criterio o test de un verdadero Estado.En ese sentido literal y duro, al Estado democrático que emergió tras la muerte del General Franco, y se plasmó en la Constitución de 1978, le faltaba algo importante. Pues la organización terrorista ETA no sólo utilizaba sistemáticamente la violencia en el territorio de ese Estado, amenazando, coaccionando, robando y, por supuesto, asesinando. Lo que es peor: contaba con la legitimidad que le daban los votos reiterados de ciudadanos que apoyaban, y apoyan, a Herri Batasuna, apoyo a su vez de ETA. Y así, entre un mínimo de 100.000 y hasta casi 200.000 vascos (en 1986) han venido otorgando legitimidad a los asesinatos de ETA, en una elección tras otra, y haciendo gala de una terrible enfermedad moral. Hasta el 17% de los vascos consideraba, en los años 70, que los chicos de ETA eran “patriotas”. Incluso en los años 80, en plena democracia, sólo entre un 20% y un 30% de los vascos manifestaba su rechazo total a ETA, y hasta un 8% les daba “apoyo total”. ETA ha sido (y aún es) el principal problema de la España moderna. Y por ello, las noticias sobre ETA son las únicas noticias sobre España que se escuchan en el mundo entero.Pero no es lo mismo luchar contra el franquismo que contra modernas máquinas burocráticas apoyadas en alta tecnología. ETA era prácticamente imbatible mientras luchaba contra un Estado franquista, al tiempo, ineficiente e ilegítimo. Empezó a tener dificultades al enfrentarse contra fuerzas de policía y seguridad crecientemente legítimas y crecientemente apoyadas por la población. En los años 90, el rechazo total a ETA era ya superior al 50%. Los últimos años superaba el 60%, con menos de un 1% de apoyo total. A finales de los años 70, poco más del 10% de los vascos pensaba que los miembros de ETA eran locos o terroristas. Pero, para el año 2000, la cifra era superior al 40% , y otro 13% los consideraba asesinos. La crisis de legitimidad de ETA ha sido brutal. Bastó que Aznar se decidiera a utilizar todos los recursos del Estado de Derecho contra ETA (eso sí, todos, y no sólo los estrictamente policiales), para que ETA empezara a contar sus horas. El error del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco puso a la organización contra las cuerdas y el 11-M arrasó la posibilidad de violencia indiscriminada, al menos durante bastante tiempo.Lo que ha agotado a ETA ha sido la doble pinza de un Estado dispuesto a utilizar todos sus recursos y una población que, día a día, percibe la inanidad de sus demandas. Y no deja de ser una malvada ironía que los frutos de la política de firmeza de Aznar los vaya a recoger quien, sin piedad alguna, acabó con su legado.¿A qué precio? ¿Se ha pagado por ello? No lo sabemos, y, por lo tanto, toda especulación es ociosa. ¿Es pura casualidad que la tregua se anuncia sólo 24 horas después de la aprobación del Estatuto de Cataluña? Puede que, tras la buena noticia de hoy, vengan las malas informando que sí, que, como nos tememos, se ha pagado o se pretende pagar. Eso sería muy negativo. Pues lo que está claro es que España no está en guerra con ETA, y esto no es ningún proceso de “paz”; que los terroristas no deben obtener rentabilidad alguna de sus asesinatos; y que, por mucho que el bien común pueda aconsejar generosidad con los presos, tampoco tenemos derecho a pagar con justicia ajena, y menos a quien no sólo no se arrepiente, sino que alardea de ello.Por ello, hoy es más urgente que nunca revivir el pacto antiterrorista, y sería sumamente irresponsable avanzar ni un paso más en negociación alguna sin contar con la oposición. Y hoy, igual que ayer, la responsabilidad de que eso ocurra la tiene quien tiene la responsabilidad política en España: el presidente Zapatero.
viernes, 17 de marzo de 2006
Rosa Díez, represaliada por el PSOE en Bruselas
¡Basta Ya! 17/03/06
Rosa Díez, represaliada por el PSOE en Bruselas
La dirección del grupo socialista en el Parlamento Europeo aprovechó la presencia en Bruselas del Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y la ausencia por enfermedad de la eurodiputada socialista Rosa Díez para imponerle, sin ninguna consulta con la interesada, la salida de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y el pase a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En una escueta carta remitida a la eurodiputada por Enrique Barón, actualmente presidente de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, la dirección del PSOE en Bruselas le ordena su pase a la Jurídica y le comunica que en Libertades ha sido sustituida por el Diputado asturiano Antonio Masip Hidalgo. También le informa que de esa decisión se ha dado cuenta al Grupo Socialista en Madrid y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Rosa Díez encabezó la lista socialista al Parlamento Europeo en las elecciones del año 1999, consiguiendo 7.477.823 votos y 24 diputados. En la última legislatura ocupó el segundo puesto de la candidatura, encabezada por Joseph Borrell; en esta ocasión la candidatura consiguió 6.621.570 votos y 25 diputados, aunque superó a la candidatura del PP. En 1999 el PSOE estaba en la oposición y en el 2004 acababa de ganar las elecciones.
Rosa Díez pidió en esta legislatura ocuparse del trabajo en la comisión de Libertades, encargada de los asuntos de terrorismo, incluyendo la legislación europea al respecto y las recomendaciones a los Estados miembros. Entre los mayores éxitos de esta comisión están la aprobación de la Orden de Busca y Captura, y la Definición Comun de los delitos de Terrorismo, así como recomendación de que se armonicen de las legislaciones europeas para que los delitos de terrorismo no prescriban en los Estados de la Unión.
En estrecho contacto con el Ministerio de Interior, y consiguiendo acuerdos con los grupos Popular y Liberal del Parlamento Europeo, Rosa Díez ha sido la ponente de la comisión encargada de redactar el informe que ha propuesto nuevas medidas europeas en la lucha contra el terrorismo. El informe redactado por esta comisión vio rechazado en el pleno, con los votos socialistas, la propuesta de instar al Tribunal Penal Internacional que estudie su competencia sobre determinados delitos de terrorismo por su carácter de crímenes contra la humanidad, pero consiguió la aprobación de una recomendación para que los Estados miembros modifiquen sus legislaciones penales y estos crímenes sean declarados imprescriptibles. También ha logrado la aprobación de las propuestas de seguridad contra el terrorismo defendidas por los gobiernos de España y Reino Unido tras los atentados islamistas de Madrid y Londres, entre las que destacan la retención de datos de llamadas telefónicas por Internet, con tarjeta pre-pago, y las llamadas perdidas.
Sin embargo, en los últimos tiempos la postura de Rosa Díez parece estorbar a un PSOE que desea preservar un margen de maniobra mucho mayor para los gobiernos en el caso de negociaciones con organizaciones terroristas, obviamente dificultadas por la línea dura de legislación antiterrorista europea impulsada hasta ahora por la Comisión de Libertades Civiles.
Esta falta de sintonía puede explicar las maniobras contra ella registradas en el interior de su partido. Rosa Díez en los últimos años se ha destacado por su postura independiente y crítica hacia diversas iniciativas políticas de su partido y del gobierno socialista, como el acercamiento a los nacionalistas, la ruptura con el PP y la congelación del Pacto por las Libertades en política antiterrorista, o los conflictos con los colectivos de víctimas. Ha publicado en diversos periódicos numerosos artículos en este sentido, recibiendo por ello las críticas del aparato de dirección del partido.
El cambio de dedicación que le impone la dirección del PSOE es, sin duda alguna, una represalia por su postura independiente y crítica con algunos de los giros gubernamentales en la lucha contra ETA, y en general contra la complicidad con los nacionalistas vascos y catalanes. Rosa Díez apoyó al también defenestrado Nicolás Redondo Terreros cuando la crisis del PSE tras las elecciones vascas del 2001, y es miembro activo de Basta Ya. Esta historia es otra muestra elocuente de la conversión de los grandes partidos políticos en organizaciones monolíticas que no admiten el disenso ni la crítica, que se mueven por consignas en lugar de con argumentos, y que practican internamente métodos autoritarios de exclusión y represalia difícilmente compatibles con las normas elementales de la democracia, basada en la deliberación y contraste de ideas, y en los derechos inalienables de las personas frente a los supuestos derechos colectivos.
Rosa Díez, represaliada por el PSOE en Bruselas
La dirección del grupo socialista en el Parlamento Europeo aprovechó la presencia en Bruselas del Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y la ausencia por enfermedad de la eurodiputada socialista Rosa Díez para imponerle, sin ninguna consulta con la interesada, la salida de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y el pase a la Comisión de Asuntos Jurídicos.
En una escueta carta remitida a la eurodiputada por Enrique Barón, actualmente presidente de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, la dirección del PSOE en Bruselas le ordena su pase a la Jurídica y le comunica que en Libertades ha sido sustituida por el Diputado asturiano Antonio Masip Hidalgo. También le informa que de esa decisión se ha dado cuenta al Grupo Socialista en Madrid y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Rosa Díez encabezó la lista socialista al Parlamento Europeo en las elecciones del año 1999, consiguiendo 7.477.823 votos y 24 diputados. En la última legislatura ocupó el segundo puesto de la candidatura, encabezada por Joseph Borrell; en esta ocasión la candidatura consiguió 6.621.570 votos y 25 diputados, aunque superó a la candidatura del PP. En 1999 el PSOE estaba en la oposición y en el 2004 acababa de ganar las elecciones.
Rosa Díez pidió en esta legislatura ocuparse del trabajo en la comisión de Libertades, encargada de los asuntos de terrorismo, incluyendo la legislación europea al respecto y las recomendaciones a los Estados miembros. Entre los mayores éxitos de esta comisión están la aprobación de la Orden de Busca y Captura, y la Definición Comun de los delitos de Terrorismo, así como recomendación de que se armonicen de las legislaciones europeas para que los delitos de terrorismo no prescriban en los Estados de la Unión.
En estrecho contacto con el Ministerio de Interior, y consiguiendo acuerdos con los grupos Popular y Liberal del Parlamento Europeo, Rosa Díez ha sido la ponente de la comisión encargada de redactar el informe que ha propuesto nuevas medidas europeas en la lucha contra el terrorismo. El informe redactado por esta comisión vio rechazado en el pleno, con los votos socialistas, la propuesta de instar al Tribunal Penal Internacional que estudie su competencia sobre determinados delitos de terrorismo por su carácter de crímenes contra la humanidad, pero consiguió la aprobación de una recomendación para que los Estados miembros modifiquen sus legislaciones penales y estos crímenes sean declarados imprescriptibles. También ha logrado la aprobación de las propuestas de seguridad contra el terrorismo defendidas por los gobiernos de España y Reino Unido tras los atentados islamistas de Madrid y Londres, entre las que destacan la retención de datos de llamadas telefónicas por Internet, con tarjeta pre-pago, y las llamadas perdidas.
Sin embargo, en los últimos tiempos la postura de Rosa Díez parece estorbar a un PSOE que desea preservar un margen de maniobra mucho mayor para los gobiernos en el caso de negociaciones con organizaciones terroristas, obviamente dificultadas por la línea dura de legislación antiterrorista europea impulsada hasta ahora por la Comisión de Libertades Civiles.
Esta falta de sintonía puede explicar las maniobras contra ella registradas en el interior de su partido. Rosa Díez en los últimos años se ha destacado por su postura independiente y crítica hacia diversas iniciativas políticas de su partido y del gobierno socialista, como el acercamiento a los nacionalistas, la ruptura con el PP y la congelación del Pacto por las Libertades en política antiterrorista, o los conflictos con los colectivos de víctimas. Ha publicado en diversos periódicos numerosos artículos en este sentido, recibiendo por ello las críticas del aparato de dirección del partido.
El cambio de dedicación que le impone la dirección del PSOE es, sin duda alguna, una represalia por su postura independiente y crítica con algunos de los giros gubernamentales en la lucha contra ETA, y en general contra la complicidad con los nacionalistas vascos y catalanes. Rosa Díez apoyó al también defenestrado Nicolás Redondo Terreros cuando la crisis del PSE tras las elecciones vascas del 2001, y es miembro activo de Basta Ya. Esta historia es otra muestra elocuente de la conversión de los grandes partidos políticos en organizaciones monolíticas que no admiten el disenso ni la crítica, que se mueven por consignas en lugar de con argumentos, y que practican internamente métodos autoritarios de exclusión y represalia difícilmente compatibles con las normas elementales de la democracia, basada en la deliberación y contraste de ideas, y en los derechos inalienables de las personas frente a los supuestos derechos colectivos.
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